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indice de las ponencias de 2006

ESTANCAMIENTO DE LA ÉLITE Y AUTONOMISMO DE LOS TRABAJADORES EN NICARAGUA, CUBA Y ARGENTINA

Sean Herlihy
Texas Southern University, U.S.A.

traducido por Mara Tubert

Introducción: el modelo de estancamiento de la élite

Los revolucionarios, comunistas y capitalistas se han tropezado y a pesar de ello, o más bien gracias a esto, los trabajadores han ganado mayor poder en los lugares de trabajo. Las élites en Nicaragua y Cuba en la década de los 90 y en Argentina en 2001 se han encontrado en un callejón sin salida en el que han permitido que los trabajadores tengan el control de medidas significativas para el autonomismo del trabajador. Este artículo presenta una explicación estratégica de las observaciones realizadas en Cuba y Nicaragua durante más o menos 22 meses de disertaciones en el campo de trabajo durante la década de los 90 y dos semanas en Argentina en 2005. Este modelo ayuda a explicar otros movimientos de autogestión tales como los comités de la industria de la revolución rusa, las invasiones territoriales en Zimbabwe e incluso de la fábrica de cigarros que fue por democrática por un momento breve en Iraq cuando este país estaba bajo la ocupación de los EE.UU. Los teóricos sandinistas Orlando Nuñez y Juan Morales argumentan que el ímpetu del trabajador y el campesino para controlar directamente los medios de producción explica los momentos decisivos en la revolución nicaragüense. René Mendoza y Arturo Grigsby, quienes critican a los sandinistas, abogan por la propiedad privada de la tierra, aunque ellos también ven que el deseo de los campesinos para tener el control directo de sus granjas son eventos importantes. En Argentina, escritores como Pablo Heller, Esteban Magnani, Julián Rebón y la cooperativa Lavaca han analizado el significado del movimiento de empresas recuperadas. Este artículo defiende el punto de que los trabajadores y campesinos aprovecharon el estancamiento de las élites para ganar un mayor control sobre la producción en los tres países.

Este modelo tiene cuatro ventajas explicatorias tanto sobre las versiones del Marxismo que están orientadas al estado, como sobre la corriente principal de democratización y las teorías de la privatización. En primer lugar, desafía la idea del estado como un punto estratégico exclusivo que le da una ventaja relativa. En segundo lugar, le atribuye a las clases populares como medio de acción las maniobras realizadas entre los capitalistas y las fuerzas estatistas, algunas veces tomando ventaja de ellos y otras viéndose atrapados las mismas. En tercer lugar, adopta una construcción popular, más que de una clase media, de la sociedad civil en contraste con la mayoría de las teorías de la democratización. En cuarto lugar, estos movimientos ofrecen una estrategia para resistir ante la globalización en un mundo posterior a la Unión Soviética.

Este modelo explica tres movimientos de los trabajadores que toman el control de la producción en Nicaragua, un cuarto en Cuba y un quinto en Argentina, con base en la explicación de los periodistas, estudiosos y representantes de tres grupos de fuerzas sociales. En Nicaragua éstas eran: 1. los capitalistas, propietarios de grandes extensiones de tierra y sus aliados en el gobierno, 2. el partido sandinista y los funcionarios públicos y 3. los trabajadores; en Cuba se trataba de: 1. los altos funcionarios, los economistas y los teóricos sociales que abogaban por la cooperativización dentro del marco socialista, 2. los funcionarios del partido comunista y los administradores de las empresas, que habían permanecido escépticos acerca de la cooperativización y la marquetización y 3. los trabajadores; en Argentina se realizaron las entrevistas en particular con los trabajadores y líderes de la empresa recuperada, pero las principales fuerzas serían los peronistas, los radicales y los trabajadores. El número de centros de producción investigados –cincuenta y cuatro- no es muy grande en términos absolutos, las observaciones son subjetivas y el trabajo de campo se realizó en su mayoría en los dos primeros países, aunque la muestra considera ocho variables significativas: 1. los tres diferentes países; 2. los tipos de producción, incluyendo el industrial, el de servicio y el de venta al por menor o agricultural; 3. la proximidad al capital; 4. las regiones del país; 5. la urbanidad o lejanía; 6. la forma de propiedad; 7. si la anterior era exitosa o no y 8. si se trataba de un movimiento a favor o en contra del régimen en cuestión.

En este artículo se utiliza el término “autonomía del trabajador” para designar a los trabajadores que están ganando una mayor influencia en sus lugares de trabajo. Una mayor influencia puede ser una sutil “arma de los débiles” como lo sería realizar proyectos personales utilizando el tiempo de la compañía, o podría resultar dramático y poderoso, como una invasión campesina de la tierra o una revolución; también puede ser informal como cuando hay una desaceleración en la producción para provocar un cambio de políticas, o reconocida como formal como fue el caso de la participación de los trabajadores en la constitución sandinista; puede tratarse de un proceso individual, como un campesino tomando el control de su propia parcela, o colectivo como un sindicato de trabajadores que toman el control de una fábrica. En este sentido casi todos los trabajadores luchan la mayor parte del tiempo por alcanzar su autonomismo. Para comprender las políticas del trabajo y el conflicto de clases no se puede dar el lujo de ignorar las formas sutiles y los temas informales del enfrentamiento. El autonomismo del trabajador no se encuentra por completo ausente o asegurado. En los tres casos de las naciones que hemos considerado en el presente, los trabajadores lucharon para alcanzar el autonomismo del trabajador, y lo lograron, a pesar de tratarse de formas limitadas de autonomismo.

1. Hiato entre Somoza y los sandinistas

Los sandinistas y sus campesinos seguidores se apoderaron de propeidad del estado y supuestos somocistas, que habían llegado de la APP (Area of People’s Properties – Área de las propiedades del pueblo”. En 1980 la APP sumaba el 21% de la agricultura, el 25% de la manufactura, el 30% de la construcción, el 95% de la minería y el 25% de los servicios. Al mismo tiempo de la apropiación por parte de los funcionarios del gobierno en el momento del triunfo, los trabajadores y campesinos a veces expropiaban de manera activa a los somocistas y otras veces mantenían a las empresas cuando los propietarios y administradores ya habían huido. Al comienzo de la revolución, con frecuencia los trabajadores tomaban el control de las industrias y de la agricultura para evitar la descapitalzación, el robo y el deterioro durante el hiato entre las administraciones capitalista y socialista. Muchas de las empresas donde llevé a cabo mis entrevistas y observaciones tenían sus propias y cortas experiencias de autogestión al momento de las mismas.

Los sandinistas organizaban la mayoría de la tierra expropiada en granjas estatales más grandes dirigidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA). Jaime Wheelock, el antiguo jefe de MIDINRA, me dijo en una entrevista que en los meses previos y posteriores a la revolución, las personas invadían la tierra e “imponían sus propios modelos” de posesión de la tierra o lo hacían “sin ningún modelo”. La agencia de investigaciones de MIDINRA dirigida por el teórico en jefe de Wheelock, Orlando Nuñez, publicó el artículo “La democracia participativa en Nicaragua” (Participatory Democracy in Nicaragua), en la que dice que durante las campañas de guerrilla en contra de Somoza “el pueblo y las organizaciones populares confiscaron algunas propiedades agrícolas donde la dictadura había perdido control militar, y un tipo de control de la autogestión insurgente comenzó y recibía… apoyo de las columnas de guerrillas”. Dice que “la administración del trabajador normalmente consistía en una asamblea general” donde participaban todos los trabajadores, los guerrilleros y algunos propietarios de la tierra del área y tomaban decisiones por “consenso”. El panfleto dice que este tipo de “autonomismo del trabajador continuó por varios meses después del triunfo”. Wheelock dice que “la revolución rompió con estructuras y creó un espacio”, aunque, desafortunadamente, con la gente “robando las máquinas, nos encontrábamos en una situación de anarquía”.

El panfleto describe la desilución sandinista y la eliminación del autonomismo del trabajador directo, porque “la institucionalización que avanzaba puso fin a estas experiencias de autogestión”, para que “el ejercicio del poder más centralizado en las manos de una sola persona produjeran una fuerte confrontación” entre los trabajadores y los técnicos en las unidades productoras del estado. Los agricultores “tenían miedo de perder el control de la propiedad que ellos sentían como suya por derecho”. El sindicato sandinista de los trabajadores apoyó las asambleas para la reactivación económica en 1980 y trató de reconciliar a los administradores y los trabajadores. No obstante, con frecuencia terminaban en “discusiones tormentosas” y “acusaciones de que los directivos estaban en contra de los trabajadores”. Los comentarios de Wheelock y su panfleto muestran que las formas directas y radicales del autonomismo del trabajador perturbaban a las autoridades sandinistas, quienes acusaban a los trabajadores y se disculpaban de una manera falsa y en apariencia apenados, por implementar en 1980 una administración más jerárquica controlada por el estado.

Wheelock me comenta que “el programa del Frente Sandinista no planeaba tener en un principio empresas estatales” para la tierra. Sin embargo dice que los sandinistas, junto con los campesinos, tomaron posesión de “la mayor parte de la tierra desarrollada en Nicaragua”, es decir, las granjas más grandes, más modernas y más industrializadas que tenían cosechas lucrativas de algodón, tabaco y café, pero los campesinos tan sólo querían usar la tierra para cosechar granos básicos para su subsistencia, para su “auto consumo”. Menciona que esto socavó el valor económico de la producción al punto de que cuando él tomó el control de la reforma agraria su trabajo fue reestablecer el nivel de productividad que el país había alcanzado en 1978. Afirma que en ese tiempo todos pensaban que una agricultura productiva demandaba de operaciones a gran escala con una administración de expertos, ya fuera de capitalistas o de socialistas. Comenta que en ese momento no había “campesinado”, ni por parte de los sandinistas a favor de las pequeñas cooperativas, o por parte de los antisandinistas que favorecían las pequeñas o medianas granjas privadas.

Wheelock confirma que cuando el antiguo régimen había colapsado y antes de que el nuevo fuera establecido, los campesinos se apoderaron de la tierra tanto por su cuenta como con el consentimiento sandinista. La reforma agraria expropió tierras de seguidores pudientes de Somoza y de sus oponentes políticos, y le dio a muchos campesinos y trabajadores una influencia más directa en el lugar de trabajo y un mayor acceso a la tierra, al mismo tiempo que estableció grandes empresas estatales en la agricultura y la industria. Wheelock comenta que en 1981, “en respuesta ante el problema del campesino”, ellos comenzaron a dar la tierra a los individuos. Al principio ellos le daban predios a los precaristas que invadían la tierra, lo que sugería que la iniciativa de la toma de posesión individual de la tierra se daba por parte de los campesinos. Wheelock añade que “existía una resistencia de unirse a las cooperativas por parte de un sector de los campesinos, en especial durante la guerra de los campesinos en la montaña”, las áreas menos desarrolladas y más aisladas y escarpadas.

Para los trabajadores industriales urbanos, así como para el movimiento de la guerrilla sandinista, que estaba fuera del poder, se había abogado por la participación en la administración y cuando se trató de impulsarlo en un principio se experimentó con la participación del trabajador, aunque no con el control total del trabajador, en la mayoría de las empresas. Además de la autogestión agraria, La democracia participativa en Nicaragua describe una variedad de experimentos con la participación del trabajador en la industria a principios de la década de los 80. Se llevaron a cabo entrevistas extensivas sobre esta disertación en El Caracol, una planta de cerveza con bajo contenido de alcohol en Managua, en la que, como en muchas otras empresas, los trabajadores evitaron que los antiguos dueños la descapitalizaran y tomaran el control de las funciones administrativas cuando huyeron. Después, el gobierno puso a las empresas en las manos de la administración centralizada de la APP. El panfleto dice de nuevo que con frecuencia los nuevos administradores se hacen cargo de la autoridad que los trabajadores reclaman como propia. La Corporación Industrial del Pueblo (COIP), una agencia incluyente de la industria estatal, organizó asambleas para la reactivación de la economía en las empresas que se buscaba reemplazar, utilizando para ello los mecanismos de participación del trabajador. Con frecuencia estos se encontraban con la resistencia del trabajador donde los sindicatos de trabajadores ya “habían alcanzado una influencia significativa en las empresas”. Estas asambleas solían ser el escenario de intensos conflictos de la administración del trabajo por lo que los administradores gubernamentales pensaban que “la falta de una preparación administrativa de la clase trabajadora se había demostrado con creces”. Entonces el gobierno introdujo un consejo consultivo un año después de formar las asambleas, los cuáles eran más pequeños y le daban al trabajador una representación minoritaria. Durante este periodo el gobierno enfatizó la disciplina del trabajo y prohibió las huelgas.

En 1993 me reuní con funcionarios y miembros de la cooperativa El Caracol, quienes describieron los tres momentos de la afirmación de los trabajadores de controlar la empresa antes, durante y después de que los sadinistas estuvieran en el poder. Susi Rivas, una secretaria de un sindicato preocupado por las mujeres, comenta que los antiguos dueños, los Campos, fueron “somocistas” que cooperaban con la policía de Somoza para reprimir los esfuerzos de organización del sindicato; ella agrega que después del triunfo el 19 de julio de 1979, los Campos detuvieron la producción por dos meses. Los trabajadores se deshicieron del sindicato blanco, o el sindicato de la compañía, y formaron uno real. Los Campos dijeron que querían correr a 36 personas pero, cuando los trabajadores se rehusaron a aceptarlo, ellos continuaron con la producción de cualquier manera. Magelda Campos incluso recibió un préstamo de cuatro millones de córdobas del gobierno sandinista. César Aragán, quien después se volvió el director de la cooperativa, dice que los trabajadores descubrieron que los Campos estaban descapitalizando y, después de que ellos se fueran una tarde a las 5 p.m., los trabajadores se apoderaron de la fábrica. Sin embargo, los trabajadores dicen que el gobierno no mandó a un administrador en los siguientes dos meses, así que los líderes del sindicato tomaron la iniciativa de dirigir la compañía por este tiempo, a la vez que le pedían al gobierno que la nacionalizara. Ellos mencionan que los líderes del sindicato manejaron la planta de forma razonable por dos meses. Durante este proceso ellos desarrollaron el deseo de luchar, otro de los nódulos de la sociedad civil socialista, y la confianza de que los trabajadores podían autogestionarse.

La empresa se volvió tanto una victoria como una carga para los trabajadores. En 1980 ellos trabajaban en forma voluntaria 75,000 horas durante varios meses, donde tan sólo botenían para comer, sin salario alguno para pagar la deuda de cuatro millones de córdobas que dejaron los Campos. No obstante, Martínez, el jefe anterior del sindicato, comenta que de 1980 a 1986 los administradores designados por el estado “no querían que los trabajadores participaran en la administración de la empresa”. Añadió que ellos provenían “de la clase burguesa” y, aunque estaban dispuestos a escuchar a los trabajadores, solían imponer sus propias políticas. En forma irónica, el llamado trabajo “voluntario” impuesto por lo que ellos consideraban administradores opresivos, incrementó su sentido de propiedad sobre El Caracol y su identificación con el Frente.

A pesar del cambio general hacia métodos administrativos menos democráticos cuando los sandinistas se consolidaron en el poder e intentaron activar la economía, los trabajadores todavía tenían una influencia real y los sindicatos hicieron caso omiso de la prohibición de huelgas. En El Caracol, como en todas partes, el sindicato tenía el poder de remover a los directivos de la empresa incluso cuando la COIP hubiera determinado que los directores tuvieran autoridad en la toma de decisiones de la empresa. El sindicato y las asambleas de trabajadores tenían una autoridad considerable a pesar de que pareciera que los líderes sindicales elegidos habían tomado la mayoría de las iniciativa.

2. Contra resistencia y la presión ejercida por los campesinos para que los sandnistas distribuyeran la tierra

Aún Wheelock y la mayoría de los observadores comprensivos admiten que durante la contrarrevolución los Contras por sí mismos, así como los campesinos sandinistas, presionaron al gobierno para que repartiera la tierra de manera individual. Wheelock dice que a los sandinistas les faltaba “una base social en el campo”, dejando abierta la puerta para los Contras, o como también se les conoce, la “Resistencia”. Él describe al liderazgo más alto de los Contra como profesionales, miembros de la guardia nacional de Somoza, y algunos políticos de nivel medio como “campesinos de clases media y alta”, y que la mayor parte de los combatientes reales como “campesinos sin tierra”. También menciona las motivaciones ideológicas y culturales, ya que los campesinos no entendían la revolución y temían que el frente sandinista estuviera socabando a la familia. Sin embrago, él dice que los campesinos dueños de tierras y “todos los pequeños y grandes propietarios de tierra pensaban que la reforma agraria era una amenaza” y protestaban de que se les exigiera vender sus productos al estado por un precio menor al del mercado y a la racionalización de productos industriales escasos. Wheelock además añade que en 1987 con la escasez de alimpentos en los tiempos de la guerra, las personas estaban pidiendo que la reforma agraria cultivara la tierra desocupada, y “estaban planeando un complot de manera desorganizada”, así que esto les permitió apoderarse de la isla de manera provisional .

Los analistas prosandinistas en la escuela Nica en Esteli escribieron que la resistencia se contradijo al utilizar a campesinos ricos y pobres para exigir derechos individuales de la tierra y jugándosela por sus miedos ante la expropiación. Los analistas dicen que muchos agricultores que trabajaban para el estado ejercieron presiones para obtener directamente la tierra y que los retrasos y la falta de flexibilidad sandinsitas en la cooperativización alienaron a los campesinos que deseaban tener sus propias parcelas y preferían esta decisión a formar cooperativas. También afirman que la falla desde la reforma agraria a 1985 de alcanzar las expectativas de los campesinos dio entrada a los Contras pero que, más adelante, el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) repartió la tierra a los individuos y a las cooperativas para ganarse de nuevo a los campesinos. Cristóbal Kay coincide en que los Contras se aprovecharon del resentimiento de los campesinos sobre el colectivismo de la reforma agraria; sin embargo, dice que los campesinos fueron capaces de presionar al gobierno para reducir el control del estado y entregar más tierras a las personas o a las cooperativas. La reforma agraria incrementó la tierra expropiada entregada individualmente a los campesinos de 8% en 1981 a 24% entre 1985 y 1988. Kay añade que la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que se volvió la organización masiva de los sandinistas, cada vez fue más autónoma y presionó al gobierno a distribuir la mitad de la tierra del estado a los trabajadores y personas sin tierra, en particular sobre una base individual.

Los sandinistas también enlistaron a los campesinos prorrevolucionarios para que se enfrentaran a los Contras al convertir cooperativas de granjas en avanzadas armadas en las áreas en disputa. Los agricultores de la cooperativa estaban muy agradecidos de los defensores de la revolución, pero pagaron un precio muy alto ya que las fuentes pro sandinistas dicen que los Contras mataron a 7,000 agricultores y destruyeron 150 cooperativas. El sistema de cooperativas armadas llevó a la gente a luchar pero les permitió regresar a las granjas cuando era necesario, copiando así las estructuras informales de la Resistencia y dándoles a los campesinos un mayor control sobre los medios de producción.

3. El hiato prosandinista entre poderes

Cuando los sandinistas perdieron la elección de 1990 ya existía otro hiato entre gobiernos, esta vez era entre los sandinistas salientes y la entrante Unión Nacional Opositora (UNO) de Violeta Chamorro. Repitiendo lo que había sucedido durante el triunfo, los trabajadores y campesinos se apoderaron de la tierra y las empresas presionando a la UNO para realizar una reforma de la propiedad. La revista crítica, pero prorrevolucionaria, Envío dice que mientras que casi 1.5 acres, o 32%, de la tierra cultivable de Nicaragua fue redistribuida bajo el FSLN, y que la UNO redistribuyó un 12% adicional. Las personas en ambos bandos de la contrarrevolución se apoderaron de más de 176,000 acres en la gestión de Chamorro sin esperar a las debidas autorizaciones legales.

Edgardo García, presidente de la Asociación sandinista de Trabajadores del Campo (ATC), explica su posición ante la apropiación de las personas del campo en el periodo post sandinista en una entrevísta en Envío. Antes de ese tiempo, “el estado representaba a la sociedad social. Pero si … el estado está dividiendo sus propiedades, esa utopía revolucionaria designó al estado se vuelve nuestra responsabilidad… Así que bajo las circunstancias actuales, el ideal es la propiedad de los trabajadores”. Esto muestra que los sandinistas todavía prefieren el control del estado pero, después de su caída del poder y al convertir las granjas que con anterioridad era del estado a grangas de los trabajadores de la ATC, los campesinos de la UNAG, los trabajadores urbanos y los miembros de las cooperativas, ellos podrían preservar algo de su propio poder institucional, un poder más amplio sobre las clases populares y el proyecto revolucionario.

García describe el significado mixto de removilizar los excontras (a quienes los nicaragüenses llaman “re-contras”) copiando las apropiaciones sandinistas de la tierra y redistribuyéndolas hacia abajo y, en otros momentos, tan sólo tomando la tierra de otras personas pobres. Los re-contras “ocuparon cerca de 36 granjas [privadas] en Jinotega, lo que formaba un total de más o menos 34,000 acres. Durante la guerra, los propietarios de aquellas granjas alentaban a estas personas a unirse a la contrarrevolución, prometiéndoles tierra cuando ganara. Pero ahora los están mandando a luchar” con trabajadores y campesinos. Él afirma que los re-contras fueron capaces de apoderarse de 100 cooperativas sandinistas, pero no de las que con anterioridad eran granjas estatales sandinistas. Las cooperativas eran más pequeñas, más igualitarias y menos burocráticas. Las grandes granjas estatales sindicalizadas, donde se ganaba un salario, los trabajadores permitían un menor margen para disentir, pero parecían estar mejor organizados para la defensa militar. García insiste que sus trabajadores nunca concedieron nada a los re-contras por la fuerza. Conocí a un acaudalado propietario de tierra pro-Contra y a su invitado, un comandante Contra que decía que el gobierno debería proporcionar la tierra a los Contras que lucharon y a nadie más. Otro comandante re-contra en Nueva Guinea me dice que el quiere tierra del estado, la que se debería tomar principalmente para las familias pobres a quienes se les confiscaron sus propiedades. Los re-contras se apropiaron de los principios sandinistas de la redistribución de la tierra, pero no eran sólo reformistas agrarios que preferían obtener la tierra individualmente en vez de para las cooperativas.

Entrevistaron a los re-contras que se unieron tan únicamente con otros re-contras para apoderarse de la tierra y a otros que se unían a los sandinistas. Los sandinistas desmovilizados que habían regresado al negocio de la guerra de guerrillas recibían el nombre de “re-compas” o camaradas rearmados. Conocí a un grupo mixto de ocho re-contras y re-compas, a quienes los nicaragüenses llamaban “re-vueltos”, como en los huevos revueltos, y que habían levantado una cooperativa precarista. Estos re-vueltos se habían juntado para tomar el control de algo de tierra cerca de Nueva Guinea en el periodo posterior a la transición sandinista, y se habían involucrado en enfrentamientos armados en contra de los anteriores propietarios de tierra y una unidad del ejército de Nicaragua que había venido a expulsarlos. Sentados en sillas de madera en un piso de tierra en un cuarto de la cooperativa, con el sol entrando por los páneles de la pared de madera, la cabeza femenina de la cooperativa trata de dirigir las respuestas aunque los demás interrumpen con frecuencia. Un tipo animado dice: “Usted sabe, es chistoso, nos hemos desarmado, no tenemos armas aquí. Pero siempre que necesitamos armas las tenemos”. La mayoría de ellos piensa que tener tierra es más importante para la democracia que votar por el gobierno, con un único disidente, un organizador político, que está diciendo que ambos son igualmente importantes. La mayoría dice que una reunión de la cooperativa debería ser más importante que participar en una elección o ir a una oficina nacional. La solidaridad se mezcla con un abierto disentimiento entre bromas entre los que antes eran enemigos, quienes se aprovechaban de la debilidad del estado en las áreas remotas.

Antes de que perdieran la elección de 1990, los sandinistas dirigían una economía de estado más bien centralizada y un movimiento sindical que iba de arriba hacia abajo. No obstante, cuando el FSLN creyó que había vencido a casi todas las fuerzas de los Contra, se sintió con más libertad de gastar para detener la rampante inflación, mientras que los sindicatos también se sintieron más libres para oponerse a los cortes. Como García indicó, en 1990 los sandinistas encontraron que su sistema centralizado estaría a disposición de sus enemigos. Para prevenir esto, el FSLN aceleró la redistribución de la tierra al pueblo para que, después de haber entregado 5.1 millones de acres durante diez años, de repente dio sólo 1.3 millones en tres meses. Siempre existió corrupción durante las privatizaciones ya que se privilegiaba a las personas dentro del gobierno. Las “piñatas” del FSLN, y después de la UNO y del régimen de Alemán, no fueron una excepción de esto.

Los gobiernos que llegaban y salían parecían ser los jugadores principales en el cambio de poder. La alianza de la UNO de 14 partidos anti-sandinistas representaba básicamente a las élites con propiedades que llegaban a la gestión del gobierno con la intención de privatizar las empresas estatales, despidiendo a miles de trabajadores y cortando los servicios sociales. A pesar de ello estaban dispuestos a negociar. La preocupación principal de los sandinistas era protegerse a sí mismo en contra de las represalias del nuevo régimen y de los Contras, tanto como del acuerdo enfocado en el ejército sandinista. En marzo de 1990 la UNO negoció tanto con el FSLN como con los sindicatos pro-sandinistas para una transición protocolaria. Aceptó la demanda principal del FSLN de que Humberto Ortega permaneciera como el jefe de las fuerzas armadas a cambio de la cooperación del FSLN en las políticas, incluyendo las medidas de austeridad económica.

Los sandinistas le pidieron a los sindicatos que le solicitaran a la UNO el 10% de las industrias estatales, pero los sindicatos exigieron más y ganaron el 25%. Mario Malespin, presidente del sindicato de trabajadores de la telecomunicación me comenta durante una entrevista que él estaba en una junta donde Jaime Wheelock sugirió que los sindicatos demandaran el 10% de las empresas estatales privatizadas. De hecho, los sindicatos exigieron tanto como podían obtener, se arreglaron con un acuerdo nacional del 25% y, como resultado de las negociaciones caso por caso, ganaron una tercera parte en ese momento. Los sindicatos sandinistas llevaron a cabo huelgas generales en contra del plan de austeridad en abril, junio y julio de 1990. La UNO se unió a las negociaciones de concertación tripartita donde estaban ellos, el sector de negocios y los sindicatos. Eduardo garcía asintió, en una entrevista con el autor en 1997, que el FSLN tuvo que moderar sus demandas y tácticas para que fueran atractivas para los votantes, mientras que los trabajadores y campesinos tuvieron que usar tácticas más de confrontación para defender la propiedad redistribuida. Entonces, el movimiento sindical, aunque en esencia era sandinista, se volvió un actor negociador en su propio derecho, representando a los trabajadores de manera más directa de lo que lo hacían el partido del FSLN y el estado.

El 16 de agosto de 1990, el presidente Chamorro probó las aguas al anunciar el regreso de dieciséis empresas, incluyendo a la planta de El Caracol, a sus dueños anteriores. Evenor Hernández, el director sandinista, juntó a los directivos del sindicato de la compañía quienes movilizaban a sus seguidores. El 26 de septiembre de 1990, la anterior dueña, Magelda Campos, llegó a exigir que le regresaran la planta. Marta Prado, una secretaria, dice que los trabajadores se reunieron a la fuerza para una asamblea donde expresaron su rabia en contra de anterior dueña. Los directivos del sindicato hicieron una propuesta de que los trabajadores se volvieran los “dueños de la empresa”, lo que se aprobó en la asamblea antes de elegir a un nuevo equipo de administración. Los sindicatos de otras trece compañías se apoderaron de los lugares de trabajo con acciones similares. El 1º de octubre de 1990 miles de trabajadores se unieron en un “Día de resistencia cívica” para protestar contra el plan de austeridad, con la presencia de más de cinco mil trabajadores de las fábricas recuperadas, según se reporta. En varias de las compañías, incluyendo a El Caracol, los dueños anteriores cortaron los servicios, congelaron las cuentas de bancos, detuvieron los pagos de los salarios y bloquearon la entrega de mercancías.

A pesar de que la concertación estableció tres negociadores formales (los negocios, el gobierno y los sindicatos), una mejor explicación de las fuerzas sociales sería que la élite con propiedades y los representantes del gobierno estaban por un lado, mientras que las organizaciones de los trabajadores que buscaban el control junto con los sandinistas, la anterior élite de la burocracia, por el otro. En octubre, los negociadores firmaron otro acuerdo de concertación en el que establecieron la paz laboral, aumentos de los salarios y un recorte en el pago de los empleados del gobierno, así como la privatización a favor de los trabajadores. Las huelgas y la reacción del gobierno mostraron que, a pesar de que la gente respetaba al FSLN, mucho estaban dispuestos a ir más allá de él y que veían a las organizaciones populares como vehículos legítimos de sus propios intereses. Aún más, los sindicatos y los campesinos a favor de la reforma de la tierra todavía tenían el poder de detener la actividad gubernamental y económica a pesar de que los sandinistas estaban fuera del poder. Otros diez meses de medidas legales de los sindicatos y dueños comerciales, de uso de fuerza física y de dudosas medidas financieras llevaron a una segunda concertación en agosto de 1991, en la que el gobierno acordó vender a los trabajadores al menos el 25% de las acciones de las empresas privatizadas. Los trabajadores recibirían crédito en términos concesionarios para comprar las acciones y que pagarían en un plazo de seis a doce años.

La familia Campos esperaba reclamar la planta de El Caracol, así como Lobo Jack, una discoteca que los sandinistas se habían apoderado. Los trabajadores en ambas empresas negociaron con los Campos y el régimen de Chamorro para obtener la posesión legal de una porción de las empresas. Al final el sindicato accedió a comprar del gobierno El Caracol en su totalidad, quien a su vez lo compraría de los dueños anteriores. Los Campos retendrían la posesión de la discoteca, que valía al menos el doble que la planta, pero el sindicato reconoció que sería mejor poseer toda una empresa que una tercera parte minoritaria de dos empresas. En otras negociaciones donde los capitalistas obtuvieron acciones mayoritarias, con frecuencia eliminaban a la fuerza a los trabajadores que eran accionistas minoritarios. Los trabajadores de Lobo Jack recibieron un acuerdo para un aumento substancial del salario durante unos pocos años, la promesa de que no iba a haber despidos y que iban a compartir la posesión de El Caracol con los trabajadores de El Caracol.

Gilberto Cuadra, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el principal instrumento de negocios anti-sandinista en Nicaragua, explica cómo ve a las fuerzas de clases que operan en la lucha contra la privatización. El menciona que, durante el tiempo revolucionario, “los trabajadores y campesinos” se convencieron de que tenían el “poder”, así que abandonaron “la ética laboral”. También se convencieron de “que los propietarios, quienes eran y todavía son lo que llamamos burguesía, se enriquecieron al robar y explotar, y que esta riqueza era en realidad propiedad de los trabajadores que la habían producido”. Él menosprecia, pero reconoce, la fuerte conciencia de clase de los trabajadores nicaragüenses al decir que ellos se han convertido en “una fuerza política y no laboral…. Tengo amigos que incluso han obtenido papeles que dicen que ellos son los dueños de la propiedad, que nunca existió un motivo para que fuera expropiada” por los sandinistas, pero que los trabajadores no la regresarían. Ellos dicen “la fábrica es nuestra, la mantuvimos viva, fuimos voluntarios para trabajar los sábados y los domingos para mantenerla funcionando”. Cuadra desacredita directamente a los trabajadores, no sólo a los sandinistas, y es muy explícito al ver a tres agentes políticos colectivos: 1. los trabajadores y campesinos en conjunto, 2. los sandinistas y 3. los dueños de propiedad, como él. En este esquema, los trabajadores, como un agente que no controlaba la producción bajo las órdenes de los sandinistas, tienen el objetivo erróneo de tomar el control y son hostiles ante la burguesía.

A nivel nacional, en octubre de 1990 el movimiento sindical se unió lo suficiente para presionar a la UNO a acordar en principio en la privatización de los trabajadores. El gobierno tomaría “en cuenta los derechos adquiridos por los trabajadores, tales como el derecho a participar de la propiedad” de las empresas privatizadas sin especificar ya sea un porcentaje de propiedad o un mecanismo. Entonces, en agosto de 1991 la fase dos del acuerdo garantizó a los trabajadores el 25% del valor de las industrias privatizadas. Al principio, los sindicatos ganaron mucho más que el 25%. Un reporte de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST) resume la posesión de los trabajadores en la privatización de 34 empresas en 1993 como se describe a continuación: 100% en 10 empresas, 40-65% en 6 empresas, 11-39% en 15 empresas, 0% en una empresa y el cierre de dos empresas. No obstante, el éxito a largo plazo de las empresas adminsitradas por los trabajadores, que van más allá del alcance de este artículo, aunque significativo, fue menos espectacular. Spalding cita a la CORNAP (Corporaciones Nacionales del Sector Público) con cifras sobre las empresas privatizadas. Entre 1990 y 1993 la CORNAP tenía 351 empresas urbanas y rurales de las que se liquidaron 51; 114 permanecieron en manos del estado y 237 fueron privatizadas. Envío reportó que en 1993 había 137 empresas privatizadas en las que los trabajadores poseían entre el 25% y el 100%. Dice que, para 1997, 50 de ellas permanecían activas, algunas que ya no estaban en la lista habían fracasado, otras se habían comprado y otras eran granjas cooperativas que habían sido divididas entre los miembros.

El estancamiento entre las élites capitalistas y socialistas fue el determinante principal para darles a los trabajadores la oportunidad de controlar la producción. El estancamiento de la élite es más una relación particular de las fuerzas sociales que las condiciones económicas, los acuerdos institucionales o la cultura política, aunque éstos también influyeron. Los capitalistas tenían mayor riqueza, control sobre la burocracia del estado y apoyo de las superpotencias que los socialistas, pero los socialistas tenían un mayor control sobre la policía, el ejército y las fuerzas armadas extraoficiales, así como alguna influencia residual sobre la burocracia. La reforma agraria sandinista debilitó a los grandes propietarios de tierra y fortaleció al campesinado. El FSLN estableció fuertes organizaciones representativas de trabajadores, campesinos, jóvenes y mujeres. A pesar de que los sandinistas facultaron a los trabajadores, el estancamiento entre los socialistas y los capitalistas le dieron a los trabajadores una mayor oportunidad de controlar la producción de lo que hubieran tenido en el caso de que ya fuera los capitalistas o los sandinistas hubieran tenido un poder más completo.

4. Las agitadas élites en Cuba

En cuba la burocracia enfrentaba un colapso de su autoestima y el apoyo popular entre 1991 y 1993. La élite cubana no hizo frente a una clase capitalista interna como lo hicieron los sandinistas, sino que lo hizo con una externa, principalmente con las empresas estadounidenses y los intereses de su gobierno, y de ricos refugiados influyentes. Se habían desmoronado los principales aliados estratégicos de Cuba que le habían proporcionado protección, habían comerciado con él y le habían otorgado la membresía de una comunidad internacional y una gran confianza. De 1989 a 1993 con la caída del sistema soviético, las exportaciones y las importaciones cubanas disminuyeron un 70% y 75% respectivamente. El PIB cayó más de una tercer parte. A pesar de que la hostilidad de Washington contra la Cuba de Castro ya llevaba bastante tiempo, trató de aprovecharse de la crisis económica de la isla y de la expectación de que el gobierno se colapsaría pronto. En 1992 el candidato presidencial Bill Clinton trató de ganar el voto de los americanos-cubanos al discutir con el presidente George H. W. Bush por no firmar el decreto de la democracia cubana y perder la oportunidad de “ganarle a Fidel Castro”. Entonces Bush lo compensó firmando el decreto en 1994 y el presidente Clinton firmó el decreto de Helms Burton, lo que provocó mayores sanciones posteriores. En el momento de mayor debilidad del gobierno de Cuba, éste hizo concesiones al darle a los campesinos y a los trabajadores un mayor control sobre la procuddión, cooperativizando las granjas del estado, permitiéndo la existencia de los mercados de agricultores y creando negocios para las pequeñas “cooperativas”. Como lo menciona Laura Enriquez, “la transformación agricultural de cuba se está llevando a cabo por un régimen socialista cuyo objetivo es fortificar su economía y su gobierno que enfrentan una amenaza seria a su existencia”.

A las granjas estatales oficiales, que más tarde fueron las cooperativas, les faltaban suficientes recursos para cultivar toda la tierra disponible así que, en octubre de 1991 Fidel Castro dio un discurso en el congreso de Partido Comunista diciendo que la crisis alimentaria sería la prioridad más importante y que no habría un centímetro de tierra sin arar mientras que durara Cuba. Los trabajadores rurales tomaron esto como luz verde para ocupar y labrar la tierra sin cultivar. En apariencia, la mayor parte de la gente obtuvo nodos no oficiales de los administradores locales pero, la estudiosa Niurka Pérez me dice personalmente que algunos campesinos comenzaron a labrar la tierra sin utilizar de manera informar sin buscar consentimiento para ello y Pérez, junto con Diana Deerre y Ernel Gonzáles, escribió que algunos campesinos incluso habían tomado posesión de la tierra llevando a los administradores a prestar o autorizar a los campesinos que cultivaran las parcelas de las granjas estatales desde principios de 1992. También hubo alborotos sobre la comida en la Havana. Entonces, parece que existía una agencia tanto arriba como abajo. Este movimiento precarista no reconocido duró dos años antes de que el gobierno lo reconociera el 15 de septiembre de 1993, e informara que crearía nuevas cooperativas de granjas (Unidades Básicas de Producción Cooperativa, UBPC) y estableciera canales reculares para los ciudadanos individuales, en su mayoría retirados, para cultivar la tierra sin usar. El administrador del ministerio de agricultura digo que la MINAGRI recibió más o menos 5,000 peticiones para cultivar pequeñas parcelas de tierra en el mes siguiente a que las leyes de septiembre de 1993 fueran aprobadas. Respecto a abril de 1998, 45,804 personas se las arreglaron para obtener parcelas de tierra del gobierno alcanzando la cantidad de 10,493 héctareas o cerca de 27,000 acres.

Me encontré con tres hombres justo al lado del camino de la Bahía de los Cerdos en Santa Clara, en el lado sur de la isla entre Torriente y Playa Larga en el jardín botánico, donde se cultivan flora y fauna exóticas, aunque útiles. Ellos usaban sombreros de paja amarilla y botas de plástico, y parecían ir de los cuarenta a los sesenta años de edad. Uno tenía un machete y dos tenían pesadas bicicletas chinas de tres velocidades. Uno comentó que habían recibido permiso de un funcionario local para cultivar la tierra pero agregó que, “nosotros somos precarios”. Esto es que son precarios en la tierra o que la usan con consentimiento del funcionario. El campo tenía pasto pero estaba invadido por marabú, un fuerte y espinoso arbusto, tan difícil de remover que el gobierno en la difícil situación económica no se iba a molestar con él.

En 1990 los cubanos crearon los “conucos”, pequeños jardines en la tierra que no era legalmente suya, para cultivar vegetales o criar unos pocos pollos donde los funcionarios responsables ni siquiera se enteraran o les importara. La palabra conuco deriva de la lengua indígena Arawak o Taino y de los tiempos de la colonia donde los esclavos cultivaban pequeñas parcelas de tierra durante momentos sin supervisión. En la década de los 90, el gobierno estableció una política formal para que hubiera áreas de autoconsumo en todas las granjas y cooperativas, y en todos los espacios cultivables en las áreas urbanas, incluyendo el prado enfrente del ministerio de agricultura. Un granjero de una cooperativa disidente en Cuba alega que los funcionarios se quejan de que los trabajadores pasan la mitad de su tiempo en sus conucos por lo que son un obstáculo importante para la productividad de las cooperativas. Los precarios como los del jardín botánico ejercieron un cierto tipo de influencia, algunas veces a la fuerza y otras en forma muy sutil.

Las fuerzas sociales fueron muy determinantes en el cambio hacia un mayor control del trabajador, pero las fuerzas institucionales, económicas, culturales y políticas también habían tenido su impacto. Los trabajadores habían ejercido presión en el sistema desde la década de los 70 a pesar de que lo hicieron en una forma desorganizada y, con frecuencia, inconsciente, de detener la producción. Cuando la falta de motivación del trabajador llevó a la falla en la cosecha de caña de azúcar en 1970, Fidel Castro comenzó a alentar la revitalización de los sindicatos y ciertas formas de participación del trabajador. A principio de la crisis económica de la década de los 90, los disturbios por la comida en la Havana, el hambre del pueblo por la tierra y las dudas del régimen acerca de su propia supervivencia, le dieron en conjunto a los trabajadores la oportunidad de adquirir un control directo de los medios de producción. El sentimiento de debilidad de la élite y la oportunidad que esto le dio a los campesinos fueron el principal impulso para que el régimen ofreciera la tierra y que la gente la tomara. También fueron críticas las decisiones de personas clave en las instituciones del gobierno, en especial la luz verde de Castro y la política de cooperativización. La crisis económica fue la siguiente causa para que las personas del campo tomaran la tierra y los habitantes de la ciudad crearan disturbios. Otra situación importante fue la cultura política con la ideología cubana favoreciendo a los trabajadores y a los pobres. Los funcionarios del gobierno estaban aculturados para creer que su papel era ayudar a los trabajadores, así que no estaban preparados para reprimirlos en grandes cantidades para mantener el control.

En Cuba, a pesar del conflicto entre la élite como un todo y que el capital internacional eran importantes, fue todavía más importante el conflicto entre la élite burocrática sore los trabajadores afectados. Arturo Villar describe al conflicto de la élite en proceso como una “guerra interna. El campo de batalla es la economía… Y los combatientes son los inversionistas extranjeros, los burócratas y los administradores de empresas operadas por el estado”. Villar favorece los métodos administrativos en las cooperativas incluyendo la capacidad de “despedir a los trabajadores a voluntad”. Los trabajadores cubanos habían sido liberados para perder el tiempo y los órganos de los trabajadores de toma de decisiones habían bloqueado de manera formal las leyes administrativas, y de manera informal habían corrido a los administradores indeseables. Villar piensa que algunos burócratas ven al capitalismo como “la ola del futuro”, mientras que otros “constantemente colocan bloques para estorbar en el camino”. Un planeador económico del estado comenta que “Es inevitable la resurrección del capitalismo en Cuba, … tan sólo estamos buscando las maneras de hacerlo mientras que mantenemos los costos sociales bajos”. También dice que los administradores cubanos apoyan a Fidel Castro al “darle la vuelta mientras aprendemos los trucos del negocio para enfrentar la invasión yankee y de los soldados de Miami”, lo que indica que incluso a pesar de que la élite administrativa en Cuba puede esperar orientarse más hacia el mercado, permanece peleada con la élite cubana empresarial de Miami. También agrega que “dentro de la clase administrativa tan sólo parecen revolucionarios conservadores e incompetentes que están en contra de la inversión extranjera”. Un anterior vice-ministro comenta que “estamos luchando nuestra propia guerra aquí… los administradores [luchan] con ayuda de los inversionistas extranjeros”. Así que Villar y sus fuentes claramente creen, desde una perspectiva contrarrevolucionaria, que en apariencia existe un serio conflicto entre los administradores más empresariales y los inversionistas por un lado, y aquellos comprometidos con el socialismo, por el otro.

Los administradores empresariales (tales como el que yo entrevisté en Cubana de Acero) ve a ciertas regulaciones como limitadoras de la productividad, así que esperan que un sistema más orientado al mercado elimine estas limitaciones. A finales de la década de los 90, Cuba comenzó el programa de perfeccionamiento empresarial para introducir una estilo administrativo capitalista más independiente. Phillip Peters, un funcionario conservador del departamento de estado durante los gobiernos de Reagan y Bush, cita a Lázaro Gonzáles, un administrador cubano, que dice que su autoridad en una empresa de hule había sido “muy limitada, y en la práctica todos nuestros problemas se resolvieron en niveles altos,… yo no podría estructural mi nómina o decidir quién trabajaba para mí”. En Cuba, así como en el antiguo sistema soviético, los administradores que esperaban hacerlo bien se convirtieron en ser cuidadosos de lo que deseaban ya que, en las transiciones de la mayoría de los que formaban el bloque soviético y Nicaragua, podían surgir nuevas limitaciones y los mecanismos de planeación central se colapsaron antes de que los mecanismos del mercado llegaran a sustituirlos así que, a pesar de que los agiotistas ganaron, la mayoría de los productores reales no lo hicieron. En Cuba y China no se alcanzó el colapso total ya que el gobierno nunca soltó la economía y los administradores agriculturales jamás relevaron el control sobre las nuevas unidades de cooperativas.

Hablé con trabajadores y administradores cubanos de la industria metalúrgica que percibían que los administradores representaban a la compañía y a los trabajadores al negociar con los ministerios del gobierno. Los ejecutivos que buscaban aliados para alcanzar la autonmía de la empresa con naturalidad se volteaban hacia sus empleados ofreciéndoles una mayor participación, aunque no fuera un autonomismo real del trabajador. González, el ejecutivo de la compañía de plástico, describe cómo hizo un anteproyecto de propuesta al ministro para lograr una mayor autonomía de las empresas y una mayor autoridad administrativa. Él dice que “no funciona sin la participación de los trabajadores en cada paso del proceso”. Los administradores ofrecerían pronósticos favorables del negocio al decirle a los trabajadores que si los dejaran ser más independientes del gobierno, tener una mayor libertad para tomar decisiones sobre la empresa, para buscar inversionistas, prestamistas, etc., produciríamos más dinero y les daríamos una mayor autonomía en la fábrica. Peter escribe que González dijo que “el estaba preocupado sobre el apoyo de los trabajadores en el proceso… [y que él] se movió con rapidez para escuchar las preocupaciones de los trabajadores sobre las condiciones y los beneficios”. Peter describe la construcción de una planta de materiales CEO, Alejandro Gutiérrez, quien declaró que “su primer paso era eliminar el miedo a los despidos”, al decirle a los trabajadores que si se eliminaba cualquiera de sus puestos, el ministerio de comercio exterior les daría trabajo. La empresa sí aumento la remuneración de los trabajadores, pero tenía 15% menos personal, lo que sugería que sí se dieron los despidos. Peter cita a un observador anónimo del perfeccionamiento empresarial que afirma que “esta es la primera vez que en verdad se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores”. Sin embargo, a pesar de que los administradores busquen el apoyo de los trabajadores a corto plazo, su deseo de tener el poder de “despedir a los trabajadores a voluntad” reduciría la democracia en el lugar de trabajo a largo plazo.

El gobierno cubano hizo algo similar para ganarse el apoyo de las nuevas cooperativas de la UBPC. Los trabajadores no parecían haberse comprado la idea o recibido los beneficios ofrecidos en las cooperativas de caña de azúcar, pero la idea parecía haber obtenido cierta “tracción” en las cooperativas de alimentos, como se evidenció por el hecho de que la caña continuaba perdiendo dinero, mientras que las cooperativas habían mejorado, por lo que incluso están terminando sin pérdidas. Así que tanto len as empresas como las cooperativas, los administradores pro-mercado ofrecieron lo que consideraban una democratización del lugar de trabajo a corto plazo para ganarse a los trabajadores.

Haroldo Dilla, un antiguo miembro del partido comunista y un crítico seguidor izquierdista de la revolución , ofrece su propio análisis de las divisiones de la élite durante el proceso de comercialización cubano. Él describe a un “bloque empresarial tecnocrático” con acceso a los mercados globales que emergieron en Cuba junto con la llegada de 260 inversionistas internacionales y 800 empresas extranjeras. También menciona que este “sector empresarial tecno” de “probablemente no más de unos pocos miles” comenzó a aparecer justo antes del congreso del PCC en 1991. “Durante algunos meses, Cuba experimentó el debate público más democrático en su historia”. Sin embargo, dice que la meta de esa “élite administrativa tecno” no es facultar al pueblo, sino “un endulzado modelo chino”, que se trata de una comercialización económica más un autoritarismo político. Él advierte que cuando los inversionistas españoles del Meliá establecieron su primer hotel en Cuba durante este periodo, intentaron, sin éxito, evitar que operara el sindicato. Preocupados de que la élite empresarial pudiera presagiar un “termidor cubano” o una “mafia tropical”, Dilla propone realizar una alianza entre las “clases populares” y “la élite política que surgió de la revolución” para revisar esta tendencia empresarial tecnocrática. Él defiende, entre otras cosas, una “renovación de las fuerzas populares”, “instituciones municipales participativas” más eficientes y una “planeación local democrática, desentralizada y pluralista” (Dilla, 2000).

5. Las empresas recuperadas en Argentina: el colapso, el estancamiento y la explosión.

El movimiento de autogestión o de empresas “recuperadas” mostró ciertas condiciones en común con Nicaragua y Cuba que permitieron que los trabajadores se apoderaran de sus lugares de trabajo: 1. el colapso económico, incluyendo la falla administrativa a nivel empresarial y una pérdida masiva del trabajo, 2. la división de las élites y 3. la presencia de gobiernos dispuestos a negociar con los trabajadores. En 2001, Argentina enfrentaba un colapso económico agudo y extremo que dañó con severidad los estándares de vida de la gran mayoría de los argentinos desde la clase media hasta los muy pobres. La falla administrativa de Argentina fue similar a la de Nicaragua al comienzo y al final del periodo sandinista, cuando ni los administradores sandinistas, ni los capitalistas tenían un control total de las empresas. La situación de Argentina también se pareció a la de Cuba en que, cuando se disolvió la Unión Soviética, desaparecieron los recursos que la economía de la isla necesitaba para hacer que funcionaran los planes de producción, así que se tuvieron que descartar, desde los niveles nacionales hasta los empresariales. La falla de las economías a un nivel macroeconómico y de la administración a un nivel empresarial, también ocasionaron una pérdida masiva del trabajo. Esto fue más cierto en Nicaragua que en cuba. Tanto en Nicaragua como Argentina la gran mayoría de los trabajadores reportaron que la razón más importante de apoderarse de las empresas era la de salvar sus trabajos; también fue cierto que en ambos países las fuerzas de los trabajadores de niveles bajos demandaban más de lo que estaban intentando obtener los altos niveles de las organizaciones populares. En Nicaragua, los sindicatos exigían más de lo que pedía el liderazgo sandinista, al tomar el control de las empresas; en general, en Argentina los trabajadores de los talleres se apoderaron de las fábricas sin, o en oposición, a un alto liderazgo sindical. En los tres países existía una división de élites, en particular en Nicaragua y Argentina, donde el partido que controlaba al ejecutivo se encontraba paralizado por le partido de mayor oposición; también todos sus gobiernos estaban dispuestos a negociar con las fuerzas populares. En todos los casos tomar el control sobre los medios de producción involucraba la ocupación de la tierra o de las fábricas y la negociación con el gobierno sobre la posesión legal de los mismos. Ni la ocupación ni la negociación de los títulos es posible ya sea frente a regímenes autoritarios de derecha o de izquierda que están dispuestos y son capaces de usar el terror o la represión masiva, como lo sucedido en Chile con Pinochet, o en la Unión Soviética con Stalin. Nicaragua, fue una democracia durante las gestiones sandinista y de Chamorro y Cuba, a pesar de tener una dictadura de un partido único, se vio a sí misma como benevolente, así que no estaba dispuesta a involucrarse en el terror de las masas para reprimir a los revoltosos o precaristas.

Entre el retorno de la democracia en Argentina en 1983 y la rebelión de 2001, los partidos políticos principales en ese país, los Radicales y los Peronistas, habían implementado las políticas neoliberales ortodoxas dictadas por el “Consenso de Washington” y el Fondo Monetario Internacional. Esto se esperaba de los Radicales, pero se consideraba fuera de lugar para los Peronistas. El presidente peronista Carlos Menem invirtió estas expectativas al privatizar las industrias estatales, cortar los servicios sociales, hacer concesiones a los inversionistas internacionales y al mantener a los dólares estadounidenses en la reserva para mantener al peso argentino en una paridad uno a uno con el dólar. La convertibilidad del dólar tuvo éxito al detener la inflación de cuatro dígitos, y la privatización trajo a corto plazo una afluencia de efectivo, con la consecuencia de la aparición de la corrupción y la venta del patrimonio nacional. Compradores bien recuperados gustosamente sobornaban con pagos moderados a funcionarios del gobierno para obtener los cientos de millones de dólares que valía el capital industrial a precios muy bajos. Los capitalistas internacionales se impresionaron con las políticas procomerciales y vertieron préstamos e inversiones especulativas en el país. La productividad económica mejoró durante varios años, pero la deuda externa como una parte del producto interno bruto aumentó de 29% en 1993 a 41% en 1998. La infusión de capital creó una burbuja, llevando al crecimiento económico y al pedir prestado incluso más allá, hasta que la burbuja reventó con la vacilante economía de su vecino Brasil, y la caída internacional en la demanda de granos, que es lo que exporta Argentina. Inversionistas internacionales alarmados cambiaron sus pesos por dólares hasta que se colapsó el sistema financiero. El gobierno restringió el retiro de dinero de los bancos a los cuenta habientes comunes, mientras que los grandes inversionistas exportaban el capital de de manera legal e ilegal. El gobierno de Argentina falló en pagar la mayor parte de la deuda del gobierno de 141 mil millones de dólares y le dio convertibilidad al dólar permitiendo que el valor del peso bajara un 29%. A lo largo del país miles de negocios se colapsaron y fue despedida el 20% de la fuerza de trabajo.

El colapso económico llevó al “Argentinazo” del 20 de diciembre de 2001, con el levantamiento de la clase media, los estudiantes, los trabajadores y los desempleados. La gente de los barrios vecinos armaron asambleas donde establecieron mini gobiernos informales. De manera paralela e incorporados a este movimiento, los trabajadores en las empresas en quiebra o abandonadas aprovecharon la oportunidad del levantamiento para apoderarse de sus lugares de trabajo. Los desempleados o “piqueteros” que habían bloqueado las carreteras hacia las principales ciudades durante años demandando trabajo, un ingreso y servicios sociales, también tomaron las calles durante la revuelta.

Una de las intrigantes pregunta sobre la rebelión es sobre “el perro que no adró”, el gobierno y el ejército. De la Rua mandó al policía federal Ricardo Degastaldi quien ordenó a sus oficiales que despejaran a los manifestantes de la ciudad usando todos los medios necesarios, incluyendo ataques directos, lo que llevó a casi treinta muertes y cerca de 2000 heridos. No obstante el ejército no intentó realizar un golpe de estado ni las autoridades utilizaron el terror para romper la protesta. Existen dos motivos principales para explicar la respuesta del gobierno que fue mucho más restringida que durante la represión de la guerra sucia. En primer lugar, el ejército en verdad había sido desacreditado, humillado y doblegado después de la derrota en la guerra de Falkland, 18 años de democracia, acumulando acusaciones y repudio hacia los oficiales por los crímenes de la guerra sucia. Se había reducido el tamaño del ejército, se habían retirado los dirigentes más altos de la dictadura, a algunos se los había enjuiciado y se estaba considerando la extradición de algunos otros para que enfrentaran los cargos internacionales de las acciones en contra de los derechos humanos. Durante los levantamientos de finales de 2001 y principios de 2002, mucha gente expresó su miedo de una intervención militar. Después de todo, el jefe del estado mayor de la armada, el general Ricardo Brinzoni fue acusado de participar en la matanza de más o menos veintidós disidentes cuando fue un oficial de menor rango durante la guerra sucia y expresó una ambivalencia sobre la investigación de las atrocidades de ese periodo. A pesar de eso Binzone negó en varias ocasiones los rumores de que el ejército pudiera intervenir o llevar a cabo un golpe de estado durante las protestas del 2001 y 2002.

En segundo lugar, las élites se dividieron y estancaron, casi tan de ex abrupto como en Nicaragua y mucho más que en Cuba. Al entrar a este periodo de crisis a finales de 2001, la rama ejecutiva del gobierno federal argentino estaba en manos del presidente Fernando de la rua del partido de la Alianza. Dos fracciones del partido de la Aliaza que estaban inquietas en repetidas ocasiones se acercaron muy de cerca de una ruptura durante el año que llevó al argentinazo. La segunda sección más grande de la Alianza, la Unión Cívica Radical, había sido en esencia centrista, se había inclinado más hacia el libre mercado, había sido menos corporativista y menos enfocada a favor del trabajo, pero más comprometida a los procedimientos democráticos formales. El Partido Justicialista dominado en su mayoría por los peronistas dominaba la legislatura, que históricamente había sido proteccionista, corporativista, fusionada con los sindicatos de trabajadores que eran controlados jerárquicamente por los peronistas, menos comprometida con la democracia formal y, con frecuencia, dispuesto a colaborar con las dictaduras militares. Los peronistas, que habían controlado ambas casas en el Congreso desde octubre, se rehusaron a ratificar la austeridad del presupuesto que el ejecutivo De la Rua negoció con el Fondo Monetario Internacional; ellos aprovecharon su dominación en la legislatura, así como su hegemonía en los sindicatos de trabajadores y algunas asociaciones comerciales, para hacer que fuera imposible gobernar para la Alianza. La resistencia peronista era en parte partidista y reflejaba los intereses de las élites pudientes que se habían beneficiado del proteccionismo, así como la generosidad de las empresas y los lazos con la dictadura militar. Sin embargo, el partido peronista también tiene una conexión más genuina con los trabajadores, los piqueteros, y con los miembros peronistas de izquierda que se habían separado y quienes se habían involucrado en la guerra de guerrillas y otras luchas populares desde la década de los 60. Por lo tanto, la resistencia peronista, más allá del partidismo o el apoyo de las élites rivales, reflejaba una presión real de los pobres, los trabajadores y las personas de clase media, quienes veían cómo estaban desapareciendo sus trabajos, ingresos, negocios y ahorros. El gobierno dividido reflejaba el cambio de las actitudes de la clase media que iban desde una aceptación de la reestructuración de las políticas de las élites económicas hasta la furia de que aquellas élites haberlos estarlos traicionado.

A pesar de lo anterior, los políticos peronistas también estaban muy divididos. Esto se debía en parte por rivalidades personales e los propios intereses de las fracciones, pero también reflejaba la división entre los peronistas lidereada por Carlos Menem y Ricardo López Murphy, quienes habían sido altos funcionarios del programa neoliberal, por la derecha, y pro Eduardo Duhalde y nestor Kirchner que habían alzado la voz en oposición al neoliberalismo, la acomodación de los anteriores dictadores militares y las prácticas corruptas y autoritarias de la administración de Menem, por la fracción de centro-izquierda. Incluso conforme se vio que de la Rua era incapaz de gobernar, las divisiones entre los políticos peronistas también hicieron imposible que en forma sucesiva tres jefes de estado peronistas pudieran mantenerse en el poder durante unos pocos días, hasta que Duhalde tomó la administración en año nuevo de 2002. El primero fue Rodríguez Saa, pero él perdió con rapidez el apoyo de los gobernadores peronistas clave y tuvo que retirarse después de tan sólo una semana en la gestión. Luego le siguió Ramón Puerta y Eduardo Camano, hasta que la legislatura, en un acto dudoso de constitucionalidad , instalaron a Duhalde hasta que se llevaron a cabo las elecciones a poco más de un año después.

Los conflictos de la élite tuvieron un impacto directo en la capacidad del estado de reprimir los levantamientos populares. En primera instancia, el estatus en decadencia del ejército la mantuvieron fuera del conflicto como una fuerza política independiente. En segunda instancia, a pesar de que De la Rua declaró un estado de sitio y envió a la policía federal a reprimir a los manifestantes, simplemente le faltaba la autoridad para hacer que la policía llevar a cabo esa tarea. Fue menoscabado por el escándalo, por las fracciones de su propio partido y por el control de la legislatura de la oposición. Él no le pudo asegurar a sus tenientes que no iban a ser perseguidos por abusos a los derechos humanos y, de hecho, después tanto él como sus oficiales de seguridad recibieron cargos por ello. Además, la salvación de De la Rua y los Radicales fue que les faltaba la voluntad política para seguir con el terror en una escala masiva que habría sido necesario para reprimir al movimiento popular. El momento más brillante de la gloria histórica para los Radicales, a pesar de sus fallas económicas y escándalos sobre la corrupción, fue que su presidente Raúl Alfonsín terminó con la dictadura de la guerra sucia en 1983. Puede ser que los Radicales estén dispuestos a matar a 30 personas, pero no destruirían toda su razón de ser para regresar a un nuevo régimen de terror del estado en Argentina. Los Radicales, a pesar de pudieran jugar rudo, estaban dispuestos a jugar el juego. Esto y las divisiones de la élite que dieron paso a la rebelión popular, también se lo dieron a ciertos trabajadores para que tomaran el control de los medios de producción.

Había precedentes históricos para el control de los trabajadores y de las cooperativas en el movimiento laboral argentino. Las leyes que proporcionaban la estructura para el principio de las empresas cooperativas habían estado en los libros durante décadas, pero, durante el periodo desde la terminación de la dictadura, las cooperativas habían sido con frecuencia un subterfugio de las unidades sindicales creadas por los patrones, las que no tenían protecciones legales o sindicales para los trabajadores asalariados. Los patrones que usaban lo que los argentinos llaman la tercerización, esto es entregar los trabajos a terceras partes. El movimiento laboral se podía inspirar en sus propias experiencias sobre el autonomismo del trabajador. Los trabajadores ferrocarrileros habían luchado para influir en las reglas del lugar de trabajo desde 1930, apoyaron la nacionalización de los ferrocarriles que realizó Perón en 1948 y continuaron luchando en contra de los esfuerzos del régimen militar y peronista para intensificar la disciplina laboral durante la década de los 60. Había varias experiencias de trabajadores que se apoderaban de las empresas en la década de los 90 que de inmediato proporcionó modelos para el siglo XXI. En 1996, los trabajadores ocuparon las instalaciones de Yagua, un negocio de refrigeración. En 1998, los trabajadores tomaron el control sobre la fábrica de plásticos y la metalúrgica IMPA al tenor de un sistema igualitario de autogestión. En 2000, los trabajadores tomaron la planta metalúrgica de GP en Buenos Aires, acordando pagar por el negocio para establecer una cooperativa, y también lo hicieron con la fábrica de tractores Zanello, cuya propiedad dividieron entre los trabajadores, los inversionistas, los ingenieros el gobierno municipal. Zanello había sido utilizada como un modelo para el lado del movimiento que buscaba salvar los trabajos de los trabajadroes con el menor enfrentamiento posible al sistema capitalista. En diciembre de 2001, la mayoría de las trabajadoras de la fábrica de ropa Brukman se apoderaron del taller el día antes de que estalló la rebelión popular. De acuerdo Celia Martínez, trabajadora de Brukman, sus compañeras comenzaron tratando de recuperar los salarios caídos, pero las protestas masivas en las calles, así como los miembros de los grupos de extrema izquierda, las alentaron a exigir aún más. Había comenzado a circular una nueva idea sobre el autonomismo de los trabajadores en Trotskyist, la nueva izquierda, y en otro círculo izquierdista anti-autoritarismo desde la década de los 60. Estas ideas ganaron validez en Zanón y otras empresas, así que sería difícil excluirl la influencia de esta izquierda anti-autoritarismo de todas sus tácticas. Otros miembros del movimiento de las fábricas recuperadas volteó hacia las cooperativas Mondragón establecidas en España en la década de los 50 y en el reciente movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil.

Entonces, ¿cómo es que 10,000 trabajadores aprovecharon esta oportunidad de autogestionar cerca de 200 empresas en Argentina? Los mecanismos de la toma de empresas siguieron una patrón general con dos variaciones principales. La primera fue que los anterores dueños o administradores abandonaron la empresa, se declararon en quiebra, comenzaron a descapitalizar la empresa o enfrentaron demandas de sus acreedores. Un promedio de cerca de mil empresas fallaron a un año entre 1999 y 2003. En la fábrica de Brukman y otros casos estudiados, los dueños anteriores debían meses de salarios caídos, así que las protestas comenzaron cuando los trabajadores demandaron todo o parte de lo que se les debía. En Brukman, los administradores no podían proporcionar los salarios caídos, así que los trabajadores pidieron una pequeña parte de lo que se les debía para pagar la transportación a su casa. Los administradores estuvieron de acuerdo y se fueron diciendo que iban a obtener el dinero. Mientras tanto, algunos trabajadores tan sólo se quedaron dentro de la fábrica esperando a que sus patrones regresaran; cuando no regresaron, los trabajadores comenzaron a trabajar por su cuenta llenando las órdenes existentes, buscando los materiales entre la basura y solicitando poco a poco nuevas órdenes y nuevos clientes. Los directivos nunca regresaron con los salarios caídos. El estado había poseído algunas empresas que más adelante fueron privatizadas. Muchos habían recibido subsidios o préstamos del gobierno, creando una responsabilidad ante la sociedad que los había apoyado.

Uno de los puntos tácticos de la contención dentro del movimiento que refleja diferencias ideológicas más grandes es sobre cómo apoderarse de las fábricas. Por un lado están los activistas como Pablo Levin, dirigente de planeación estratégica de los trabajadores de la planta alfarera Zanón, quienes la tomaron y no habían intentado convertirse en una cooperativa, sino en dueños privados. Mejor dicho, ellos habían hecho un llamado al gobierno para que se encargara de la planta mientras dejaba a los trabajadores a cargo bajo un sistema de autonomismo del trabajador. Esta fue la posición de varios grupos de extrema izquierda que se congregaron en el Encuentro Nacional de Fábricas Ocupadas y en Lucha (ENFOIL). La posición menos militante, pero aún izquierdista, es la de Eduardo Murúa, quien llegó del movimiento de guerrilla de la izquierda peronista, de los Monteneros y el abogado, Lenny Kravits. El dirigió el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que adoptó el lema del movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil de “Ocupar, resistir, producir”. El MNER mantiene una perspectiva de representar a las empresas recuperadas como parte de la lucha de la clase trabajadora, no sólo como lo sería una pequeña empresas. Ante ello, ellos se esfuerzan para aliar a las empresas recuperadas con los sindicatos, los piqueteros y otros movimientos sociales. Murúa dice que la ocupación física de las plantas ha sido necesaria para ganar las decisiones favorables por parte de los jueces y de las legislaciones estatales que permiten que los trabajadores conserven la posesión de las mismas. El MNER ha apoyado la elección de legisladores favorables y ha cooperado con los políticos del ala moderadamente izquierdista, incluyendo a Kirchner.

El extremo más de derehca del continuo político de las empresas recuperadas es el abogado Luis Caro quien dirige el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). Este movimiento reclama la calidad de miembro de más o menos 80 empresas y los analistas difieren de cuál de las organizaciones, si la de Murúa o la de Caro, es la más grande. Las políticas de Caro son peronistas, cercanas a Carlos Menem, antisocialistas y promercado, y hace unos pocos años se unió a la lista de candidatos electorales del coronel Aldo Rico, un militar putchista de derecha. Las tácticas de Caro para la recuperación de las fábricas son consistentes con sus políticas pro-capitalistas, pero también han resultado efectivas en el contexto legal específico de Argentina. En particular, se opone a que los trabajadores se posesionen de la propiedad de la compañía, porque esto le da la oportunidad legal a los dueños anteriores de hacer una solicitud a las cortes de mandar a la policía para desalojar a los trabajadores. Más bien, él prefiere usar acciones que podrían cubrirse bajo el derecho legal de huelga, tales como acampar afuera al frente de las rejas de la planta para evitar la descapitalización, la venta de la empresa o la entrada de esquiroles. Si sus seguidores ocuparan físicamente una planta, incluso cuando están haciendo lo mismo que hicieron los trabajadores de Zanón o del MNER quienes tomaron las instalaciones sin disculparse, él lo presenta como una forma de protesta silenciosa y paro de la producción y no como un apoderamiento como tal. De ese modo, utiliza el derecho a huelga como un escudo. La meta de los trabajadores del MNFRT es convertirse en los dueños privados de las fábricas a través del vehículo legal de una cooperativa.

El derecho a huelga no es tan sólo una peculiaridad de la ley argentina de la que algunas veces los trabajadores toman ventaja. El FMI presionó al gobierno a aprobar una ley de quiebra simplificada, que pretendía hacerle más fácil a las grandes empresas multinacionales consolidar las industrias supuestamente haciéndolas más competitivas. También incluida en esta ley está el Artículo 187 que permite que los jueces entreguen a discreción las empresas en quiebra a las cooperativas de trabajadores, lo que se ha llegado a hacer en algunas ocasiones. Con frecuencia, el instrumento legal de los trabajadores será formar una cooperativa que administre la planta y el equipo, pero que no los controle mientras que los trabajadores, los dueños anteriores y los acreedores continúen haciendo reclamaciones sobre la propiedad en la corte. Las legislaturas provinciales pueden alguna vez aprobar, y se hace, leyes que permitan que una empresa en quiebra particular sea administrada por los trabajadores y que incluso sean los nuevos dueños pero esto debería hacerse en un análisis de caso por caso. Por lo tanto, los trabajadores deben reconcentrar el apoyo e instar a los legisladores simpatizantes a aprobar estas leyes ad hoc a su favor. La buena noticia es que las legislaturas provinciales pueden ser más presionantes que la legislatura nacional; la mala noticia es que la falta de una política nacional parra la entrega de las empresas que no están en funcionamiento a los trabajadores, crea obstáculos para los trabajadores que aspiran a la autogestión y evita que se desarrolle un autonomismo del trabajador más allá de la etapa experimental en un sistema nacional viable.

Con frecuencia, los dueños anteriores o los acreedores usarían la fuerza para desalojar a los trabajadores, así que los dueños contrataría ya sea personal de seguridad privado o negociaría con los gobiernos nacional, del estado y de la ciudad para que mandaran policías. Entonces, las fábricas ocupadas por los trabajadores tenían que buscar apoyo de personas de la comunidad que habían estado involucradas en protestas en contra del gobierno a mayor escala. Zanón, con 470 trabajadores, una de las fuerzas de trabajo más grandes del movimiento de empresas recuperadas, enfatiza el apoyo mutuo con otros sectores del movimiento popular. Sus empleados llevaron a cabo un concierto de rock donde asistieron 11,000 personas, donaron mercancía de cerámica a grupos comunitarios y construyeron un centro de salud local. Las interconexiones resultaron cruciales. Aparecieron personas de las asambleas locales de vecinos, otras empresas recuperadas y piqueteros para juntarse en una fuerza para evitar los desalojos en Zanón y en otras empresas recuperdas. Ya en 2003, cuando la policía trató de expulsar a los trabajadores de Zanón, más de 5,000 simpatizantes de todo Nequén ayudaron a bloquear esta acción. Estas movilizaciones no siempre han tenido éxito. A pesar de un fuerte apoyo de los vecinos, la policía los venció y usó gas lacrimógeno en la mayoría de las trabajadores de Bruykman hasta que dejaron la fábrica. A diferencia de Nicaragua, la corriente principal sindical no era muy sincera. Los trabajadores en el Hospital Israelita y en la panadería Grisinoppoli dijeron que los sindicatos vendieron a los trabajadores, sólo trataron de mantener los trabajos de los funcionarios del sindicato y que obstruían de manera activa los esfuerzos para tomar el control de las empresas. Los partidos izquierdistas y los sindicatos habían sido muy comprensivos pero muchos trabajadores en las empresas recuperadas los hallaron sectaristas, insistentes en dirigir a pesar de la falta de experiencia o autoridad en las empresas particulares y demasiado preocupados por los principios revolucionarios a largo plazo que serían de mucha utilidad en las luchas inmediatas.

En la planta de preparación de lana Lavan, como en muchas otras, los trabajadores s involucraron en operaciones semiclandestinas nocturnas para recoger materiales de producción, tales como bolas de lana, antes de que los dueños anteriores se las llevaran. Estas son historias similares a la de la planta tostadora de café El Caracol en Nicaragua, donde había una competencia por adueñarse de los materiales que se habían ordenado antes de que lo hicieran los dueños anteriores. Como en Nicaragua, esos dueños vaciarían de inmediato lo que quedaba en las cuentas de banco para que eso y el simple colapso de viejo negocio, dejara a los trabajadores ocupantes tan sólo unos pocos materiales olvidados y equipo que necesitaba de reparación. Los trabajadores en las empresas recuperadas habían buscado a los viejos clientes, y trataron de negociar con ellos de nuevo. Algunas veces las cooperativas le pedirían al cliente que pagara los materiales por adelantado o le pedían a proveedor que se los prestara. Tanto los clientes como los proveedores estaban interesados en esto ya que en general habían dependido de la empresa para proporcionar u obtener sus productos. Ambos encontraban provechoso el ofrecer un pequeño crédito para mantener a su propio comprador o proveedor a flote, para que ellos ganaran de las compras o abastecimiento futuros. Ellos inclusive podían ver a la empresa cooperativa como un mejor socio de negocios porque en cierto sentido había eliminado a los intermediarios, es decir, los administradores. Sin embargo, los clientes y proveedores eran negociadores capitalistas, con relaciones existentes con los dueños anteriores y con un interés de clase de mantener a la fuerza de trabajo dócil, una santidad de la propiedad privada y al capitalismo en general.

A parte de sus intereses materiales en la relación con las cooperativas, los hombres de negocios parecían objetar las políticas anti-capitalistas de los trabajadores autogestionados. Luis Caro ha convencido a los trabajadores de las empresas recuperadas que habían sido más idealistas y dado su solidaridad a los movimientos populares, que no lucharan tanto contra el sistema. Su estrategia de venta a los bancos, los proveedores, los clientes, los jueces y los legisladores es que las cooperativas son empresas más convencionales y que reconocerlos y apoyarlos es una forma de proteger el principio de la propiedad privada. Sin lugar a duda, parte de su éxito se debe a los jueces y acreedores pro-capitalistas, de tener que enfrentarse a un movimiento laboral preferían lidiar con un movimiento laboral pro-capitalista. La ocupación de la tierra o las fábricas u otras formas de propiedad siempre ha tenido esta naturaleza de doble filo. Por un lado, el grupo que toma posesión viola el principio de la propiedad privada cuando se apoderan de la propiedad que no les pertenece; por el otro, los ocupantes casi siempre buscan obtener el derecho legal de la propiedad en cuestión. En Nicaragua, Cuba y Argentina, ellos han tomado acciones para legitimizarse y adquirir el reconocimiento legal más fuerte posible dado su derecho de posesión, o el derecho legal de ocupar la propiedad. Ellos no quieren un cambio en las riquezas económicas o políticas, ni tomar propiedades que les pertenecen. Inmediatamente, en lo que respecta a la posesión de las empresas en cuestión, se vuelve difícil obtener crédito para los lugares de trabajo autogestionados. Una “solidaridad económica” más amplia donde los trabajadores controle de manera directa los medios de producción, con el apoyo del movimiento popular ayudaría a sus intereses, y el principio de esto ha tenido una gran resonancia para los trabajadores de las empresas recuperadas. Murúa ha buscado el apoyo financiero del presidente Kirchner de hasta US$5,000 (cinco mil dólares estadounidenses) por trabajador para compensarlos por la dificultad de obtener crédito en las empresas recuperadas debido a una posesión ilegal.

Por último, los trabajadores han tenido una motivación no ideológica sencilla, por sobre todas las demás, de tomar el control de las fábricas: mantener sus trabajos. Muchos trabajadores, como los que conocí en Grisinopolli, me han indicado que ellos no están dispuestos a sacrificar la seguridad de sus trabajos y lugares de trabajos por el principio abstracto de una revolución que todavía no se ha materializado. Sin embargo, al final, la idea de que los trabajadores pudieran ser capaces de autogestionarse sin jefes, es por naturaleza subversiva a las suposiciones que yacen tanto en el estado socialista como en la ideología capitalista.

Conclusión.

Aparece un patrón reconocible. En los sistemas socialistas de la privatización que padecemos, los primeros burócratas pro-capitalistas y los verdaderos capitalistas tratan de aliarse con los trabajadores. El actor social principal trata de dar paso a una autonomía del trabajador por parte de los trabajadores y campesinos. Ellos esperan salvar sus trabajos y ganancias a través de su propia propiedad privada o a través del control colectivo de la empresa, o, de fallar las alternativas anteriores, de ir atrás de un buen capitán que navegue la frágil nave hacia los tormentosos mares de la globalización. Después de la reorganización capitalista y el colapso económico, los trabajadores fueron despedidos (lanzados por la borda), las pensiones disminuyeron y los ciudadanos perdieron servicios sociales. Las personas comunes reciben los golpes de la comercialización, así que los resisten a través de organizaciones reformadoras de los lugares de trabajo. Entonces, los aliados de los trabajadores se convirtieron en los antiguos seguidores ortodoxos del sistema capitalista, quienes para ahora son menos ortodoxos y les ofrecen una medida de autonomismo del trabajador. En Argentina, encontramos que surgió el reflejo de esta situación como en un espejo. Cuando el sistema neoliberal hiper comercializado se rompió en pedazos, en un principio los más izquierdistas, los elementos socialistas del peronismo, se aliaron con los trabajadores que buscaban su autonomismo en contra de los capitalistas. Después de que los peronistas ganaran el poder, los derechistas, tales como Luis Caro, junto con sus asociaciones de derecha del peronismo de Menem y el ala derecha de Aldo Rico, llegaron para aliarse con el movimiento de las empresas recuperadas. Surgieron ciertas clases socio-económicas al ver hacia la creación de los movimientos de autonomismo del trabajador en Nicaragua, Cuba y Argentina.

1. En los tres países las crisis económicas fueron mucho más severas que en los habituales malos tiempos, atacaron con severidad a los estándares de vidas tanto para los pobres como para las personas de ingresos medios. En Argentina el resultado de esto fue un 20% de desempleo y en Nicaragua, un 50%. En cuba, aunque pocas personas estaban desempleadas formalmente, se mantenía a los trabajadores en industrias estancadas con muy poco trabajo para realizar y encogiendo los niveles reales de salario. El resultado fue que, en los tres sistemas, el pueblo desesperado y agitado intentó en forma apasionada y poco ortodoxa, mantener sus trabajos y ganarse la vida. Una manera fue apoderarse de los medios de producción existentes.

2. En estos tres sistemas la crisis económica y política nacional llevó a una falla en la administración a nivel empresarial. En particular, en Cuba y Argentina se desmoronó la capacidad de la administración de operar a este nivel. En Nicaragua, los administradores anteriores se fueron y los nuevos todavía no se habían establecido.

3. En los tres sistemas, pero en especial en Nicaragua y Argentina, conflictos agudos de las élites paralizaron a los gobiernos. En Cuba existió también un conflicto de las élites y un momento de debilitamiento de la confianza, en la que los burócratas de alto y medio nivel dudaron en su capacidad de gobernar.

4. No fue la intención de las élites darle a los trabajadores tanta autonomía como la que tomaron. Los Somozas le hicieron la vida miserable a los campesinos y reprimieron a los sindicatos independientes. Los Sandinistas trataron de centralizar la agricultura, acallaron el autonomismo del trabajador y restringieron las huelgas. Chamorro despidió a la mayoría de los trabajadores del estado y trató de entregarle el estado a los propietarios capitalistas. El gobierno cubano creó un sistema agricultural centralizado, pero los trabajadores durante las crisis económica y política presionaron al gobierno para permitir la parcelización de la tierra, la cooperativización de las granjas estatales y las microempresas donde ellos fueran los dueños. En Argentina ni los Radicales ni los Peronistas en el poder, mostraron interés en la autogestión sino hasta que la población se sublevó y los trabajadores ocuparon las empresas.

5. En los tres casos, los trabajadores tomaron la iniciativa usando la acción directa para quebrantar la ley y apoderarse de la propiedad estatal y privada, llevando a cabo más acciones militantes que lo que las organizaciones populares formalmente organizadas deseaban o esperaban. A pesar de ello, en cada uno de los casos, hubo cierto grado de cooperación de los activistas del campo tomando el control de la propiedad con organizaciones poderosas y establecidas. En todos los países los activistas en el terreno tenían protectores en los niveles más altos, que no siempre eran muy entusiastas al respecto.

6. Dentro de las élties, el partido más débil suele ser el mejor aliado de los trabajadores, quienes tienden a ser más débiles que todos los jugadores de las ligas mayores. Los trabajadores, como los actores más débiles, tienden a unirse con el jugador de segundo lugar del momento para balancearse en contra del más fuerte.

7. En Nicaragua y Argentina, los gobiernos que son democráticos con fuertes partidos de izquierda en el sistema político, y en Cuba, con un gobierno autoritario pero populista, realizaron concesiones a los trabajadores que ocuparon sus lugares de trabajo. Aunque los tres gobiernos se involucraron en la represión, ellos no estuvieron dispuestos a recurrir al terror masivo. Para que los trabajadores usaran las tácticas precaristas persuasivas discretas para romper las reglas, las ocupaciones de las fábricas y de la pequeña empresa en el mercado negro, los funcionarios nicaragüenses, cubanos y argentinos tuvieron que estar dispuestos a seguirles el juego.

8. En los tres el cambio de la industria pública a privada desestabilizó la producción y surgieron preguntas sobre la legitimidad de la posesión de la propiedad. Después de que los trabajadores desorganizaran las relaciones de la propiedad al posesionarse de la tierra o las empresas, buscaron obtener la mayor legitimidad posible a su demanda. Primero rompieron los derechos de propiedad y luego los reestablecieron. Las autoridades utilizaron el conflicto entre la desestabilización y la legitimación inherente a la toma de propiedades para dividir el movimiento.

9. Aunque la importancia táctica de que obtener títulos seguros para los trabajadores que controlaban sus lugares de trabajo pueda parecer obvio después de la caída de un gobierno popular, o la transición de un momento de rebelión, de gobiernos supuestamente simpatizantes, han arrastrado sus pies al ofrecer títulos seguros cuando tuvieron la oportunidad y, en el mejor de los casos, algunas de las organizaciones progresivas descartaron la titulación legal como algo poco importante en comparación con la lucha social y, en el peor de los caos, demasiado comprometidas con las relaciones de propiedad capitalistas. La lección estratégica más importante es que los títulos seguros serán cruciales para alejar los enfrentamientos de la posesión de los trabajadores y proporcionar seguridad a los inversionistas y prestamistas para obtener al capital trabajando.

NOTAS

Orlando Núñez: En Busca de la Revolución Perdida. Managua: CIPRES, 1992, Juan Morales. Entrevista del autor. Managua, agosto de 2002; Roberto Sosa y Juan Morales: “La sociedad social autogetionaria en Nicaragua”. L’Avispa (Managua, No. 8, 1992.

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Los trabajadores se definen como las personas que crean un valor. Se concibe al valor de manera similar al valor en la teoría del trabajo de Marx, donde esto se define como la producción social de bienes y servicios útiles, no de los burócratas, administradores, agiotistas o personas cuya fuente principal de ingresos es un ingreso que no se ha ganado como el interés o las ganancias de capital.

Para determinar si se ha establecido un cierto grado significativo de autonomismo del trabajador, este estudio considera siete cualidades: 1. Profundidad - ¿Quién cuenta como administrador-trabajador?; 2. Alcance - ¿Qué funciones en realidad controlan los trabajadores?; 3. Balance - ¿Cuán acertada es la representación de las diferentes secciones e intereses de los trabajadores; 4. Poder - ¿En verdad los trabajadores tienen tomar de manera colectiva las decisiones finales, la selección y llamado a que los líderes anteriores regresen?, 5. Activación – Puede haber procesos democráticos pero, si los trabajadores no los usan en forma activa, ellos no podrían tener un control real; 6. Imparcialidad – Incluye al conteo de votos honesto, la determinación del contexto, la discusión de procedimientos y el derecho a disentir; 7. Coordinación – Es necesario un sistema de coordinación justo y realizable, entre las unidades controladas por los trabajadores otras entidades económicas y sociales para lograr el autonomismo del trabajador. La idea de autonomismo del trabajador tiene una genealogía extendida, desde Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, de los anarcosindicalistas como César de Paepe y el Sindicato Internacional de Trabajadores del Mundo, los comités de las fábricas durante la revolución rusa, los consejos de trabajadores italianos analizados por Antonio Gramsci, Anton Pannekoek y Paul Mattick, anarquistas españoles; el socialismo de hermandad del G.D.H. de cole; John Dewey, las coooperativas Mondragón en España; la autogestión de los franceses en el levantamiento de mayo de 1968, Ben Bella en Algeria, la declaración para una sociedad democrática de los estudiantes de Port Huron; los experimentos sandinistas, las iniciativas de Michael Gorbachev y las cooperativas en Cuba.

Carlos Vilas: The Sandinista Revolution (La revolución sandinista). Traducido por Judy Butler: New York: Montly Review Press. Citando al Ministerio de Planificación (MIPLAN) en Nicaragua, 1986.

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Óscar Martínez (ex secretario general del sindicato). Entrevista del autor en la fábrica El Caracol. Managua, agosto de 1992.

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Flor de María Gutiérrez Altamirano (trabajadora de El Caracol). Entrevista con el autor en la fábrica de El Caracol, Managua, agosto de 1992.

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