indice de las ponencias de 2006

Socialismo libertario: planificación participativa

Robin Hanel, EEUU

[El capitalismo] no es un éxito. No es inteligente, no es hermoso, no es justo, no es virtuoso… y no produce los bienes necesarios. En resumen, no nos gusta y comenzamos a despreciarlo. Pero cuando nos preguntamos qué poner en su lugar, nos sentimos sumamente perplejos.

John Maynard Keynes

I. Introducción

En la década de 1970, cuando Michael Albert y yo éramos dos jóvenes activistas de la Nueva Izquierda que estudiábamos nuestro doctorado en economía, llegamos a la conclusión de que la visión de una economía autogestionada que compartían muchos anarquistas, comunistas partidarios de los consejos, sindicalistas y socialistas utópicos era esencialmente juiciosa, pero que, lamentablemente, esos visionarios de la economía no habían sido capaces de producir un modelo coherente que explicara de manera precisa cómo funcionaría la alternativa al capitalismo que proponían. Nuestros predecesores en el ideal socialista libertario nos habían legado conmovedoras comparaciones que ilustraban las ventajas de la autogestión obrera y comunitaria en relación con el capitalismo y la planificación autoritaria. Pero muy a menudo no produjeron las respuestas a difíciles preguntas acerca de cómo se tomarían las decisiones necesarias, cómo desembocarían en un plan coherente los procedimientos democráticos que proponían, qué razones había para confiar en que el plan que surgiría sería eficiente, o qué motivación tendrían las personas para trabajar e innovar. Esas debilidades teóricas resultaban particularmente desarmantes porque, al tiempo que los experimentos ocurridos en el mundo real demostraban que si bien las alternativas al capitalismo que encarnaban la planificación centralizada y el socialismo de mercado eran factibles, no existía ningún ejemplo en ese mismo mundo real al que pudiéramos apuntar los socialistas libertarios para probar que nuestra visión también era realizable. La autogestión emprendida por los comités de fábricas en los días iniciales de la Revolución rusa, las tomas de empresas por parte de los trabajadores en el norte de Italia después de la Primera Guerra Mundial, las comunas y fábricas lideradas por los anarquistas en España durante la Guerra Civil, y la impugnación a la planificación centralizada planteada por los consejos de trabajadores húngaros en 1956, todos esos ejemplos demostraban que un gran anhelo de autogestión económica bullía en las profundidades y en ocasiones se desbordaba hasta salir a la superficie. Pero, lamentablemente, ninguno de esos breves episodios de autogestión había durado lo suficiente como para demostrar que los consejos de trabajadores y consumidores no sólo podían gestionar de modo competente sus propios asuntos, sino que también podían coordinar a largo plazo, de manera eficiente, sus actividades interrelacionadas, mediante un sistema de planificación democrática que no tuviera como base las fuerzas del mercado o unas directivas autoritarias. Michael Albert y yo no creíamos que ello significara que la autogestión económica era imposible. Simplemente quería decir que era necesario dedicar más esfuerzos a la tarea de concretar esa visión y demostrar teóricamente su factibilidad y su atractivo, hasta el día en que un conjunto coherente de procedimientos socialistas libertarios pudiera ser probado en la práctica.

Durante la década de 1980, muchos economistas progresistas se sumaron a las críticas de los conservadores, quienes habían sostenido desde hacía largo tiempo que resultaba imposible coordinar las actividades de los diferentes grupos de productores y consumidores por otra vía que no fuera la del mercado o la de la planificación autoritaria. Esos nuevos escépticos proclamaban que no existía una “tercera vía”, y acusaban de engañarse a sí mismos y de engañar a los demás a quienes, como nosotros, favorecíamos una planificación realizada por los productores y los consumidores mismos. El famoso economista británico Alec Nove fue uno de los que entró en la liza sin ninguna ambigüedad: “En una economía industrial compleja, la interrelación entre las partes sólo puede tener como base, en principio, o bien los contratos negociados libremente elegidos [i.e. los mercados] o bien un sistema de instrucciones de obligatorio cumplimiento emanadas de organismos de planificación [i.e. la planificación centralizada]. No hay una tercera vía.”

En dos libros publicados en 1991, Michael Albert y yo nos dimos a la tarea de corregir las debilidades intelectuales de los argumentos a favor de la planificación participativa, desarrollando detalladamente cómo podrían coordinar sus esfuerzos los consejos de trabajadores y consumidores, de manera consciente, democrática, equitativa y eficiente. En The Political Economy of Participatory Economics (Princeton University Press) presentamos un modelo teórico de planificación participativa y realizamos un análisis riguroso de sus características. En Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century (South End Press) examinamos las complejidades de la toma de decisiones participativa en una diversidad de situaciones realistas, y abordamos algunas cuestiones prácticas convenientemente silenciadas por los modelos teóricos. Después de su publicación, los críticos abandonaron súbitamente la objeción de que la planificación participativa fuera técnicamente imposible y plantearon nuevas discrepancias. Algunos señalaban que, en cualquier caso, una economía participativa no resultaba deseable. Otros argumentaron que era incompatible con la naturaleza humana. En este capítulo se bosquejan los rasgos esenciales de una economía participativa y se da respuesta a las objeciones más importantes que se le han planteado en los últimos quince años.

I. Economía participativa

El modelo de economía participativa se propone promover: a) la justicia económica, definida como una compensación económica ajustada al esfuerzo o el sacrificio realizado; b) la democracia económica o autogestión, definida como el ejercicio de un poder en la toma de decisiones proporcional al grado en que se resulta afectado por dichas decisiones; y c) la solidaridad, definida como una preocupación por el bienestar de otros. Y todo ello sin sacrificar la eficiencia económica, al tiempo que promoviendo una diversidad de estilos de vida en la economía. Las instituciones fundamentales que se emplean para lograr estos objetivos son: 1) consejosdemocráticos de trabajadores y consumidores; 2) empleos en los que se establece un equilibrio entre empoderamiento y atractivo; 3) remuneración en correspondencia con el esfuerzo, evaluado por los compañeros de trabajo; y a) un procedimiento de planificación participativa mediante el cual los consejos y las federaciones de trabajadores y consumidores presentan y ajustan propuestas sobre sus actividades siguiendo unas regulaciones diseñadas para producir resultados eficientes y equitativos.

 II.1 El trabajo: En una economía participativa, la producción está en manos de consejos de trabajadores en los que cada miembro cuenta con un voto. Cualquiera puede solicitar ser miembro del consejo que elija, o formar un nuevo consejo con quien desee. Existe una abundante literatura que documenta las ventajas de la gestión de los trabajadores. Existen también formidables evidencias de que las personas con interés y voz en lo relativo a sus maneras de trabajar no sólo disfrutan más su trabajo, sino que son más productivas y eficientes. De modo que en vez de abundar en las ventajas de la autogestión –que deberían estar más allá de toda duda— me concentro aquí en las propuestas más infrecuentes y polémicas acerca de cómo expandir la autogestión mediante el logro de un balance entre atractivo y dominio en el trabajo, y en la compensación según el esfuerzo o los sacrificios que dicho trabajo conlleva.

Complejos de empleos equilibrados : Toda economía organiza las tareas laborales en “empleos”, que definen qué tareas desarrolla cada individuo. En las economías jerárquicas, la mayoría de los empleos contiene un número de tareas repetitivas, relativamente poco atractivas y sin autoridad, mientras que unos pocos consisten en tareas relativamente atractivas y con poder. Pero, ¿por qué debe ser menos atractiva la vida laboral de unas personas que la de otras? ¿Acaso tomarse en serio la equidad no implica equilibrar los empleos en cuanto a su atractivo? Y si se quiere que todos tengan iguales oportunidades de participar en la toma de las decisiones económicas, si se quiere garantizar que el derecho formal a la participación se convierta en un derecho efectivo, ¿no será necesario equilibrar los empleos en términos de poder? Si alguien barre suelos toda la semana, año tras año, mientras otro analiza nuevas opciones tecnológicas y asiste a reuniones de planificación todos los días de la semana, año tras año, ¿resulta realista creer que tienen iguales oportunidades de participar en las decisiones de la firma sencillamente porque cada uno cuenta con un voto en el consejo de los trabajadores? Los partidarios de la economía participativa creemos que tomarse en serio la participación demanda equilibrar los empleos en lo relativo al empoderamiento, al igual que tomarse en serio la equidad demanda equilibrar los empleos en cuanto a su atractivo.

Esto no implica que todos deban hacer de todo, ni que se ponga fin a la especialización. Cada individuo seguirá realizando un número reducido de tareas, pero algunas de ellas serán más placenteras que otras, y algunas otorgarán más poder que otras. Siempre habrá quien se especialice en neurocirugía, o en ingeniería eléctrica, o en soldadura por arco eléctrico. Pero quienes realicen tareasde mayor autoridad que la media también realizarán tareas de menos poder que la media. Y quienes realicen tareas más atractivas que la media, también realizarán tareas menos atractivas que la media, a menos que decidan trabajar más horas o aceptar una evaluación más baja de sus esfuerzos. El equilibrio puede establecerse por períodos de tiempo razonables, y no lo impone una burocracia externa, sino los comités de trabajadores de cada centro de trabajo, según sus criterios. Todo hace pensar que los comités de trabajadores tendrán en cuenta consideraciones tecnológicas y psicológicas al balancear los complejos de empleos, de modo que eliminarán las grandes diferencias en lo relativo a empoderamiento y atractivo durante períodos prolongados de tiempo. Esta propuesta está encaminada a aprovechar la productividad que se deriva de un alto grado de especialización, al tiempo que se eliminan los efectos indeseables de las jerarquías permanentes, que dan pie al surgimiento de concentraciones permanentes del poder.

Los críticos de la propuesta plantean una preocupación válida acerca de los complejos de empleos equilibrados al apuntar que el talento a menudo resulta escaso y que la formación tiene costos sociales elevados. Por ejemplo, es cierto que no todos tenemos el talento necesario para convertirnos en neurocirujanos, y que la formación de neurocirujanos implica un costo social. Por tanto, cada vez que una neurocirujano experimentada hace algo fuera del campo de la neurocirugía se produce una pérdida de eficiencia. Para decirlo en dos palabras: si una neurocirujano emplea un x % de su tiempo trabajando en algo que no sea la neurocirugía, hay que asumir el costo social adicional de formar x % neurocirujanos más. Pero prácticamente todos los estudios confirman que la participación incrementa la productividad de los trabajadores. Si equilibrar los empleos para el empoderamiento aumenta la participación efectiva, como es su propósito, las pérdidas de eficiencia resultantes de no economizar totalmente el talento escaso se compensarán con las ganancias en la productividad generadas por el incremento general de la participación de los trabajadores. Además, el incremento de la equidad resultante de que los cirujanos compartan las tareas hospitalarias menos placenteras debe tomarse en cuenta al evaluar las pérdidas de eficiencia, si es que existen.

Compensación por el sacrificio o esfuerzo realizado : En una economía participativa se recompensa el esfuerzo o sacrificio realizado, porque cualquier otro sistema de compensación es injusto. En el capitalismo se recompensa a las personas según el valor de la contribución que representa el capital productivo que poseen, así como de acuerdo con el valor de la contribución que representa su trabajo. Al menos así es como se las compensaría en una versión idealizada del capitalismo. En el capitalismo real, la discriminación, el poder del mercado, la información asimétrica y la suerte distribuyen los ingresos y las riquezas de maneras mucho más injustas. Pero incluso en condiciones ideales, en el capitalismo, un descendiente de Rockefeller que hereda grandes cantidades de capital productivo, pero no trabaja ni un solo día en toda su vida, disfruta de un ingreso cientos de veces superior al de un neurocirujano o neurocirujano experimentado. Los partidarios de la economía participativa creemos que a menos que los dueños de un volumen mayor de propiedades productivas las hayan adquirido mediante un gran sacrificio personal, los ingresos que perciben en su condición de propietarios resultan injustificables. Si bien la “injusticia capitalista” puede eliminarse en el socialismo de mercado, las compensaciones a los trabajadores se seguirán calculando según el valor de mercado de la contribución de su trabajo a las economías socialistas de mercado. Como el valor de mercado de los servicios de una neurocirujano experimentada supera con mucho el valor de mercado de los servicios de un recolector de basura, por más empeño y pericia que ponga este último en el desempeño de su tarea, la remuneración también será injusta en el socialismo de mercado. Los individuos siempre tendrán capacidades diferentes que poner al servicio de los demás, así que quienes posean menos capacidades siempre estarán en desventaja en el socialismo de mercado, por más que lo intenten o más sacrificios que realicen. El problema es que muchas diferencias en la “productividad” de las personas no tienen su origen en un diferencial de sacrificios. No existe formación que pueda proporcionarle a un individuo promedio las habilidades de un jugador profesional de fútbol. Sin embargo, los jugadores de las divisiones cimeras de las ligas profesionales de fútbol en todo el mundo reciben una compensación cientos de veces mayor que el salario promedio de un trabajador, porque su escaso y maravilloso talento hace que su contribución al disfrute de los fanáticos del fútbol sea muy alta. Joan Robinson, la famosa economista progresista británica, señaló hace ya mucho tiempo que por más “productivos” que sean una maquinaria o un trozo de terreno, ello no constituye un argumento moral para tener que pagarle a su propietario. De manera similar, por más “productivos” que sean un alto cociente de inteligencia o el talento para manipular un balón a toda velocidad, eso no implica que el afortunado poseedor de esa característica merezca más ingresos que alguien menos dotado, pero que trabaja y se sacrifica tanto como él. Sólo si la compensación que reciben los individuos está acorde con los sacrificios que realizan, será equitativa la distribución de obligaciones y beneficios en la economía. Sólo si alguien trabaja más tiempo o con más empeño, o en tareas más peligrosas, difíciles o desagradables, la justicia económica demanda que reciba una mayor remuneración. A diferencia del capitalismo y del socialismo de mercado, la economía participativa remunera a los individuos según el esfuerzo o el sacrificio que realicen en su trabajo. Pero, ¿puede medirse razonablemente bien el esfuerzo? ¿No choca la remuneración del esfuerzo con la eficiencia?

Se cree a menudo que el esfuerzo resulta difícil de medir y el resultado no, de modo que remunerar según los resultados constituye, en la práctica, el mejor sistema. Pero esa afirmación no es tan cierta como se suele asumir. La asignación de la responsabilidad por los resultados en empeños grupales elimina con frecuencia la ambigüedad. Los equipo deportivos se adaptan mejor a ese tipo de calibración que los productivos. Pero incluso en un deporte de equipo como el fútbol, los interminables debates sobre el “valor” relativo de los goleadores puros versus los mediocampistas inteligentes, versus los defensas sólidos, para no hablar de factores como la “química del equipo” son una muestra de la dificultad de asignar responsabilidades individuales en los resultados grupales. Y medir el esfuerzo no es siempre tan difícil. Cualquiera que haya dado clases y evaluado a sus estudiantes durante un largo período de tiempo sabe que hay dos maneras distintas de proceder. Los profesores pueden comparar entre sí el resultado de los alumnos, o medirlo contra lo que esperan de cada estudiante a la luz de sus capacidades y su formación previa. Admitir la posibilidad de la evaluación de acuerdo con el “progreso” equivale a reconocer que los profesores pueden, si así lo desean, medir el esfuerzo. A los profesores no les resulta imposible responder a preguntas como la siguiente: “Dado el nivel de preparación de este alumno o alumna al ingresar al curso, y dada su capacidad natural, ¿ha realizado un esfuerzo digno de un sobresaliente, de un notable o de un aprobado?”

Y hay que recordar que quien evalúa el esfuerzo en una economía participativa es un comité formado por los compañeros de trabajo del evaluado. ¿Tendrán esos compañeros de trabajo algún incentivo para recompensar la torpeza en vez de la competencia? ¿Por qué tendrían menos incentivos los trabajadores que los patronos capitalistas para desalentar los esfuerzos ineficientes de uno de ellos? ¿Quién está en mejores condiciones de saber si alguien sólo aparenta esforzarse que quien trabaja a su lado? Los maestros no ven estudiar a sus alumnos, pero los trabajadores sí ven trabajar a sus compañeros. No debe ser tan fácil ocultar la propia capacidad y simular esfuerzo para engañar a los compañeros de trabajo como lo es fingir ante supervisores (o profesores). Por supuesto que existirán desacuerdos entre los compañeros de trabajo acerca de los sacrificios relativos hechos por los individuos, y que los comités de evaluación del esfuerzo inevitablemente cometerán errores. Pero si los procedimientos –incluidos los relativos a las quejas— son justos, y si los trabajadores insatisfechos están en libertad de trasladarse a un nuevo centro de trabajo donde sientan que serán evaluados con más justicia, no hay una mejor manera de tratar de alcanzar la justicia económica.

Se asume con frecuencia que la remuneración según el valor de la contribución de los individuos es el único sistema de incentivos eficiente. Pero una vez que se estipula que el “esfuerzo” incluye los sacrificios personales tanto en la formación como en el trabajo, el único factor discrecional con incidencia en los resultados del que disponen los individuos es su propio esfuerzo. De modo que si se incluye en nuestra definición de esfuerzo laboral el componente del esfuerzo en la formación, el único factor discrecional que influye sobre los resultados es el esfuerzo y, por tanto, ¡el esfuerzo es el único factor que se deberá recompensar para mejorar los resultados! Supongamos que queremos que los participantes en una carrera de diez kilómetros realicen su máximo esfuerzo. ¿Se les debe entregar un premio en metálico al terminar la carrera según el lugar que hayan alcanzado o según la disminución que hayan logrado de sus mejores tiempos personales? La compensación del resultado no les brinda ningún incentivo a los corredores mediocres que no tienen posibilidades de “alzarse con el dinero”, ni tampoco al corredor claramente superior a fin de que corra más rápido de lo necesario para finalizar en el primer lugar.

II.2. El consumo : Cada individuo, familia o unidad habitacional es miembro de un consejo de consumo vecinal. Cada consejo vecinal forma parte de una federación de consejos vecinales que abarca una circunscripción. Cada federación de circunscripción pertenece a una federación de distrito urbana o a la federación rural de una comarca. Cada distrito forma parte de un consejo de consumo de ciudad, cada consejo de ciudad o comarca pertenece a un consejo regional, y cada consejo regional pertenece al consejo de consumo nacional. La razón fundamental para agrupar los consejos de consumidores en federaciones cada vez más abarcadoras es el reconocimiento del hecho de que los diferentes tipos de consumo afectan a diferentes números de personas. Algunas decisiones afectan sólo a los residentes de una localidad, mientras que otras afectan a todos los habitantes de una ciudad, una comarca, una región o una nación. No brindar la manera de que todos los afectados por las actividades relacionadas con el consumo participen en las decisiones relativas a las mismas no sólo implica una pérdida de autogestión, sino que si las preferencias de algunos afectados por una decisión no son tomadas en cuenta o resultan tergiversadas, también implica una pérdida de eficiencia. Una de las grandes desventajas de los sistemas de mercado es su sistemática incapacidad para permitir la expresión de las preferencias de consumo social en igualdad de condiciones a las preferencias de consumo privado. La participación de diferentes niveles de federaciones de consumidores en igualdad de condiciones con consejos de trabajadores y vecinales en el proceso de planificación que se describe a continuación, evita que ese sesgo se produzca en una economía participativa.

Los miembros de los consejos vecinales presentan sus peticiones de consumo acompañadas de las evaluaciones de su esfuerzo que recibieran de sus compañeros de trabajo. Mediante el uso de “precios indicativos” generados en el proceso de planificación participativa que se describe seguidamente, se calcula el costo social de cada propuesta de consumo, para determinar si el costo de la petición de consumo que les plantea a los demás una determinada persona se corresponde con los sacrificios que hizo en su trabajo en beneficio de los demás. Si bien el consejo vecinal de consumo no puede rechazar ninguna petición de consumo avalada por una evaluación positiva del esfuerzo en el trabajo, los vecinos pueden expresar su opinión si consideran que una petición no es recomendable, y los consejos vecinales también pueden aprobar solicitudes sobre la base de la necesidad, además del mérito. Una persona puede solicitar un adelanto o ahorrar, consumiendo más o menos de lo que le correspondería en el año según su nivel de esfuerzo, y todo aquel que quiera presentar una solicitud anónima para proteger su privacidad, puede hacerlo. Se debe señalar que si bien en una economía participativa los individuos consumen en correspondencia con su nivel de esfuerzo en el trabajo, a los usuarios de recursos laborales escasos –los consejos de trabajadores— se les “cobra” en correspondencia con los costos de oportunidad de emplear a diferentes tipos de trabajadores, como seguidamente se describe. Ello evita la contradicción imperante en las economías de mercado entre la equidad (salarios cuya base debe ser el sacrificio realizado) y la eficiencia en la asignación de recursos (cobrarles a los usuarios de servicios laborales según los costos sociales de oportunidad de dichos servicios).

II. 3 Planificación participativa : Los participantes en el proceso de planificación participativa son los consejos y federaciones de trabajadores, los consejos y federaciones de consumidores, y una Junta para la Facilitación de la Iteración (JFI). Desde un punto de vista conceptual, el proceso de planificación es muy simple. 1) La JFI anuncia los estimados del momento de los costos sociales de oportunidad –a los que denominamos “precios indicativos”-- de todos los bienes, recursos, categorías laborales y bienes de capital. 2) Los consejos y federaciones de consumidores responden con propuestas de consumo. Los consejos y federaciones de trabajadores responden con propuestas productivas que incluyen la producción que se proponen alcanzar y los insumos que necesitan para ello. 3) La JFI calcula a continuación el exceso de demanda u oferta para cada uno de los bienes y servicios, bienes de capital, recursos naturales y categorías laborales, y ajusta la estimación del coste de oportunidad de los mismos a la luz del exceso de demanda u oferta. 4) Ya en posesión de esas nuevas estimaciones de los costos de oportunidad, los consejos y federaciones de consumidores y trabajadores ajustan sus propuestas y las vuelven a presentar. Cada consejo de trabajadores y de consumidores debe continuar ajustando su propuesta hasta que entregue una que resulte aceptada por los demás consejos. El proceso de planificación continúa hasta que deja de existir el exceso de demanda de cualquiera de los bienes, categorías laborales, insumos primarios o bienes de capital; en otras palabras, hasta que se lograr elaborar un plan factible.

La JFI carece de poderes discrecionales para establecer los precios, y mucho menos para dictar lo que deben hacer los trabajadores o los consumidores. La JFI no guarda ninguna semejanza con el GOSPLAN existente en la antigua Unión Soviética, que era una burocracia dedicada a la planificación centralizada que sí tenía poder para decidir quién producía qué y cómo lo haría. Por el contrario, en la planificación participativa los trabajadores y los consumidores proponen y ajustan sus propias actividades, en el curso de un proceso que pone de manifiesto los costos y los beneficios sociales de sus propuestas. No es sólo que cada consejo de trabajadores y de consumidores haga su propia propuesta inicial, sino que también tiene la responsabilidad de ajustarla. El procedimiento de la planificación está diseñado para que queden en evidencia las propuestas ineficientes o injustas. Y los demás consejos de trabajadores y de consumidores pueden desaprobar las propuestas injustas o ineficientes, pero la revisión de las propuestas está enteramente en manos de los consejos de trabajadores y de consumidores que las redactaron. Este aspecto de la planificación participativa la diferencia de todos los demás modelos de planificación que conozco, y es un elemento clave para brindarles a los trabajadores y los consumidores la posibilidad de autogestionarse. La planificación participativa otorga poder a los grupos de trabajadores y consumidores sobre sus propias actividades. Los únicos límites son los intereses legítimos de aquellos a quienes afectan. Siempre que lo que un grupo proponga le parezca justo a otros y no malgaste recursos productivos escasos, será aprobado por los demás consejos de trabajadores y consumidores, porque les resultará beneficioso hacerlo.

Este procedimiento de planificación modera por dos vías las propuestas que, al ser demasiado optimistas, resultan impracticables: los consumidores que solicitan más de lo que la evaluación de sus esfuerzos avala se ven obligados a reducir sus peticiones o a solicitar artículos socialmente menos costosos, si es que quieren obtener la aprobación de otros consejos de consumidores que no tienen ninguna razón para aprobar solicitudes de consumo cuyos costes sociales no estén justificados por los sacrificios realizados por quienes hacen la petición. De modo similar, los consejos de trabajadores se ven obligados a incrementar sus esfuerzos, producir una combinación más atractiva de productos o emplear una combinación menos costosa de insumos para que sus propuestas resulten aprobadas. Multiplicando los productos por sus precios indicativos y dividiendo entre los insumos multiplicados también por sus precios indicativos, resulta posible calcular la proporción de beneficios sociales sobre costos sociales de la propuesta de cualquier consejo de trabajadores. Los consejos de trabajadores cuyas propuestas arrojen proporciones menores a la media se verán obligados a aumentar sus esfuerzos o su eficiencia a fin de que las aprueben otros consejos de trabajadores. La eficiencia se promueve en la medida en que los consumidores y los trabajadores reajustan sus propuestas evitando reducciones del consumo o aumentos en los esfuerzos laborales. La equidad se promueve cuando ya no resultan efectivos nuevos reajustes y sólo se puede conseguir la aprobación de los demás consumidores y trabajadores mediante una reducción del consumo o un mayor esfuerzo laboral. Con cada nueva ronda de revisión de las propuestas, el plan general se acerca más a la factibilidad, y los precios indicativos se aproximan a los verdaderos costes sociales de oportunidad. Ningún participante en el proceso de planificación disfruta de ventajas con respecto a los demás, y el procedimiento genera simultáneamente equidad y eficiencia.

Ese procedimiento de planificación participativa protege el medio ambiente de la manera siguiente. Las federaciones de todos los afectados por un tipo específico de contaminante pueden, durante el proceso de planificación participativa, limitar sus emisiones a los niveles que consideren deseables. Una desventaja fundamental de las economías de mercado es que dado que la contaminación es lo que los economistas denominan una “externalidad negativa” –i.e., la contaminación afecta de manera adversa a quienes son “externos” a la transacción mercantil-- las economías de mercado permiten mucha más contaminación de lo que resulta eficiente, incluso según las pautas de la economía al uso. El proceso de planificación participativa, por el contrario, garantiza que nunca se permita la contaminación, a menos que los afectados por ella de manera adversa estimen que los efectos positivos de permitir una actividad que genera contaminación como subproducto contrapesa los efectos negativos de la contaminación sobre ellos y sobre el medio ambiente. Además, el proceso de planificación participativa genera estimaciones cuantitativas fiables de los costos de la contaminación y de los beneficios de la protección ambiental, mientras que los mercados no generan ninguna estimación cuantitativa, lo que da pie a la necesidad de realizar evaluaciones superficiales sobre las cuales discuten interminablemente contaminadores y ambientalistas.

III. Respuesta a preocupaciones legítimas

III.1 ¿Demasiadas reuniones? :Thomas Weisskopf planteó la siguiente pregunta: “¿La asignación de recursos en una economía compleja mediante instituciones participativas para la toma de decisiones no requerirá un procesamiento de la información imposible de realizar? ¿No les hará demandas de tiempo irrazonables a las personas? E incluso si se pudiera compilar correctamente toda la información necesaria, ¿la planificación participativa no requeriría que cada individuo le dedicara tanto tiempo, interés y energía al estudio de esa información y a la participación en reuniones para la toma de decisiones que la mayoría se hastiaría y dejaría de hacerlo?”

Hay buenas razones para preocuparse de que el proceso democrático de toma de decisiones en la economía pueda empantanarse en un debate interminable. ¡Quien nunca haya asistido a una reunión en que las discusiones consumieron más tiempo de los participantes del que valía la pena, debería asistir a más reuniones, o a reuniones de organizaciones más idealistas y radicales! También es cierto que contamos con muy pocas experiencias de planificación económica democrática a escala nacional, en la que tantas cosas hay que coordinar antes de echar a andar un plan. Quizás la única razón por la que la planificación nacional resultaba posible en los países comunistas era porque era autocrática y no democrática. Por último, nuestra limitada experiencia en el nivel nacional con la democracia política, en la que es dudoso que las decisiones sean más escasas que en la economía, ha terminado invariablemente con la delegación del poder de decisión a manos de representantes electos. No es de sorprender que cuando Alec Nove, un estudioso de toda la vida de la economía y el sistema de planificación soviéticos, se aparece con una lista interminable de decisiones que deben coordinarse en una economía moderna, muchos se inclinen a concordar con él en que no hay otro remedio que aceptar el mercado como la única alternativa factible a la planificación autoritaria. Pero, ¿es la toma de decisiones en una economía participativa realmente una tarea tan abrumadora como asumen Nove, Weisskopf y otros?

En primer lugar, el procesamiento de información y el tiempo dedicado a reuniones en las economías capitalistas está lejos de ser cero, hecho que convenientemente silencian los críticos de la idea de la planificación democrática. Como señalara Pat Devine: “En las sociedades modernas, una proporción elevada y posiblemente creciente del tiempo social general se dedica ya a tareas de administración, negociación, organización y manejo del funcionamiento de sistemas y personas. En las sociedades existentes, buena parte de esta actividad tiene que ver con las rivalidades comerciales y el manejo del conflicto social y las consecuencias de la alienación que se derivan de la explotación, la opresión, la desigualdad y la subalternidad. Una estimación reciente indica que la mitad del PIB de los países occidentales avanzados se genera en la actualidad a partir de los costes de transacción derivados de la creciente división del trabajo y el incremento de la alienación asociada a ella.” ¿Nos obligaría una economía participativa a consumir más tiempo para tomar decisiones? Dividamos la cuestión en tiempo de reunión de los consejos de trabajadores, tiempo de reunión de los consejos de consumidores, tiempo de reunión de las federaciones y tiempo de reunión del proceso de planificación participativa mismo.

La concepción y la coordinación forman parte de la organización de la producción en cualquier sistema económico. En las organizaciones jerárquicas de producción, relativamente pocos empleados pasan la mayor parte de su tiempo, si no es que todo, pensando, reuniéndose, coordinando y monitoreando a otros, al tiempo que la mayoría de los empleados se limita a hacer lo que se le manda. Así que es cierto que la mayoría de las personas pasaría más tiempo en reuniones de su centro de trabajo en una economía participativa que en una jerárquica. Pero ello se debe a que en el capitalismo y en la planificación autoritaria la mayoría de las personas está excluida de la toma de decisiones en sus centros de trabajo, como en buena medida lo estarían también en el socialismo de mercado. Esto no significa necesariamente que el total de tiempo dedicado a pensar y reunirse, en vez de a producir, sería mayor en un centro de trabajo participativo. Además, las reuniones y procedimientos autocráticos pueden consumir tanto tiempo y ser tan ineficientes como las reuniones y los procedimientos democráticos. El hecho de que el proceso de toma de decisiones relativas a la producción sea eficiente y racional no está necesariamente relacionado con que sea o no democrático. Por último, aunque puede ser el caso que la toma de decisiones democrática acerca de la producción demande más “tiempo de reuniones” que la toma de decisiones autocrática, también lo es que se requiere menos tiempo para monitorear y hacer cumplir las decisiones democráticas sobre el trabajo que las autocráticas. Cuando los trabajadores participan en la toma de decisiones es más probable que requieran menos supervisión para llevarlas a la práctica. En cualquier caso, el tiempo de reunión de los consejos de trabajadores forma parte de los complejos de empleos equilibrados, i.e., forman parte del día normal de trabajo en una economía participativa, como ocurre en el caso de los administradores y supervisores en las economías existentes. No se trata de una invasión del tiempo de ocio de los trabajadores.

Confesamos que, en nuestra opinión, la toma de decisiones relativas al consumo requiere más interacción social de la que se le concede en las economías de mercado. Una de las grandes fallas de los sistemas de mercado es que no brindan un vehículo adecuado para que las personas puedan expresar y coordinar sus preferencias de consumo colectivo e individual. En las economías de mercado, el consumo social está en desventaja con respecto al consumo individual, precisamente porque faltan los instrumentos institucionales apropiados para facilitar y hacer eficiente la decisión social. Proponemos superar la alienación de las preferencias sociales y la expresión aislada de las preferencias individuales, que es el sello de las economías de mercado, mediante una red de federaciones de consumidores. Si ello tomará más tiempo que la actual organización del consumo depende de un número de mudanzas.

En la actualidad, las elites políticas y económicas dominan las decisiones relativas al consumo local, estadual y nacional. En lo fundamental, operan con relativa independencia del freno que pudiera ejercer la mayoría afectada, pero las organizaciones populares organizan periódicamente campañas que consumen una gran cantidad de tiempo, con la intención de introducir rectificaciones cuando las cosas van demasiado lejos. En una economía participativa, las personas votarían directamente sobre las cuestiones de preferencia pública. Pero eso no demanda una gran cantidad de tiempo, ni requiere asistir a una sola reunión. Los testimonios de los expertos y las opiniones encontradas se transmitirían por un medio de comunicación de servicio público. Los individuos y los grupos de interés que tuvieran criterios muy acendrados sobre temas específicos participarían en esos foros, pero los demás estarían en libertad de prestarle a esos debates tanta o tan poca atención como quisieran. La cuestión clave es que la expresión de las preferencias individuales en lo relativo al consumo público local y nacional resulta tan fácil en una economía participativa como expresar si se prefiere la carne, el pollo, el pescado o el tofu. En cada nivel de consumo público, las opciones son formuladas por delegados democráticamente electos, y votadas por todos los afectados, y no por los delegados, en referendos económicos celebrados en el seno de las federaciones de consumidores. Es cierto que los consumidores votarán más en una economía participativa que en los sistemas de mercado. Pero ello no significa que los consumidores pasen más tiempo en reuniones.

El gran tema, no obstante, es cuánto tiempo de reunión demandará la planificación participativa, a la que anunciamos con orgullo como un “procedimiento social iterativo”. Al contrario de lo que presuponen sus críticos, no propusimos un modelo de planificación democrática en el que los diferentes grupos de trabajadores y consumidores, o sus representantes electos, se reunieran cara a cara para debatir y negociar la manera de coordinar sus actividades. En vez de ello, propusimos un procedimiento en el cual los consejos y las federaciones presentan propuestas únicamente sobre sus propias actividades, reciben nuevas informaciones, incluidas las estimaciones revisadas de los costes sociales, y vuelven a presentar propuestas, de nuevo, sólo acerca de sus propias actividades. Nunca se reúnen. Los consejos y las federaciones presentan sus propuestas y votan a favor o en contra de las propuestas de otros. Y tampoco propusimos la celebración de reuniones de delegados para redactar varios planes factibles y comprehensivos sobre los cuales se votaría. Los delegados de federaciones específicas formularán las opciones de consumo de bienes públicos para que los miembros de su propia federación voten sobre ellas, pero no habrá reuniones de delegados de diferentes consejos y federaciones para negociar los cambios que hagan factibles las propuestas presentadas por los diferentes consejos y federaciones. El procedimiento de planificación participativa que propusimos constituye, precisamente, una alternativa a la noción de “gran reunión” acerca de cómo planificar democráticamente una economía nacional. Concordamos con los críticos que opinan que la versión de “gran reunión” de la planificación económica nacional democrática es poco práctica y que resultaría más bien una pesadilla que un sueño. Esa es la razón por la cual propusimos el procedimiento de planificación participativa en su lugar.

Lo que sí hicimos fue sugerir un procedimiento para ahorrar tiempo que podría emplearse en una economía planificada, si se considera conveniente. Después de que un cierto número de iteraciones haya establecido los contornos fundamentales del plan –sin que se hayan celebrado reuniones entre los delegados de los diferentes consejos— los profesionales de la Junta para la Facilitación de la Iteración podrían definir algunos planes factibles en el marco de esos contornos, para que todos pudieran votar sin haberse reunido ni debatido en ningún momento. El propósito de este procedimiento sería el de ahorrar el tiempo que resultaría necesario para celebrar nuevas rondas de iteraciones destinadas a ajustar las propuestas hasta llegar a un plan factible, cuando queda ya muy poco por decidir. Por ejemplo, si el 97% del plan queda decidido en las primeras siete iteraciones, las personas quizás opinen que no vale la pena trabajar en otras siete para resolver el 3% restante. Si así lo desean, le podrían pedir al personal de la JFI que formulara, digamos, cinco maneras diferentes de resolver el 3% restante del plan y las sometiera a un referendo. En cualquier caso, esta opción reduce el tiempo dedicado a la planificación en vez de aumentarlo. Puede o no emplearse, en dependencia de qué opinen los participantes acerca de la productividad decreciente de subsiguientes iteraciones y de cuán dispuestos estén a confiar en la JFI para que formule diferentes opciones de “cierre”. Finalmente, vale la pena señalar que ni siquiera propusimos reuniones cara a cara en las que los miembros de diferentes consejos o federaciones pudieran fundamentar propuestas de consumo o de producción inusuales. En vez de ello, propusimos que los consejos presentaran información cualitativa como parte de sus propuestas, de modo que las federaciones de los niveles superiores pudieran hacer excepciones en casos fuera de lo común si lo consideraban conveniente. Además, el procedimiento que propusimos para la aprobación o desaprobación de propuestas inusuales es un simple voto, y no una tormentosa reunión.

Si bien estoy convencido de que muchas preocupaciones relativas a la necesidad de interminables reuniones no se aplican a nuestra propuesta, no quiero que nadie se llame a engaño. La toma de decisiones informada y democrática es diferente a la toma de decisiones autocrática. Y la coordinación consciente y equitativa de la división social del trabajo es diferente a dejar las decisiones económicas en manos de las leyes impersonales de la oferta y la demanda. Los partidarios de la planificación participativa creemos, obviamente, que las ventajas de la autogestión y la cooperación equitativa bien valen cualquier inconveniente adicional. Pero ello no quiere decir que no comprendamos que demanda, casi por definición, más intercambio social significativo, razón por la cual se deben hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar las dificultades que tendremos que enfrentar cuando emprendamos la autogestión económica colectiva. Muchos de los procedimientos que recomendamos tienen su origen, precisamente, en la necesidad de evitar los contratiempos nacidos de la ilusión ingenua de que “el pueblo” puede tomar todas las decisiones económicas que afectan sus vidas en “una gran reunión”. Sin duda quienes vivan vidas ricas y plenas en el seno de economías participativas descubrirán otros procedimientos encaminados a reducir el tiempo y las energías necesarios para ocuparse de sus asuntos económicos.

III.2 Eficiencia dinámica : David Kotz planteó la siguiente pregunta: “Quienes proponen nuevos modelos de una economía socialista que intenta combinar la planificación económica con una amplia participación en la toma de decisiones subrayan la potencial superioridad de sus sistemas en comparación con otros para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, esa superioridad por lo general se presenta en un marco estático que, en buena medida, pasa por alto el desempeño de la planificación participativa en el aspecto más dinámico de la vida económica: el cambio técnico y el proceso que lo produce, esto es, la innovación. ¿Proporciona el sistema fuertes incentivos a la innovación? ¿Proporciona el sistema medios sustanciales para llevar a cabo la innovación? ¿Genera el sistema esfuerzos innovadores que contribuyan de manera efectiva al incremento del bienestar humano?” Esas son preguntas importantes, porque aunque se reconozca que el crecimiento ambiental y socialmente destructivo ya no resulta beneficioso, el alza de los estándares de vida de quienes viven hoy en situación de desventaja, la reducción del tiempo de trabajo de todos, la mejora de la calidad de la vida laboral general y la recuperación del medio ambiente natural requerirán grandes dosis de innovación.

Quienes apoyamos la economía participativa no estamos a favor de recompensar a quienes logran descubrir innovaciones productivas con derechos al consumo mucho mayores de los de quienes realizan sacrificios personales equivalente en su trabajo. En vez de ello, y por una diversidad de motivos, recomendamos enfatizar el reconocimiento social de los logros relevantes. En primer lugar, la innovación exitosa es a menudo resultado de la creatividad humana acumulada, de la cual raras veces un solo individuo es responsable. Segundo, la contribución individual a menudo no es sólo producto del esfuerzo, sino, en igual medida, del genio y de la suerte, lo que implica que el reconocimiento de la innovación mediante la estima social y no con recompensas materiales resulta superior en términos éticos. Tercero, no estamos convencidos de que cuando se empleen, los incentivos sociales resultarán menos poderosos que los materiales. Hay que admitir que ninguna economía les ha pagado a los innovadores, o habría siquiera podido pagarles, el valor social total de sus innovaciones. ¡De hacerlo, no quedaría ningún beneficio para quienes las llevan a la práctica! Esto significa que si la compensación material es la única recompensa, la innovación, de todas maneras, recibiría menos estímulos de los necesarios. Además, a menudo la recompensa material no es más que un sustituto imperfecto de lo que verdaderamente se desea: la estima social. ¿Cómo si no explicar por qué quienes ya poseen más riquezas de las que ellos mismos, sus descendientes y los descendientes de sus descendientes podrían consumir sigan esforzándose por seguir acumulándolas? En cualquier caso, estas son las opiniones de quienes abogamos por reemplazar al capitalismo por la economía participativa. La política real sobre esta cuestión sería establecida democráticamente en una economía participativa por sus miembros, a la luz de los resultados.

Tampoco vemos por qué creen algunos críticos que las empresas no tendrían incentivos suficientes para fomentar y llevar a la práctica las innovaciones, a no ser que midan la economía participativa con la vara de una imagen mítica y tergiversadora del capitalismo. En ocasiones, los simpatizantes del capitalismo presumen que las empresas capitalistas innovadoras captan todos los beneficios de sus logros, y también que las innovaciones se diseminan al instante a todas las empresas de una industria. Cuando se explicitan, resulta obvio que ambas ideas resultan contradictorias. Sin embargo, sólo si las dos fueran ciertas podría afirmarse que el capitalismo brinda el máximo estímulo material a la innovación y que logra la eficiencia tecnológica mediante el funcionamiento de la economía. En realidad, las empresas capitalistas innovadoras captan por un tiempo “superganancias” que les arrebata más o menos rápidamente la competencia, dependiendo de un conjunto de factores que incluyen la estructura de la industria, las barreras a la entrada, la legislación sobre patentes y el vigor con que se vela por el cumplimiento de los derechos sobre la propiedad intelectual. Ello significa que, en realidad, en las economías capitalistas se produce un compromiso inevitable entre el estímulo a la innovación y la rápida diseminación de las innovaciones.

En una economía participativa, todas las innovaciones estarán de inmediato al alcance de todas las empresas, de modo que nunca se producirá una pérdida de eficiencia estática. Y si bien se enfatizan los incentivos no materiales para las firmas innovadoras, los incentivos materiales estarán disponibles, si resultaran necesarios, sin sacrificar la eficiencia estática. Los consejos de trabajadores tienen fuertes incentivos para realizar innovaciones que incrementen los beneficios sociales de su producción o reduzcan los costos sociales de sus insumos, porque ello aumenta la proporción entre beneficio social y costo social del consejo de trabajadores. Incrementar esa proporción le facilita al consejo que se acepten sus propuestas en el proceso de planificación participativa, les permite a los trabajadores reducir su esfuerzo y mejorar la calidad de su vida laboral, y puede elevar la evaluación promedio del esfuerzo que el consejo les conceda a sus miembros. No obstante, es cierto que la rápida diseminación de las innovaciones en una economía participativa hará que estas ventajas resulten transitorias. A medida que la innovación se extienda a otras empresas, las estimaciones de los costes sociales de oportunidad cambiarán, los complejos de empleos se reequilibrarán en las empresas e industrias, y los beneficios sociales de las innovaciones, al plasmarse en la práctica, llegarán a todos los trabajadores y consumidores. Así que, ¿qué frenará al incentivo a “ montarse” [free ride] en las innovaciones de otros si los beneficios materiales de las empresas innovadoras desaparecen con tanta rapidez en una economía participativa?

Primero, el reconocimiento al “servicio social” es un incentivo más poderoso para la innovación en una economía participativa, en la que la adquisición de riquezas personales es menos necesaria y es menos probable que genere estima social. En segundo lugar, una economía participativa es más capaz de asignar suficientes recursos a investigación y desarrollo, porque la I +D es, en buena medida, un bien público que, lógicamente, recibe menos fondos de los necesarios en las economías de mercado, pero que el procedimiento de planificación participativa no discrimina. En tercer lugar, aunque lo recomendamos sólo como último recurso, no hay ninguna razón para que no se pueda posponer la recalibración de los complejos de empleos en los centros de trabajo innovadores, o para que no se les puedan conceder a los trabajadores de las empresas innovadoras cuotas extras de consumo durante un período de tiempo, si los miembros de la economía participativa deciden que resulta necesario brindarles más estímulos materiales a las empresas innovadoras para alcanzar ritmos deseables de progreso técnico.

III.3 ¿Muy poca libertad? : Según Thomas Weiskopf, una economía participativa sacrifica los objetivos libertarios en pro de objetivos socialistas tradicionales: “El asunto es qué valor debemos darles a derechos libertarios como la libertad de elección, la privacidad y el desarrollo de los talentos y capacidades de cada persona, en contraposición a objetivos socialistas más tradicionales como la equidad, la democracia y la solidaridad. Se puede plantear que la sustitución de los mercados por un sistema económico participativo contribuirá al desarrollo de una sociedad más igualitaria, democrática y solidaria, pero todo indica que lo haría en detrimento de los objetivos libertarios. Ciertos ideales libertarios vinculados a la libertad de elección personal sólo se pueden satisfacer plenamente si los individuos tienen a su alcance las posibilidades de elección y de “salirse del juego” que únicamente puede proporcionar un sistema de mercado.”

La economía participativa fue el resultado de un intento consciente de diseñar una economía que les permitiera a las personas controlar sus vidas económicas en un sistema de cooperación equitativa con otros. Además de poner las decisiones económicas fundamentales en manos de la ciudadanía en vez de en manos de la elite, en una economía participativa se garantiza plenamente la libertad de elección en cuanto al consumo, el empleo y la vocación, así como la privacidad individual. La presunción de que sólo se pueden alcanzar los objetivos libertarios en un sistema de mercado no es más que eso, una presunción, cuya falsedad revela un examen atento. La libertad de elección entre el consumo y el trabajo, las posibilidades de “salirse del juego” y la “soberanía de productores y consumidores” son tan grandes en una economía participativa como en las economías de mercado, o incluso mayores. ¿Qué pueden hacer los trabajadores en una economía capitalista cuando detestan a su jefe? ¿Qué pueden hacer los trabajadores en las economías socialistas de mercado cuando no están de acuerdo con las decisiones de la mayoría de sus compañeros de trabajo? La opción de “salirse del juego” en esas economías consiste en cambiar de centro de trabajo o comenzar una nueva empresa. En una economía participativa, los trabajadores tienen libertad para renunciar a un consejo de trabajadores y solicitar trabajo en otro. En una economía participativa, las Juntas de Facilitación de la Iteración pueden hacer que resulte mucho más sencillo que en el capitalismo encontrar un ambiente de trabajo más aceptable. En lo que toca a comenzar una nueva empresa, convencer a una federación industrial de la utilidad de una nueva empresa es una tarea muy similar a la de convencer a los gerentes de crédito en un banco y a socios capitalistas dispuestos a invertir de que una nueva empresa resultará rentable. Además, en una economía participativa los trabajadores ejercen mucho más control sobre las formas en que trabajan, y los consumidores una mayor influencia sobre lo que está disponible para consumir que en las economías de mercado, en las cuales el mito de la “soberanía de productores y consumidores” es, en buena medida, una mentira.

Si esto es así, ¿por qué insisten algunos en creer que la economía participativa sacrifica los valores libertarios? Dejando a un lado las interpretaciones erróneas de lo que proponemos, la cuestión se reduce a que existen diferentes concepciones de lo libertario. ¿Qué es una economía libertaria? Por ejemplo, si las personas no son libres de comprar a otro ser humano, ¿no es libertaria la economía? Sin duda hay circunstancias que llevarían a algunas personas a venderse como esclavos, a sabiendas y gustosamente, pero son pocos los que se negarían a llamar libertaria a una economía porque en ella se prohibiera la esclavitud. Si las personas no están en libertad de alquilar los servicios de otro ser humano a cambio de un salario, ¿no es libertaria la economía? Hay circunstancias de todos conocidas que llevan a algunas personas, a sabiendas y gustosamente, a aceptar lo que los socialistas han denominado tradicionalmente la “esclavitud del salario”. ¿Quiere esto decir que el socialismo de mercado no es libertario porque se prohíbe en él la relación empleador-empleado? Igualar la “democracia económica” con la libertad de los individuos para hacer lo que les plazca constituye una interpretación del término superficial y plagada de contradicciones. De modo similar, igualar una economía libertaria con la libertad para comprar o vender cualquier cosa despoja al ideal libertario de los méritos a los que es tan justamente acreedor.

Por supuesto que es bueno que las personas tengan libertad para hacer lo que les plazca, pero sólo si ello no infringe libertades y derechos más importantes de los demás. Yo no debo tener libertad para matar, porque de hacerlo, le estaría robando a otro el derecho a la vida, que es más básico. No debo tener libertad para ser dueño de otro ser humano, porque lo estaría despojando de un derecho más básico: el de decidir cómo quiere conducir su vida. Los socialistas de todos los pelajes creyeron en otras épocas que no debía yo tener la libertad para emplear a otro, porque mi libertad de empresa, o mi derecho a la propiedad, le roba a ese otro el derecho humano más básico de administrar sus propias capacidades laborales. Los socialistas y la mayoría de los liberales creyeron en otros tiempos que no debía yo tener la libertad de legarle una herencia sustancial a mis descendientes, porque eso despoja a los descendientes de padres menos ricos de un derecho más básico: el de disfrutar de iguales oportunidades económicas en la vida. Es posible formular un principio general: Las restricciones a los derechos de ciertos individuos se justifican cuando resultan necesarias para proteger derechos más básicos de otros, y como esas restricciones no reducen, sino que incrementan la libertad individual en toto, son absolutamente compatibles con los valores libertarios. Pero aparte del derecho a la vida, el derecho a administrar su propio trabajo y el derecho a disfrutar de iguales oportunidades económicas, ¿hay otros derechos que los individuos no deberían violar cuando deciden hacer lo que les place?

Vayamos directos al grano. Supongamos que tengo grandes facultades intelectuales, obtengo buenas notas en los exámenes de ingreso a la universidad, me destaco allí en los primeros años, estudio medicina y posteriormente me especializo en neurocirugía, todo pagado con fondos públicos. ¿Debo tener libertad para vender mi talento y mis habilidades al mejor postor? En una economía de libre mercado habría quienes estarían dispuestos a pagarme mucho por mis servicios. Pero el alto valor de mi contribución no tendría como base únicamente mi esfuerzo. Sería producto del talento que llevaba en mis genes y de una educación sufragada con fondos públicos, a lo que se sumarían mis esfuerzos. Así que si la remuneración está en correspondencia con el valor de la contribución realizada, recibiría más de lo que corresponde a mis sacrificios, merced al intercambio de libre mercado, mientras que otros menos talentosos y menos educados recibirían menos de lo que merecen a partir de sus sacrificios. Tal parece que tenemos que decidir si quienes participan en una cooperación económica con otros tienen derecho a esperar un resultado justo, i.e., el derecho a una distribución equitativa de las obligaciones y los beneficios de la cooperación social. Y también si ese derecho es más básico que el derecho de los individuos a recibir lo que esté dispuestos a pagarles el mercado por el ejercicio de su capital humano. La cuestión no radica en la libertad de elección de los individuos entre los diferentes papeles que pueden desempeñar en la división del trabajo. La cuestión radica en cómo los individuos libres para elegir esos papeles económicos deben ser compensados. Creo que la idea de que las personas tienen derecho a una compensación equitativa cuando se incorporan a un sistema de cooperación económica con otros resulta defendible. Por otro lado, no se me ocurre ninguna razón por la cual las personas tengan “derecho” a la compensación que el mercado quiera concederles. ¿Cuál sería la base de ese “derecho”? En resumen, creo que las personas deben estar en libertad de hacer lo que quieran. Pero eso no implica que deban tener libertad para apropiarse de una cuota mayor de la que en justicia les corresponde en un sistema de cooperación social. Es por eso que en una economía participativa se protege la libertad de los individuos a una educación y un empleo ajustados a sus preferencias, pero no la libertad para disfrutar de injustas ventajas para consumir más que otros que han realizado iguales sacrificios, establecidas sobre la base de diferencias moralmente arbitrarias en términos de capital humano.

O supongamos que soy especialmente competente y enérgico, y que estoy más que dispuesto a invertir todo mi tiempo de trabajo analizando y evaluando diferentes opciones para mi consejo de trabajadores. ¿Debo disfrutar de la libertad de trabajar en un complejo de empleos donde dedique todo mi tiempo a actividades de análisis y toma de decisiones? Para decirlo con palabras de Weisskopf: “es muy probable que muchos prefieran realizar actividades laborales más especializadas de lo que resultaría permisible de acuerdo con los requerimientos de un complejo de empleos equilibrados, lo que significa que hacer cumplir esos requerimientos muy probablemente lleve aparejada una coerción implícita o explícita.” Pero si se me permite trabajar en un complejo de empleos significativamente más acreditados que otros, algunos de mis compañeros de trabajo tendrán que trabajar en complejos de empleos con menos influencia , y al cabo de poco tiempo el hecho de que mis compañeros de trabajo disfruten de la misma oportunidad formal que yo de participar en la autogestión económica no significará que disfrutan de la misma oportunidad efectiva de participar. Al cabo de un tiempo, mi influencia sobre las decisiones económicas superará el grado en que soy afectado por ellas, porque mi vida laboral será especialmente prominente, y la influencia de mis compañeros de trabajo será menor, porque su vida laboral los habrá hecho perder influencia con respecto a mí.

Los partidarios de la economía participativa creemos que todos deben tener la oportunidad de participar en la toma de las decisiones económicas en proporción al grado en que se ven afectados por ellas. Creemos que la autogestión es un derecho fundamental de quienes participan en un sistema de cooperación económica. Por tanto, cuando las personas disfrutan de la libertad de hacer lo que les place, ello no significa que deban disfrutar de libertad para infringir el derecho de otros a la autogestión. De ahí que no creamos que cuando un grupo de trabajadores diseña complejos de empleos en su centro de trabajo para garantizar que todos dispongan de la información y las capacidades necesarias para participar efectivamente en la autogestión estén ejerciendo una “coerción implícita o explícita”. Es cierto que cuando los trabajadores equilibran en términos de poder y control los complejos de empleo en sus centros de trabajo, ninguno de ellos podrá “elegir” empleos que sean significativamente más influyentes que los de sus compañeros. Pero, ¿por qué tendrían que poder hacerlo? ¿Por qué quienes trabajaran en los complejos de empleos más poderosos –de existir dichos complejos— no serían culpables de coartar y oprimir a sus compañeros de trabajo?

III.4 ¿Humanamente imposible? : George Scialabba planteó la siguiente pregunta: “Aceptando que el modelo de economía participativa de Albert y Hahnel sea técnicamente factible, ¿resulta humanamente factible? ¿No presupone un grado de solidaridad y de indiferencia a las comodidades, el estatus, la privacidad y la movilidad que resulta irrazonable esperar?” Las preocupaciones relativas a que la economía participativa asume que las personas son altruistas constituyen, por lo general, la última línea de defensa contra la economía participativa. Muchos de los que declaran que les gusta la idea y encuentran que es un alivio del mundo de la competencia y la codicia despiadadas, vacilan, sin embargo, porque creen que una economía participativa presupone que las personas son más generosas de lo que lo es la mayoría de nosotros y que, por tanto, si bien se trata de una idea hermosa, no funcionaría en la práctica.

En el capítulo 5 de The Political Economy of Participatory Economics presentamos un modelo formal de economía participativa y nos preguntamos cuál sería el comportamiento individual racional en ese contexto. Tras deducir lo que harían las personas racionales ante las regulaciones y procedimientos de una economía participativa, analizamos ese comportamiento para ver si coincidía con una conducta socialmente eficiente, y demostramos que era así. No emprendimos el ejercicio inútil de asumir que los individuos eran santos revolucionarios que siempre actuarían de maneras socialmente responsables, para después proclamar tautológicamente que en una economía participativa se trabajaría en bien de la sociedad, como parecen haber asumido muchos de nuestros críticos. En vez de ello, diseñamos instituciones, procedimientos y reglas de forma tal que cuando los individuos actuaran movidos por su interés personal, su conducta resultara socialmente eficiente y equitativa. Jason Pramus, quien criticó la economía participativa con otros argumentos, al menos reconoció que nuestra metodología era conservadora en lo que toca a este aspecto: “Looking Forward no es un libro ingenuo. No es ni siquiera un libro utópico. A su manera, es sumamente práctico. No espera que las personas de esa hipotética economía se conduzcan como santos revolucionarios. Plantea un sistema en el cual los intereses personales coincidirán en un alto grado con los intereses más generales de la sociedad a la que los individuos pertenecen. No parte de la idea de que la codicia y la deshonestidad desaparecerán, sino que presenta salvaguardias que logren minimizar los daños que representarían dichas tendencias.”

En suma, el mecanismo principal para impulsar a un consejo de trabajadores que trata de satisfacer sus propios intereses a conducirse de manera socialmente responsable es que debe demostrarles a otros consejos de trabajadores y de consumidores que los beneficios sociales de su propuesta exceden de manera aceptable sus costos sociales. Los consejos de consumidores son inducidos a conducirse de maneras socialmente responsables porque deben demostrarles a otros consejos que el costo social de los bienes que solicitan se corresponde con la evaluación promedio del esfuerzo laboral de sus miembros. El principal mecanismo para impulsar la conducta responsable de los individuos es la evaluación del esfuerzo por sus compañeros de trabajo y la asignación del consumo según esa evaluación. Por tanto, fuimos enfáticos al no asumir que las personas estarían motivadas por la solidaridad y que serían indiferentes a su comodidad y estatus individual.

Ello no quiere decir que no tengamos la esperanza de que una práctica prolongada de la conducta socialmente responsable que promueven las regulaciones y procedimientos de una economía participativa, y de observar que otros hacen lo mismo, no produzca un aumento de la confianza y la preocupación de unas personas por otras. Existen numerosas evidencias de solidaridad, incluso en nuestros días: los individuos son solidarios con familiares y amigos, y en el seno de diversas comunidades cuyos miembros están unidos por lazos de confianza y mutua preocupación. Por tanto, confiar en los demás no es una conducta ajena a la especie humana. Pero fuimos muy cuidadosos de no asumir que en una economía participativa las personas favorecerían el interés social si este entraba en conflicto con su interés personal, porque eso habría sido utópico en el peor sentido de la palabra.

IV. Conclusión

El “modelo” de economía participativa nunca pretendió ser un “plano” para que otros lo siguieran cuando se encontraran listos para abandonar el capitalismo. Lo creamos en un inicio para demostrar que una cooperación eficiente y equitativa entre “productores (y consumidores) asociados” resulta teóricamente posible por la vía de un sistema participativo de planificación democrática y que, por tanto, quienes se oponen al capitalismo no están obligados a escoger entre 1) la planificación autoritaria, 2) el “socialismo de mercado” o 3) alguna de las versiones de “economía comunitaria” que renuncian a las considerables ventajas que brinda la especialización y no explican cómo interactuarán las comunidades cuando resulte que son solamente “semiautónomas” y no enteramente autosuficientes. El modelo para una economía participativa es comprehensivo y concreto, y no una mera lista de valores y objetivos; no dicta cómo hacer las cosas, pero les brinda a quienes dudan un objeto concreto para sus críticas. Las especificaciones que incluye no tienen como objetivo despojar a quienes vivirán en la economía que reemplace al capitalismo de su derecho a decidir cómo organizarán sus asuntos, sino obligarnos a todos los que creemos que la cooperación equitativa resulta humanamente posible a explicar cómo pueden resolverse los conflictos y disponerse los incentivos de modo que cuando las personas actúen en aras de su propio interés no lo hagan en contra de los intereses sociales. Los partidarios de la economía participativa tratamos de establecer un diálogo con otros acerca de estos temas porque creemos que el movimiento anticapitalista debe reflexionar continuamente acerca de cómo pueden hacerse mejor las cosas en vez de dejar la cuestión de qué reemplazará al capitalismo para que la resuelva el futuro poscapitalista. Creemos que es necesario abordar las cuestiones que nos plantea la economía participativa al mismo tiempo que luchamos contra las desigualdades e ineficiencias del capitalismo, para que un futuro movimiento anticapitalista mayoritario sepa qué hacer cuando, finalmente, el capitalismo resulte superado.

NOTAS

Alec Nove: The Economics of Feasible Socialism, George Allen and Unwin, 1983, p. 44.

A partir de 1991, en numerosas publicaciones, Michael Albert y yo hemos seguido desarrollando el modelo, lo hemos defendido de una diversidad de críticas y hemos analizado diferentes estrategias para superar la economía de la competencia y la codicia a favor de una economía de cooperación equitativa. Ver Albert y Hahnel: “Socialism As It Was Always Meant to Be”, Review of Radical Political Economics, 1992; “Participatory Planning”, Science & Society, 1992; “Yes, Socialism Without Markets”, Socialist Review, 1992; y “In Defense of Participatory Economics”, Science & Society, 2002. Ver también Michael Albert: Moving Forward: Program for a Participatory Economy, AK Press, 2001; y Parecon: Life After Capitalism, Verso, 2003. Y Robin Hahnel: “Participatory Economics and the Environment”, Synthesis/Regeneration, 2004; “The Limits of Community Based Economics”, Greenpepper Magazine, 2004; “When Is Small Beautiful and When Is Small Simply Small?”, Green Horizon Quarterly, 2004; “Economic Vision and Participatory Economics”, The Scottish Left Review, 2005; y Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation, Routledge, 2005.

Para un excelente panorama de la abundante literatura que evalúa los efectos de la participación en la productividad de los trabajadores, ver “ Participation, Productivity, and the Firm's Environment” de David I. Levine y Laura D'Andrea Tyson, en Alan S. Blinder (ed): Paying for Productivity: A Look at the Evidence, Brookings Institution, 1990.

Los denominamos “precios indicativos” no sólo porque en las primeras rondas del proceso de planificación dichos “precios” son estimaciones poco precisas de los costes sociales de oportunidad, sino también porque no queremos dar la impresión de que los precios, incluso los establecidos en la última ronda de la planificación – que son las mejores estimaciones posibles de los costes de oportunidad— constituyan algo más que “indicaciones” de los verdaderos costes sociales de oportunidad.

Para un análisis más detallado de cómo se combinan el proceso anual de planificación, el proceso de planificación a largo plazo y otros elementos de una economía participativa para proteger el medio ambiente sin una pérdida de eficiencia económica, ver el capítulo 8 de Economic Justice and Democracy .

Thomas Weisskopf: “Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past”, Review of Radical Political Economics,24, 3&4, 1992, pp. 14 -17.

Pat Devine: Democracy and Economic Planning, Westview, 1988, p. 265.

La formulación y la revisión de las propuestas forma parte del trabajo conceptual de los consejos y las federaciones. De ahí que las reuniones para decidir sobre las propuestas y las revisiones de las actividades propias se realicen en reuniones de cada uno de los consejos y las federaciones, y no entre ellos.

David Kotz: “Socialism and Innovation”, Science & Society 66, 1, 1992, pp. 94-96.

En las economías capitalistas, la única manera de hacer que los innovadores capten una porción mayor de los beneficios de sus innovaciones es permitirles que les nieguen a otros el acceso a la innovación, aunque sea temporalmente. Esto conlleva, necesariamente, una pérdida de eficiencia estática Una economía participativa puede emplear los incentivos materiales para promover la eficiencia dinámica, si se considera necesario, sin perder ninguna eficiencia estática.

Weisskopf: Ibid., pp. 21-22.

Weisskopf: Ibid, p. 20.

George Scialabba: “A Participatory Economy”, Dissent, mayo de 1992, p. 282.

Jason Pramus: “Looking Forward: A Roundtable on Participatory Economics”, Z Magazine, julio-agosto de 1991, p. 74

En The Origins of Virtue (Penguin Books, 1996), Matt Ridley brinda una síntesis asequible de los desarrollos recientes de la teoría de los juegos matemáticos y la biología evolutiva, que permite entender más a profundidad la base genética y de conducta de los instintos humanos y la evolución de la cooperación.

indice de las ponencias de 2006

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