Una Estrategia para Crear
Nuevos Beneficiarios del Comerico Mundial

David Barkin
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México
barkin@correo.xoc.uam.mx

RESUMEN
El comercio internacional es un proceso discriminatorio, que acentúa la polarización dentro de y entre las naciones. Después de examinar la forma en la cual la integración en las Américas intensifica estos problemas, este artículo describe un marco alternativo para la inserción productiva de grupos importantes de comunidades en la economía global. La estrategia para el manejo sustentable de los recursos regionales busca, de manera explícita, superar la marginación rural, contribuyendo a reducir la fuerza de los agentes causales de los conflictos sociales. La estrategia incluye actividades para fortalecer tres columnas fundamentales: autonomía, autosuficiencia, y diversificación productiva. Entre las actividades incluidas en esas estrategias están el manejo del ecosistema, el incremento de la producción regional con respecto a las necesidades básicas y la diversificación productiva, creando oportunidades para la participación en el mercado mundial bajo condiciones más ventajosas.

1) Las dinámicas del comercio internacional y la integración económica
El comercio internacional es un mecanismo para el intercambio discriminatorio entre socios desiguales. Esta afirmación heterodoxa no es necesariamente la conclusión de un análisis marxista de a la economía global. Prebisch (1959) presentó un análisis persuasivo sobre el funcionamiento de la economía internacional hace casi medio siglo, mostrando evidencia de que la evolución de los precios en los mercados creaba una estructura envolvente de precios relativos que castigaba a países en el Sur, en comparación con sus socios comerciales más ricos. Sin detenernos en los detalles del análisis, basta señalar que Prebisch destaca una serie de factores importantes, inherentes al funcionamiento de la sociedad, para explicar los resultados cuantitativos que ofrece tanto en sus propios artículos como en los de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), donde él tuvo un liderazgo intelectual durante muchos años como Secretario Ejecutivo. Dentro de estos factores, él incluyó: 1) La evolución de las estructuras de mercado, que castigaron la menor elasticidad de la oferta de productos agrícolas y materias primas, cuya exportación era generalmente controlada por capital extranjero, en comparación con las mayores elasticidades de los bienes manufacturados en los países del norte; 2) tecnologías cambiantes y productividad creciente que causaba que los bienes manufacturados pudieran producirse con menos mano de obra y menores insumos de energía y materiales; 3) la operación de la Ley de Engel que establece que la demanda de necesidades básicas será mucho menos elástica en términos de los ingresos que la demanda de los productos manufacturados, y en especial de los servicios, exacerbando las tendencias desfavorables en la evolución de los precios, incluso si los mercados fueran perfectamente competitivos.

Aunque la economía como profesión ha dedicado esfuerzos considerables para desacreditar este análisis y, en general, el trabajo original en la CEPAL, muchos economistas encuentran que los países en desarrollo todavía enfrentan términos de intercambio desfavorables. De hecho, incluso ahora, cuando la plataforma de producción para la exportación se ha expandido en casi todos los países del tercer mundo, podría argüirse que los términos desfavorables son aún más presentes; ya no es simplemente una cuestión de la evolución de los precios de las materias primas y los bienes primarios. Ahora, conforme la maquila de bienes de consumo en el extranjero se expande rápidamente, creando nuevos grupos sociales dentro de la fuerza laboral, el deterioro general de los salarios reales acentúa el movimiento desfavorable en los términos comerciales, presionando que las naciones adopten programas de devaluaciones y reducciones en el salario mínimo con el fin de atraer a la inversión extranjera. El resultado es que la muy aclamada diversificación económica y la modernización que acompaña a la integración económica internacional, en realidad han ampliado el horizonte en que funciona el deterioro de los términos de intercambio.

Los problemas del comercio internacional tienen, sin embargo, un mayor alcance que los efectos de los precios señalados en los análisis de la CEPAL. La economía internacional penetra en todos los aspectos de la vida social. Su creciente influencia en comunidades aparentemente independientes y aisladas es poco entendida en los análisis que tratan sobre el cambio rural y es virtualmente inexistente en las discusiones sobre sustentabilidad. No obstante, la expansión internacional ha transformado las sociedades locales en economías duales; un fenómeno global que está creando, de manera sistemática, estructuras que polarizan las regiones y aceleran procesos que amenazan el bienestar social y el medio ambiente.

Durante siglos, la expansión del mercado mundial ha dejado su huella en las sociedades locales y en los ecosistemas (Wolf, 1982). Olas interminables de auge y crisis caracterizan este proceso en Latinoamérica y en todo el Tercer Mundo. Muchos de los primeros productores y comerciantes que introdujeron cultivos y crearon nuevos mercados para los productos en boga se volvieron inmensamente ricos. Atraídos por promesas de vastos mercados y enriquecimiento personal, olas sucesivas de productores han imitado los éxitos iniciales plantando algodón, granos, frutas tropicales, café, chile e innumerables cultivos, pero en menor escala y con menos recursos que sus predecesores. Conforme avanzó el proceso, fue mayor el número de personas que fracasaron en sus intentos de producir y comercializar productos con rentabilidad.

En muchos países del tercer mundo, las presiones externas y las políticas nacionales han obstaculizado que los campesinos de las comunidades pobres sigan cultivando los productos que cubren sus necesidades básicas. Los efectos de este proceso han sido devastadores: una productividad baja y el deterioro de las condiciones ambientales hacen difícil la competencia de los trabajadores y campesinos con los productores externos que tienen mejor financiamiento, cuentan con apoyo institucional para capacitar a los trabajadores, tienen acceso inmediato a los avances tecnológicos y pueden depender de sistemas integrales de mercadeo para distribuir sus productos. El resultado es que en el mundo subdesarrollado se importan alimentos y las familias rurales se empobrecen, (Barkin, Batt y DeWalt 1990). La pérdida de la autosuficiencia alimentaria magnifica el impacto que tiene la competencia internacional, ejerciendo presión para que muchas personas emigren a otros países en busca de un ingreso suficiente para comprar comida. Para aquellos que permanecen en sus países, la tarea de mantener los cada vez más frágiles ecosistemas, a los cuales han sido relegados, resulta una empresa avasalladora, que se complica por tener un acceso restringido al crédito, y carecer de asistencia tecnológica y acceso a los insumos productivos.

En sentido contrario, los productores contratados por los agronegocios ocupan las mejores tierras, sembrando productos de exportación y transformando las llanuras en pastizales. Esta tendencia usualmente es celebrada en los círculos de la comunidad financiera internacional, lo cual es una reflexión del éxito en los esfuerzos para persuadir o coaccionar a los gobiernos alrededor del mundo a que reestructuren la producción y se beneficien de las ganancias de la especialización en el comercio mundial. Este nuevo orden es particularmente evidente en varios movimientos para crear grupos comerciales regionales, lo cual refleja los cambios que están afectando a las economías nacionales. Los productores locales alrededor del mundo se encuentran amenazados por la disciplina impuesta por el fantasma de las importaciones.

Las corporaciones transnacionales florecen en este nuevo régimen. Su desplazamiento hacia el sur es parte de una estrategia global para explotar materias primas abundantes, bajos costos de producción, y garantizar su acceso a mercados emergentes. Aunque las corporaciones transnacionales crean nuevos empleos, rara vez son éstos suficientes para contrabalancear el desplazamiento masivo de personas de las industrias tradicionales y de las tareas rurales. En casi toda Latinoamérica, el ajuste económico nacional, de tipo estructural, redujo el empleo o movilizó a las personas a empleos precarios con bajos ingresos, con una pérdida generalizada en los niveles de vida y una disminución de los indicadores de bienestar social. El resultado es la transformación profunda y rápida de estas sociedades hacia sistemas especializados de producción y en centros de abastecimiento de materias primas y de maquila.

Estas tendencias son comunes a todos los productores del sector primario. Los campesinos están siendo inducidos a abandonar sus cultivos básicos por la producción para exportación. Las zonas pesqueras nacionales y la pesca a mar abierto tienen problemas de sobreexplotación, mientras que los manglares son destruidos y los ecosistemas costeros se encuentran amenazados por la contaminación proveniente de la intensa acuacultura; la demanda comercial lleva a los gobiernos a transferir los derechos de pesca pertenecientes a las comunidades tradicionales (McGinn 1999). Los leñadores enfrentan la competencia de los productos importados de madera, y son forzados a intensificar la tala, aun estando conscientes de que están excediendo la capacidad de las regiones para soportar nuevos niveles de extracción (Place 1993).

Los productores industriales pequeños y medianos, como los campesinos y las comunidades indígenas, son incapaces de competir en sus mercados locales con productos similares, importados de otras partes del mundo. Los productores que se han transformado en comerciantes, han encontrado que es más fácil y más rentable importar bienes de consumo básico del mercado global que establecer instalaciones industriales competitivas y modernas. Los obstáculos que enfrentan van desde una información y asesoría tecnológica inadecuada hasta créditos costosos y limitados, y graves trabas burocráticas.

El movimiento hacia el libre comercio internacional fue simultáneo a un proceso de integración regional. Los mecanismos del mercado, distorsionados por varias formas de corrupción, remplazaron a los concejos burocráticos, permitiendo mayor libertad al capital, y cediendo las decisiones de inversión a los grupos empresariales. La competencia entre grupos financieros surgió conforme éstas aprovecharon las oportunidades ofrecidas por la economía internacional para crear nuevas industrias y modernizar las viejas, para traer nuevas tecnologías, para resolver viejos problemas, y reposicionar a la sociedad y a la gente para confrontar los retos de la competencia internacional. La banca multilateral de desarrollo empezó a financiar los cambios institucionales y productivos necesarios para impulsar a docenas de países al mercado mundial, y abrir servicios locales antes protegidos como el agua potable y los sistemas de salud y de pensiones a la inversión internacional. Este nuevo enfoque de manejo de la economía internacional creó las condiciones para que los productores privados (usualmente corporaciones extranjeras) se beneficiaran generosamente atendiendo las demandas del mercado internacional y de un nuevo grupo de consumidores locales prósperos que son los principales beneficiarios de la nueva estrategia. Los programas para financiar la deuda, y los programas de ajuste estructural y los concejos monetarios, fueron sólo algunas de las recetas políticas prescritas para los gobiernos en el Sur. El fortalecimiento de los mercados locales de capital (especialmente para comercializar acciones) fue también una prioridad, abriendo otra vía de vulnerabilidad, en la medida en que los movimientos especulativos de capital podían influir ahora de manera inmediata en las decisiones de producción. Latinoamérica sintió rápidamente los efectos desestabilizadores de los movimientos de capital: los financieros internacionales impusieron severas restricciones a la capacidad de los gobiernos nacionales de promover el desarrollo sustentable amplio y extrajeron costos particularmente altos de los trabajadores y los campesinos.

Para México, que optó por un acuerdo de libre comercio con EUA y Canadá, el TLCAN implicó grandes cambios institucionales y transformaciones profundas en su estructura productiva. Sólo ahora, años después de su entrada en vigor, apreciamos mejor el impacto de estas modificaciones. Tal vez lo más comentado en su momento fue la enmienda constitucional que, en esencia, terminó con la reforma agraria: en aras de crear un mercado de la tierra rural y modernizar la agricultura, se modificó el Art. 27, para que los agricultores pudieran vender sus parcelas. También se implementaron programas de privatización, y antes de la apertura del Tratado, el sector público iba muy adelantado en el camino de desprenderse de varios de sus bienes productivos más valiosos, entre ellos el sistema bancario (que había sido nacionalizado en 1982), los ferrocarriles, la industria azucarera y los teléfonos; la infraestructura pública se subastó a concesionarios privados, incluidos los puertos, los aeropuertos y el nuevo sistema de carreteras. Se abrogaron las restricciones a la inversión extranjera, abriendo paso a la entrada de nuevos inversionistas en los sectores financieros y en otras actividades productivas. Sin entrar en detalles, cada aspecto de este proceso ha estado plagado de problemas: muchas concesiones quedaron en bancarrota y tuvieron que ser recuperadas por el Estado, mientras que otras requirieron subsidios adicionales. Revelaciones sobre favoritismo y corrupción abierta han sido ampliamente divulgadas, y muchas demandas legales de competidores internacionales contra las autoridades reguladoras en México, por preferencias hacia los ciudadanos nacionales, violando los acuerdos internacionales, están todavía en litigio.

Para los mexicanos, sin embargo, los cambios de mayor alcance estaban en el desmantelamiento indiscriminado de la estructura productiva tradicional y su reorientación hacia los mercados de exportación. Después de décadas de la política de substitución de importaciones, las autoridades se embarcaron en una apertura acelerada de la economía hacia el mercado y la inversión internacionales. Literalmente, decenas de miles de pequeñas empresas se vieron forzadas a cerrar porque eran incapaces de enfrentar las presiones competitivas y no eran candidatas para el reajuste financiero que el gobierno ofreció a los participantes más fuertes. En la década posterior a la crisis de 1982, alrededor de 1.9 millones de personas perdieron su trabajo en las pequeñas empresas, mientras un millón de trabajos fueron creados en los nuevos sectores de manufactura dinámica: la maquila (operaciones de ensamblaje para la exportación) y la industria automotriz. (Los intentos de estimular las industrias electrónica y farmacéutica del país fracasaron.) En el cambio de siglo, estas dos industrias emplearon alrededor de 1.7 millones de personas. Este cambio no sólo causó una reestructuración del sector productivo, sino también un cambio profundo en las relaciones de México con la economía global; a diferencia de las empresas que cerraron, estas plantas estaban íntimamente vinculadas al mercado internacional, y su funcionamiento dependía de la importación de partes y tecnología, además, están organizadas con una administración muy estrecha y cuentan con redes de infraestructura para su correcto funcionamiento. Así, la reducción de la demanda interindustrial dentro del país redujo los efectos locales (el efecto multiplicador) del crecimiento productivo. Un efecto adicional de este proceso fue reubicar el locus dinámico del crecimiento económico fuera de la meseta central del país, alrededor de la Ciudad de México, hacia los territorios semiáridos del norte, cercanos a la frontera con los EUA, los cuales eran, históricamente, los menos poblados. Esta transferencia geográfica ha tenido repercusiones enormes en varios aspectos de la vida, que van desde la ilegalidad asociada con el narcotráfico en varios segmentos de la sociedad hasta la sobreexplotación de los acuíferos y la proliferación de los problemas ambientales. Quizá lo más significativo es el impacto que este cambio ha tenido en la estructura social de otras partes del país, ya que la nueva fuerza laboral tiene que ser reclutada en comunidades del centro y sur; esta emigración interna ocurre como una repuesta a las nuevas oportunidades de empleo, pero deja despobladas a muchas comunidades.

La cambiante estructura social y económica había estado acompañada de un deterioro significativo en los estándares de vida de la mayoría de los mexicanos. Aún antes del comienzo de la integración económica internacional, con el anuncio del descubrimiento de vastas reservas de petróleo, los salarios reales bajaron por una serie de políticas draconianas que revirtieron los aumentos de ingreso laboral obtenidos durante casi medio siglo del milagro mexicano que logró tasas de crecimiento económico de cerca del seis por ciento por año. Hoy, más un cuarto de siglo después del comienzo de la primera de muchos momentos de inestabilidad económica, el salario mínimo es 75 por ciento menor de su valor en su cenit en 1976. Aunque la tasa de desempleo es de las más bajas en el mundo (debido, en gran medida, a la forma en que es calculada, y a la carencia de cualquier programa de apoyo por parte del sector público) la pobreza se ha expandido. Hay un debate sobre si afecta 50 o 75% de la población.

2) EL CAMINO ALTERNATIVO

Dada esta evolución en la sociedad mexicana, no es extraño que un gran número de personas esté buscando estrategias alternativas para la supervivencia familiar. El levantamiento zapatista en enero de 1994, simultáneo al establecimiento del TLCAN, fue una declaración abrupta de los temores que muchas personas tenían por su grave situación. Las demandas del pequeño grupo de indígenas de Chiapas, que tan efectivamente lograron tener eco en el escenario mundial, no eran particularmente radicales en el contexto de la historia mexicana: de hecho, los zapatistas demandaban los mismos beneficios y privilegios que otros segmentos de la sociedad habían adquirido en cierta medida durante los más de 70 años de historia posrevolucionaria, el derecho a tener títulos de propiedad de sus tierras, cierto grado de autogobierno y autonomía cultural dentro de las normas de la convivencia nacional, y la habilidad de implementar un programa local de sobrevivencia y reconstrucción económica (Collier 1994; Harvey, 1998).

Después de la insurrección de los zapatistas, se creo una nueva organización -el Congreso Nacional Indígena (CNI)- para dar voz a las demandas de las poblaciones indígenas. Su demanda fundamental es la autonomía, una palabra que ha adquirido gran complejidad porque las partes en conflicto (grupos indígenas y el gobierno) confieren a esta palabra significados diferentes. Brevemente, y en la voz del CNI, la autonomía es una demanda por el derecho de autogobernarse y tener la integridad cultural, para reafirmar las diferencias entre las personas, pero siempre dentro del contexto de la nación a la cual pertenecen. El gobierno, haciendo suyos los temores de las elites dominantes en Chiapas, sus intereses militares y comerciales, insiste en que no puede permitir los movimientos separatistas porque fragmentan la médula creadora de la cultura nacional que ha sido construida cuidadosamente durante más de 80 años.

En los márgenes de esta disputa, pero siendo buena parte de la misma, segmentos importantes de la sociedad mexicana han buscado cautelosamente formas para forjar sus propias estrategias. Estas estrategias no son simplemente las complejas maquinaciones de familias que buscan una salida frente a la baja de los salarios y a la situación de deterioro en el empleo. Más bien son las manifestaciones concretas del reconocimiento de que el sendero principal de búsqueda de un empleo proletario ya no es viable y que un retorno a las formas tradicionales de cooperación, organizadas alrededor de mecanismos para el manejo del ecosistema podría ofrecer una seguridad mayor y una mejor calidad de vida. La evidencia a favor de esta interpretación abunda, una vez que cambiamos el marco de referencia y nos preguntamos las razones por las cuales millones de mexicanos emigran temporalmente para encontrar trabajo en otra parte de México o en los EUA, mandando miles de millones de dólares hacia sus lugares de origen; dinero que se requiere para la mera subsistencia de sus familias, pero que también es esencial para consolidar las organizaciones comunitarias y el control local sobre los recursos productivos y los ecosistemas. La gente está encontrando formas de fortalecer sus comunidades para asegurarse que sus familias puedan permanecer en las áreas rurales, no sólo como unidades nucleares, sino como parte de comunidades dinámicas que buscan una nueva relación en sus regiones y con la nación a la cual desean seguir perteneciendo. En vez de abandonar sus comunidades e ir a ciudades en crecimiento, como lo hicieron las generaciones precedentes, ahora la población rural mexicana está asumiendo la responsabilidad de construir alternativas viables desde su casa.

En vista de la adversidad generada por las políticas macroeconómicas de integración internacional, están emergiendo nuevos enfoques en todo México. A pesar de un espectro de políticas que desalientan el regreso al campo y que hacen que la siembra continua de la milpa no sea rentable, la producción campesina de alimentos básicos sigue siendo importante, y la búsqueda de nuevas actividades productivas está contribuyendo a una diversidad, cada vez más creciente, de productos y oportunidades. En un ambiente en el que las organizaciones locales e incluso las tradiciones culturales enfrentan ataques políticos o se encuentran amenazadas por la expansión del mercado global, es sorprendente percibir una nueva vitalidad en estas regiones, un nuevo compromiso para defender y fortalecer sus instituciones y sistemas de producción.

El resultado de este proceso es que a pesar de su carencia de racionalidad productiva, las sociedades campesinas e indígenas siguen existiendo y producen muchos de sus productos tradicionales, principalmente para el consumo local, y reproduciendo sus propias estructuras sociales. Aunque el censo reporta una población rural de 22 millones de personas, basado en una definición anticuada de comunidades con menos de 2,500 habitantes, considero que existen por lo menos 30 millones de personas viviendo y trabajando en el campo. Por consiguiente, es evidente que el paisaje rural mexicano se encuentra poblado por grupos comprometidos a defender y fortalecer sus tradiciones, en un mundo que exige una creatividad activa y creciente para asegurar la mera sobrevivencia. La revisión de diversas experiencias nos ha guiado para identificar los tres principios fundamentales que las diversas estrategias, adoptadas por estas comunidades, tienen en común:
1) Autonomía,
2) Autosuficiencia,
3) Diversificación productiva

Ellas no sólo incluyen actividades culturales y productivas, también son nuevas formas de organización social consistentes con la necesidad de un auto-gobierno local, así como la habilidad para negociar con autoridades regionales y nacionales. Esta es la esencia de la nueva ruralidad.

LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Hoy es evidente la nueva dirección que tiene el activismo rural. Las estrategias tradicionales para la organización y la producción local ya no son suficientes para asegurar el bienestar de las comunidades rurales. Las demandas revolucionarias por obtener más tierras caen en oídos sordos. Aunque los patrones históricos de cultivo no son redituables, las personas continúan sembrando variedades locales porque tienen mejor sabor y son una parte esencial de sus prácticas culturales. Pero deben encontrarse nuevas actividades que generen ingreso suficiente para que las personas tengan una mejor calidad de vida. En las páginas subsecuentes expondré algunas de las formas con las que las comunidades indígenas están enfrentando los desafíos para mantener la tradición, mientras realizan la diversificación productiva. Aunque la emigración por un empleo de poca duración (que por lo general dura varios años) es una parte integral de estas estrategias, y con frecuencia está guiada por instituciones comunitarias de cooperación y responsabilidad, me concentraré en las actividades que se generan por procesos locales en la toma de decisiones.

Los ejemplos siguientes ilustran una variedad de aproximaciones adoptadas por personas que fueron afectadas directamente por la integración regional, ya sea porque las fuerzas globales están operando en sus regiones o porque han reaccionado buscando formas de reforzar sus tradiciones culturales. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, hay proyectos alternativos en marcha, en la medida en que las comunidades locales buscan protegerse de los intentos oficiales que quieren transformar la región en un corredor de transporte interoceánico y en un nuevo lugar para la maquila. Aunque no son parte de un programa integral de desarrollo regional, estos esfuerzos reflejan un compromiso inarticulado para moldear un futuro alternativo para la región, creando oportunidades para que cada comunidad determine cómo su experiencia, tradiciones y el conocimiento de su reserva ecológica pueden contribuir a diversificar la producción. Similarmente, en la parte central de México, las comunidades han sido afectadas profundamente por el proceso de integración: históricamente, los envíos de dinero de los emigrantes han sido un factor importante en contra de su integración total a la fuerza proletaria laboral. Ahora buscan nuevas avenidas en las que puedan diversificar la producción y consolidar las organizaciones regionales.

LA RESERVA CAMPESINA DE LA BIOSFERA EN LOS CHIMALAPAS

El bosque tropical de Los Chimalapas tiene alrededor de 600 000 ha en la parte sur de Oaxaca, colindando con Chiapas. En décadas recientes, la región ha sido objeto de numerosos intentos por implementar programas de desarrollo para aprovechar la abundancia de agua y de recursos forestales. A finales de los ochenta, la comunidad científica mexicana propuso crear una reserva UNESCO de la biosfera manejada profesionalmente, con el fin de proteger el área de la degradación continua. En respuesta, la comunidad indígena Zoque que habita el área desde antes de la conquista española, propuso la alternativa de permitirles manejar la reserva, canalizando los recursos al sustento de la comunidad y asumiendo la responsabilidad de su propio entrenamiento profesional, para capacitarse para colaborar con extranjeros que quisieran realizar investigación y apoyar programas de conservación. Numerosos grupos se opusieron a esta propuesta, ya que cada uno promovía su propio programa: desarrollo de la ganadería, agricultura de exportación, explotación forestal, así como preocupados porque esta pro puesta podría dar independencia política de los caciques (autonomía) a los 25,000 miembros de la comunidad local. Muchos empezaron a implementar sus propuestas, deforestando de manera ilegal las tierras comunales para su propio beneficio. Se instrumentaron programas oficiales para tratar de neutralizar la estrategia indígena y dividir a la comunidad.

En este callejón sin salida, partes importantes de la comunidad Zoque, con el apoyo político de grupos ambientalistas nacionales y la asistencia financiera del gobierno inglés empezaron a implementar su proyecto, que es un programa de conservación administrado por los campesinos. Miembros de la comunidad fueron seleccionados para entrenarse como biólogos en la Universidad Nacional y en el manejo de recursos forestales e hidráulicos en escuelas regionales técnicas. Las comunidades han iniciado programas de investigación en colaboración con profesionales y estudiosos de numerosas organizaciones científicas, mientras siguen mejorando su habilidad para proteger a los bosques del fuego y de las invasiones de los rancheros. Han empezado una siembra selectiva de viveros para ciertas especies de árboles en extinción. Se ha implementado un pequeño programa de ecoturismo para proveer a los habitantes de un ingreso adicional y generar una base más amplia para la comprensión del concepto de conservación administrada localmente. Aunque continúa la oposición a estas iniciativas independientes, y se intensifica cuando las condiciones políticas son propicias, hay un reconocimiento reticente de las autoridades ambientales de que las comunidades ofrecen un modelo viable y económicamente atractivo para la conservación participativa, en el modelo generado por el Programa el Hombre y la Biosfera. Ahora que la zona ha cobrado mayor importancia con el establecimiento del Plan Puebla Panamá (PPP), las comunidades están respondiendo con esfuerzos intensos para crear alianzas con otras comunidades en la región que también están desarrollando sus propias propuestas para la conservación productiva. Los Chimalapas son un ejemplo prometedor de un proyecto innovador para promover el manejo sustentable de los recursos regionales.

EL PROYECTO DE DESARROLLO DE MEGATURISMO EN HUATULCO

A mediados de los ochenta se anunció un programa turístico de gran escala, en la costa del Pacífico del Estado de Oaxaca (Bahías de Huatulco) como un complemento al enorme éxito del de Cancún. Se desalojó de manera violenta a las comunidades pesqueras indígenas, creando un territorio virgen en el cual se planearon 25 hoteles de 5 estrellas. Sólo se construyeron cinco antes de descubrirse que los acuíferos no soportarían el crecimiento turístico. La deforestación, una infraestructura inapropiada y patrones de consumo desmedidos, estaban en la raíz del problema. Una organización no gubernamental (ONG), el Centro de Soporte Ecológico (CSE), había sido creada que ha demostrado su capacidad para asegurar la sobrevivencia de árboles nuevos plantados en el bosque seco tropical, un área mucho más difícil para trabajar que el bosque húmedo tropical. Cierta cooperación por parte de los hoteles locales ha aumentado el apoyo político y el financiamiento. La Facilidad Ambiental Global, organismo administrado por el Banco Mundial, también ha ofrecido apoyo al proyecto, y su programa ha sido evaluado favorablemente por el programa Habitat de la ONU (Barkin y Pailles 2002).

Los fideicomisos, que son las formas institucionales para una colaboración multi-lateral entre las comunidades con otros estratos del gobierno, los donadores internacionales y el sector privado, han probado su capacidad para asegurar un manejo sencillo y transparente de los fondos. Siguiendo el principio de dividir el ingreso de las empresas productivas en tres partes, el proyecto está demostrando su habilidad para mantener un balance entre sus tres objetivos principales: 1) una recuperación total de costos, incluyendo una compensación adecuada para los trabajadores y un subsidio para rentas y recursos naturales usados en la producción; 2) el reconocimiento del valor de los servicios de la comunidad y los esfuerzos de la organización colectiva; y 3) un presupuesto para los servicios ambientales necesario para asegurar un fondo para la reinversión en la conservación y expansión del alcance del proyecto.

ALTERNATIVAS LOCALES PARA EL ISTMO

Siendo un polo industrial, el Istmo de Tehuantepec es importante por las instalaciones petroquímicas construidas en ambas costas (Salina Cruz y Coatzacoalcos- Minatitlán) y por una planta de cemento ubicada en el centro, propiedad de una cooperativa. Hay una carretera vieja y una línea de tren que urge modernizar; y es la única que conecta el centro de México con Chiapas y Centroamérica. Aunque los diversos programas de desarrollo mencionados antes han creado expectativas del arribo de un flujo de inversión que modernice el área, no existe una oferta creíble de inversión por parte los intereses transnacionales que responda a la apertura. Parecería que otra ruta de transporte interoceánico no es todavía una prioridad de la comunidad empresarial, tampoco parece que el potencial económico de Centroamérica sea importante para los inversionistas mexicanos. Aunque no se dice de manera explícita, los recursos energéticos de Chiapas son muy importantes, puesto que ese estado tiene reservas de gas natural y petróleo no explotadas, así como el potencial hidráulico del mayor río de México, el Usumacinta. En esta coyuntura, los intereses monetarios parece que intentan apropiarse de los espacios políticos y económicos que los grupos locales de indígenas y campesinos podrían reclamar dentro del marco de derechos que les fueron otorgados por la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917.

En respuesta a la polarización de fuerzas sociales y políticas en la región, están emergiendo una serie de alianzas entre comunidades con el fin de fortalecer el enorme potencial de la región. Respaldado por la planta de cemento, la cual se ha dado cuenta de que sólo prosperará si las fuerzas locales logran retener el control de la producción en la región, está emergiendo un programa para el desarrollo sustentable de los recursos locales, basado en la organización alrededor de las cuencas de los ríos. Las propuestas incluyen un ambicioso programa para la rehabilitación de los cauces de los ríos, y proyectos de manejo del agua y la tierra, para reducir las inundaciones, generando nuevas oportunidades mediante la rehabilitación de los bosques, productos agrícolas de exportación y el mejoramiento y la expansión del sector artesanal. Intereses políticos y comerciales locales también apoyan el proyecto, a pesar de sus reservas sobre la participación comunal, por miedo a que los competidores nacionales creen caos en la región. Usando el modelo creado en Huatulco, se están creando fideicomisos para manejar cada uno de los proyectos y asegurar un mecanismo efectivo para la cooperación entre socios de tamaño y poder desigual. Entre los proyectos que se planean se encuentra un servicio turístico de trenes (con material rodante restaurado) que proporcionaría una nueva experiencia a los turistas, los que podrían visitar las comunidades y participar en los eventos culturales que llevan a cabo los grupos indígenas de la región. Se encuentra en marcha un programa más ambicioso para instalar plantas de tratamiento pasivo de aguas residuales, empleando los sistemas biológicos, con el fin de reducir la contaminación y crear bosques comunales en el área que ha sido devastada por la expansión urbana desordenada.

Como en los Chimalapas y en Huatulco, algunos temen que este enfoque de la organización regional con participación de la comunidad sea una amenaza para el orden político existente. Su visión centralista enfatiza la participación de la región como proveedor de recursos humanos y materiales para el proceso de integración internacional; lo que está reñido con la preocupación por un manejo sustentable de los recursos. El debate sobre el PPP refleja claramente el conflicto entre estas dos visiones de avance productivo y sobre los modelos en los cuales los individuos pueden participar en el crecimiento económico.

INNOVACIÓN PARA MANTENER LA TRADICIÓN

Cuando se trabaja con las comunidades, uno de los verdaderos dilemas es cómo introducir nuevos productos o nuevos procesos de producción para productos tradicionales sin perturbar organizaciones sociales valiosas y sin destruir sus patrones culturales. Esto es particularmente importante en las sociedades indígenas de México, que han resistido por largo tiempo los esfuerzos para integrarlas a una sociedad nacional más homogénea. Muchas de ellas han sufrido una erosión progresiva de su base productiva, en la medida en que diversos programas han fracasado. La cría tradicional en el patio trasero, un viejo recurso de sustento e ingreso para los hogares rurales, se encuentra amenazada por operaciones industriales de engorda. En un esfuerzo por encontrar formas de revertir este proceso, se ha diseñado un proyecto para introducir un elemento alimenticio local para reducir los costos e incrementar la calidad del producto.

En un caso, en una región que suministra 45% de los aguacates que se manejan en el mercado mundial, los aguacates de desperdicio se utilizan para alimentar a los puercos con el fin de producir carne de calidad con un bajo porcentaje de grasa, un producto que se vende a un pequeño segmento del mercado doméstico. Los aguacates reducen el colesterol en la sangre tanto de humanos como de puercos. Al incluirlos en la dieta hay una reducción significativa en el tejido graso en la carne, que se vende a un precio mayor. Este cambio en la dieta ha tenido efectos benéficos en el ambiente, incrementando el volumen de agua que se filtra al acuífero, porque los aguacates que se descomponían en los barrancos impedían la infiltración del agua, y ahora son consumidos por los animales. Puesto que las mujeres están a cargo de las actividades que ocurren en el patio trasero (como la cría de puercos, gallinas, etc.), esta nueva fuente de ingreso ha fortalecido su posición en las comunidades e inyectado nueva energía a la gobernabilidad local (Barkin, Barón y Alvizouri 2003).

En otro proyecto, un cambio en la dieta de aves de corral de alimentación libre está facilitando la producción de huevos con yemas con menos colesterol; los huevos pueden venderse en el mercado a un precio entre 30 y 50% mayor al habitual. En este caso, las gallinas se alimentan con plantas que contienen una gran concentración de omega-3, un ácido lípido que reduce el colesterol, plantas que crecen en aguas residuales tratadas biológicamente. Esta opción anima a las personas en poblados periurbanos a participar en operaciones de limpieza del ambiente, conforme crean una nueva actividad productiva en un mercado privilegiado que genera empleos.

EL ECOTURISMO NO ES UNA SOLUCIÓN MÁGICA

No todos los proyectos tienen éxito. La Mariposa Monarca, una hermosa criatura que atrae mucho interés por el sensacional peregrinaje que realiza desde Canadá hasta México y de regreso, se ha convertido en un exitoso espectáculo turístico de la vida silvestre. Más de 400 000 personas visitan la reserva especial que fue creada para proteger a la mariposa, y a su ambiente en México, durante los 4 meses que dura su estancia en el país. A pesar de este éxito, los ambientalistas arguyen que los bosques siguen deteriorándose por la tala ilegal y por la contaminación del acuífero, amenazando el ecosistema del cual dependen las mariposas. La causa subyacente en este proceso es la exclusión de la mayoría de los campesinos en la participación en las oportunidades creadas por las hordas de turistas, oportunidades que benefician a los comerciantes de la Ciudad de México y de otras ciudades conurbadas. Las comunidades campesinas, unidas en una confederación local, no han obtenido recursos suficientes para ofrecer sus propios paquetes de servicios a los visitantes (Barkin, 1999). Este ejemplo es sólo una advertencia, ya que la idea de implantar nuevas actividades en áreas campesinas e indígenas no es suficiente para asegurar que estos grupos sean capaces de disfrutar los beneficios y contribuir a mejorar el manejo del ecosistema.

CREACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GLOBALIZACIÓN

La integración económica internacional promueve un avance de la polarización productiva y homogenización que se extiende a casi todos los aspectos de la vida social. En el Tercer Mundo hemos sido testigos del empobrecimiento de las personas excluidas y de la intensificación de los problemas ambientales, por la carencia de mecanismos para un manejo adecuado del ecosistema. La propuesta de una estrategia económica alternativa para un manejo sustentable de los recursos regionales ofrece un medio para confrontar estas debilidades con actividades que generan oportunidades y promueven la cohesión social, al tiempo que producen bienes útiles y vendibles.

La teoría detrás de este enfoque ha emergido de una búsqueda de alternativas a la globalización. Alrededor del mundo, muchos grupos trabajan en este problema. A pesar de que el esfuerzo es amplio, todavía es marginal en los ámbitos académico y de investigación. Algunos de estos grupos se han asociado con la promoción de los pequeños negocios (SME) sin profundizar en los impactos sociales y ambientales de los enfoques de desarrollo prevalecientes. Los estudios de caso usados para documentar este ensayo sugieren la necesidad de ampliar nuestra reflexión e incluir los impactos de la política en las estructuras sociales y políticas, así como también en el manejo del ecosistema.

El patrón dominante del desarrollo concentrado no contribuye a un modelo durable. Grandes segmentos de personas en muchos países están buscando sus propios mecanismos para construir barreras contra el avance de la globalización. Las iniciativas locales que promueven un manejo sustentable de los recursos regionales ofrecen un enfoque prometedor que requiere mayor atención.