indice de las ponencias de 2005
Muertes Intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua
Alyson Kozma
Amnistía Internacional
Junio 2005
"Tienen muchas líneas de investigación, tienen direcciones, teléfonos, nombres y no los han traído, yo les llevé mucha información y ni siquiera aparece en el expediente. No merecemos este trato ni este dolor que sentimos todos los días, sólo estoy pidiendo que busquen a mi hija y que se haga justicia ". Evangelina Arce no podía imaginar que el 12 de marzo de 1998 su hija Silvia nunca regresaría a su casa en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Hace más de cinco años que la busca desesperadamente sin saber nada sobre su paradero. Durante todo este tiempo, Evangelina ha reiterado que las autoridades han hecho caso omiso de sus reclamos para que se investigue la desaparición de su hija e insiste en que el expediente ha estado paralizado durante cinco años.
En Ciudad Juárez y más recientemente en la Ciudad de Chihuahua, la desaparición de Silvia Arce y el reclamo de su madre para que se encuentre a su hija y se haga justicia no es un hecho aislado. Las autoridades reconocen que actualmente el paradero y destino de unas 70 mujeres todavía es un misterio. Para muchas de las organizaciones no gubernamentales mexicanas el número de desaparecidas asciende a más de 400. Lo cierto es que en el estado de Chihuahua, en un número significativo de casos, mujeres jóvenes y adolescentes desaparecidas- en algún caso de 11 años de edad- son halladas muertas días o incluso años después. Según información de Amnistía Internacional, en diez años se han registrado alrededor de 370 homicidios de mujeres, de los cuales como mínimo 137 son asesinatos con violencia sexual. Además, continúan sin ser identificados 75 cuerpos, algunos de los cuales podrían corresponder a mujeres reportadas como desaparecidas, aunque la falta de pruebas concluyentes para su identificación no permite confirmar esta hipótesis..
"12 de mayo de1993 - Localizado el cuerpo de una mujer no identificada ... en las faldas del Cerro Bola (...) en posición de cúbito dorsal y vestido con pantalón de mezclilla con el zipper abierto y dicha prenda en las rodillas (...) herida punzo penetrante en seno izquierdo, escoriaciones en brazo izquierdo, golpe contuso con hematoma a nivel maxila y a nivel de pómulo derecho, escoriación en mentón, hemorragia bucal y nasal, escoriación lineal cerca del cuello, de tez morena clara, 1.75 cms., pelo castaño, ojos grandes color café, 24 años, brasiere blanco por encima de los senos. Causa de muerte asfixia por estrangulamiento. (Averiguación Previa 9883/93-0604, Ciudad Juárez, Chihuahua, febrero de 1998)"
La brutalidad con la que los victimarios secuestran y asesinan a las mujeres en un número significante de casos va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer. Muchas de ellas, fueron raptadas, mantenidas en cautiverio por varios días y sujetas a los vejámenes, torturas y a la violencia sexual más terrible antes de morir, la mayoría asfixiadas por estrangulamiento o golpes. Sus cuerpos han sido encontrados escondidos entre los escombros o abandonados en zonas desérticas cerca de la ciudad. "Cuando la encontramos, el cuerpo de mi hija hablaba de todo lo que le habían hecho", señaló Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, cuyo cuerpo fue hallado en febrero de 2001 en un terreno baldío de Ciudad Juárez, contiguo a la maquila donde trabajaba. Igual que Lilia Alejandra, la mayoría de las víctimas son mujeres de origen humilde, algunas de ellas con hijas e hijos que mantener, que recorren en autobús largas rutas para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. A veces, no les queda más opción que caminar solas por lotes baldíos y caminos sin iluminación, siendo más vulnerables a un posible ataque.
Estos crímenes, calificados por las autoridades como "homicidios en serie", han conmocionado a la población del Estado de Chihuahua, ya de por si caracterizada por extremos niveles de violencia contra la mujer, incluyendo homicidios por violencia doméstica u otro tipo de violencia.
Las primeras desapariciones y muertes de mujeres y niñas con un patrón similar se dieron a conocer en Ciudad Juárez hace diez años. Esta ciudad fronteriza con Estados Unidos y ubicada en el desierto, es actualmente la más poblada del estado de Chihuahua. Su posición geográfica ha hecho de la ciudad tierra fértil para el narcotráfico, generando altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana. Pero a lo largo de las últimas décadas, la instalación de empresas de ensamblaje de productos de exportación, por parte de compañías transnacionales, las llamadas maquilas, también le ha permitido un desarrollo económico privilegiado. En gran parte, la rentabilidad de la industria maquiladora se basa en la contratación de mano de obra local barata. Aún así, la necesidad de un salario, o el deseo de cruzar la frontera hacia el país vecino del norte en busca de un futuro mejor ha convertido Ciudad Juárez en una ciudad "atractiva" para un gran número de personas de distintas partes de México.
Varias de las mujeres desaparecidas o asesinadas eran empleadas de la maquila. Camareras, estudiantes o mujeres que trabajaban en la economía informal también han sido blanco de los victimarios. En definitiva, mujeres jóvenes sin poder en la sociedad, cuya muerte no suponía un costo político para las autoridades locales.
De hecho, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades reflejaba una abierta discriminación hacia ellas y sus familias. En más de una ocasión las mismas mujeres fueron culpadas de su desaparición y asesinato debido a su forma de vestir o por trabajar de noche en bares. Pasados los años, en febrero de 1999, el ex Procurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón, todavía afirmaba que "Las mujeres que tienen vida nocturna salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores, están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse".(1)
A lo largo de los años, la presión y denuncia constante ejercida por las familias y las organizaciones no gubernamentales para que se esclarezcan los crímenes ha logrado captar la atención nacional e internacional. Prueba de ello fue la visita y posterior informe sobre la situación de la mujer en Ciudad Juárez elaborado por la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)(2). Debido al interés nacional e internacional que ha despertado el caso de las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua, las autoridades se han visto obligadas a moderar sus respuestas ante la opinión pública, aunque insisten en tratar los crímenes de forma aislada negando la existencia de características comunes en las desapariciones y asesinatos de las mujeres y niñas por razones de género.
Ya sea por indiferencia, falta de voluntad, negligencia o incapacidad, la falta de acción por parte de las autoridades competentes para investigar los crímenes ha sido notoria durante los últimos diez años. Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales, cuando las posibilidades de encontrar a la mujer viva e identificar a los presuntos responsables son mayores, y una falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales. En otros casos, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados, proporcionado información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJE) para obtener información y confesiones de culpabilidad.
La creación en 1998 de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM) tampoco cumplió con las expectativas de cambios radicales en la conducta del estado para erradicar los crímenes. Hasta la fecha, siete titulares han pasado por esta institución sin que haya mejorado significativamente la coordinación y sistematización de las investigaciones para poner fin a las desapariciones y homicidios. El padre de María Isabel Nava, por ejemplo, denunció la desaparición de su hija ante la Fiscalía Especial el 4 de enero del 2000. Pero, según él, la Fiscal, en vez de actuar de forma inmediata, le respondió: "Apenas es martes",e insinuó que su hija se había ido con el novio. Indignado, el padre le contestó: "¿Vamos a esperar hasta que aparezca muerta?". Su presentimiento fue cierto. El cuerpo de María Isabel Nava fue encontrado 23 días después. Según la autopsia, presuntamente había permanecido en cautiverio dos semanas antes de ser asesinada.
La situación se agrava por la reiterada falta de información proporcionada a las familias, fomentando una profunda desconfianza hacia el aparato judicial y la clase política. Tampoco han sido escuchados los reclamos para que se inicien averiguaciones penales (averiguaciones previas) inmediatas desde el primer día en que se denuncia una desaparición para determinar si se ha cometido un delito penal como la privación de libertad o el secuestro. Según las autoridades, esta solicitud no es relevante ya que aseguran que los casos de mujeres desaparecidas se investigan del mismo modo y con la misma urgencia. Pero una averiguación penal ofrece mejores garantías en la justicia mexicana y obliga al Estado a justificar su actuación. Sin una averiguación penal, la familia no tiene derecho a la justicia y depende de la buena voluntad de las autoridades que tratan las desapariciones. En Ciudad Juárez y Chihuahua, la ineficacia de las investigaciones ha promovido que sean los propios familiares y conocidos de la víctima quienes organicen las búsquedas y los rastreos por toda la ciudad temiendo que algo malo le pudo haber ocurrido a su hija o hermana. Además recae sobre ellos la responsabilidad de recabar pruebas
Pero los familiares no sólo tienen que vivir con el dolor causado por la pérdida de su ser querido o la angustia de desconocer su paradero. En Ciudad Juárez y Chihuahua, son frecuentes las críticas y las campañas de desprestigio por parte de las autoridades hacia el trabajo que realizan los familiares y las organizaciones no gubernamentales que los representan en busca de justicia. Algunas organizaciones incluso han sido acusadas públicamente y sin pruebas de utilizar los casos de las mujeres desaparecidas y asesinadas para obtener beneficios económicos. Peor todavía son las amenazas e intimidaciones de que son objeto abogados, familiares o miembros de ONG sin que los responsables hayan sido identificados y comparecido ante la justicia.
La impunidad reinante
Para las autoridades estatales, la mayoría de los asesinatos de mujeres- incluyendo casos de violencia doméstica u otro tipo- están "resueltos". Pero aunque según sus cifras, 79 personas han sido sentenciadas, la vasta mayoría de los crímenes siguen sin obtener justicia. La impunidad es más evidente en los llamados "homicidios en serie" reconocidos por el estado, donde sólo hay una sentencia condenatoria por el secuestro y asesinato de una joven y existen 18 arrestados esperando sentencia, en algunos casos desde hace años. Además, la calidad de las investigaciones y la presunta falta de garantías en los procesos judiciales ponen en duda los procedimientos judiciales iniciados contra varios detenidos. Mientras tanto, los crímenes se repiten año tras año. El hallazgo del cuerpo de Marcela Viviana Rayas en mayo de 2003 en la ciudad de Chihuahua, y las posteriores alegaciones sobre la tortura sufrida por los detenidos en relación con el crimen, demuestran una vez más que las desapariciones y homicidios de mujeres no están ni mucho menos resueltos.
El hecho de que el estado no ha logrado esclarecer ni erradicar los crímenes ha fomentado numerosas especulaciones sobre quién o quiénes están detrás de los asesinatos de las mujeres. Se habla de la participación de narcotraficantes, elementos del crimen organizado, personas residentes en los Estados Unidos así como rumores de que se protege a los responsables. También existen teorías sobre motivaciones satánicas, el comercio ilegal de cintas pornográficas y el supuesto tráfico de órganos. Pero por el momento, estas hipótesis sólo contribuyen a generar más temor entre la sociedad chihuauense ya que las investigaciones todavía no han podido confirmarlas.
Durante años las autoridades federales se han mantenido abiertamente al margen de las investigaciones argumentando que los asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua no eran de su competencia por no presentar delitos federales, como lo es por ejemplo, el crimen organizado. Pero a lo largo de 2003 la Procuraduría General de la República (PGR) ha confirmado la atracción de varios de los casos porque al parecer presentan elementos federales, hecho que podría dar un impulso significativo a las investigaciones. Ante la dimensión de los crímenes, Amnistía Internacional considera que es esencial la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias a nivel municipal, estatal y federal para prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y los abusos de poder que obstaculizan las investigaciones iniciales.
Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua contienen muchos de los elementos que socavan la credibilidad de la administración de justicia en México y promueven la impunidad. Amnistía Internacional ha reiterado la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia y permita procesos justos al acusado, garantizando todos sus derechos.
La incapacidad del estado para abordar estos crímenes de violencia contra la mujer supone, además, una violación de las convenciones internacionales de las cuales México es estado parte, entre ellas, las normas específicas centradas en la eliminación de la violencia contra la mujer.
La violencia contra la mujer, tal como se manifiesta en estos casos, no sólo es una forma de discriminación sino que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (3), entre otras. Estas normas internacionales reafirman la obligación del Estado de esclarecer la verdad, hacer justicia y proporcionar reparación a las víctimas, aún cuando sus derechos han sido violados por particulares.
El continente americano es el único que dispone de un tratado vinculante para combatir la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención do Belem de Pará"(4). El sistema interamericano también fue pionero al reafirmar hace 15 años la responsabilidad que incurre el estado a nivel internacional cuando no investiga ni sanciona con diligencia debida los abusos a los derechos humanos cometidos por particulares, sentando así una doctrina que tiene especial relevancia para las mujeres que enfrentan violencia sistemática en el ámbito intrafamiliar y comunitario
El documento "México: Muertes Intolerables- Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua" (AMR 41/026/2003/s) aborda la incapacidad de las autoridades mexicanas para tratar los casos dentro de un patrón determinado negando a los familiares una respuesta debida y un remedio judicial efectivo. A través de casos concretos, el informe proporciona un análisis de la falta de diligencia debida del estado para prevenir, investigar y sancionar los crímenes. También expone las obligaciones contraídas por el estado mexicano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, además de una serie de conclusiones y un conjunto de recomendaciones que, en opinión de Amnistía Internacional, es necesario cumplir íntegra y eficazmente. Los casos de llamamiento que se incluyen a continuación son una muestra de diez años de crímenes intolerables.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
- Las autoridades federales, estatales y municipales deben reconocer y condenar públicamente las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua resaltar la dignidad de las víctimas y la legitimidad de la lucha de los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.
- Las autoridades estatales y federales deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales, coordinadas y con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el Estado de Chihuahua.
- El gobierno federal debe resolver con urgencia el reclamo de la sociedad sobre la jurisdicción competente para la investigación de las desapariciones y muertes de mujeres en el Estado de Chihuahua para asegurar investigaciones eficaces, rápidas y exhaustivas que gocen de recursos, expertos y la plena cooperación de cualquier otra instancia.
- En las denuncias de desapariciones se debe establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el Estado a través del inicio de una investigación penal con amplias competencias para determinar el paradero de la persona desaparecida y dar seguimiento a todas las pistas relevantes para determinar si se ha cometido un delito, bajo la supervisión de un juez competente.
- Se debe investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres en el Estado de Chihuahu a. Todo agente del Estado presuntamente responsable de cometer graves abusos a los derechos humanos como actos de tortura o encubrimiento de las desapariciones debe ser apartado de su cargo a la espera del resultado de investigaciones imparciales.
- Las autoridades federales, estatales y municipales deben destinar recursos suficientes a la mejora de la seguridad pública en el estado y la prevención de la violencia contra la mujer en la comunidad, como instalación de alumbrado y servicios de vigilancia.
- El Estado mexicano debe garantizar que las maquilas cumplan con sus obligaciones legales frente a sus empleadas/os con un enfoque especial sobre la seguridad física, sexual y mental de las mujeres trabajadoras.
- Las autoridades deben asegurar que la/os defensora/es de los derechos de la mujer y las asociaciones de familiares que dedican sus esfuerzos a poner fin a la violencia contra la mujer pueden desempeñar su legítima labor sin miedo a represalias y con la plena cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
- Las autoridades deben aplicar las recomendaciones internacionales dirigidas al Estado de México desde 1998 por los Relatores Especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, y por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU que han conocido el caso de las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua.
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