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El estado-nación y la alternativa de estado de Cuba

Steve Martinot
San Francisco State University, EEUU

Traducido por Mara Tubert

El estado-nación como una estructura .

Lo que consideramos hoy en día una nación-estado es un gobierno constitucional caracterizado por una democracia representativa, con poderes separados (ejecutivo, legislativo y judicial) que actúan en armonía a través de un sistema de frenos y balances. Así y todo, funciona como un fuerte sistema centralizado de gobierno. En teoría, se proclama a sí mismo como dedicado a la preservación de ciertos derechos civiles, mientras que en la práctica su enfoque central es mantener los derechos de la propiedad privada. En la sociedad euro-americana se ha facilitado el campo para el desarrollo económico masivo del capitalismo en la forma crítica que, tanto desde sus comienzos en el siglo XVI como hasta hoy, es la empresa.

El estado-nación moderna surgió en dos etapas. La primera (desde 1500 hasta mediados del siglo XVIII) vio la consolidación del gobierno transoceánico que comenzó con la conquista de América. Ciertas monarquías europeas construyeron un fuerte mecanismo de administración central para asegurar el desarrollo de un naciente capitalismo. La privatización de la tierra comunal en Europa y la llegada de los metales preciosos de América permitieron la monetización de los mercados locales y transatlánticos. Su primera fuerza de trabajo estaba conformada por esclavos de los pueblos indígenas y africanos en las colonias, y por europeos que trabajaban como esclavos y obligados por un contrato en Europa. Las primeras etapas del capitalismo dependían de un estado fuerte para otorgar un control de monopolio sobre el comercio y la tierra, y para garantizar la existencia y obediencia de una fuerza de trabajo. Estas monarquías iniciaron el desarrollo de las identidades nacionales. Fue tan sólo después que, con un mayor desarrollo y monetización de los mercados, la mano de obra europea pasó de la obligación por contrato a la mano de obra remunerada. Tanto la mano de obra remunerada como la competencia capitalista que dependían de los amplios mercados monetizados, eran lujos que el capitalismo no se podía permitir durante los primeros siglos de su desarrollo.

La segunda etapa se vio marcada por el cambio de una soberanía monárquica a un gobierno civil a través de estructuras constitucionales. La soberanía cambió al “pueblo”, en general acompañada por alguna forma de representacionalismo elegida. El resultado de ello fue un estado donde había un racismo basado en una franquicia de blancos tanto en Europa como en sus colonias, y una supremacía blanca mesiánica impuesta en el resto del mundo a través de la colonización. La proclamación retórica de el estado-nación de una cultura democrática se vio traicionada en un inicio al reducir a la democracia a una especie de representación formal.

Mientras tanto, en un inicio la forma “republicana” de el estado-nación de representación elegida podía reclamar la legitimidad como democrática debido a que el electorado era homogéneo al estar compuesto tan sólo por hombres blancos dueños de propiedades. Fue esta homogeneidad la que hizo posible que un solo representante elegido pudiera representar a un distrito. No obstante, durante el siglo XIX, esto cambió con rapidez en los Estados Unidos porque el desarrollo económico, la inmigración y la urbanización produjeron distritos con intereses de clase, de cultura y de la comunidad, contradictorios y en conflicto. Un simple delegado ya no podía representar su complejidad. En otras palabras, al tenor de un sistema distrital de un solo delegado, el representante ya no podía representar. Como resultado de ello, los cuerpos representativos (legislaturas estatales y federales) se volvieron independientes del electorado y los representantes individuales se vendieron al mejor postor. Ahora los representantes únicamente pretendían conectarse al electorado a través de los partidos políticos. Este sistema es mejor conocido como el “representacionismo”. Éste es un elemento importante sobre cómo funciona el estado-nación como un instrumento de administración civil y de autoridad ideológica.

La contradicción inherente en el representacionismo fue demostrada por la violencia política que venía acompañándolo. En el siglo XIX, cuando los países de Latinoamérica buscaban imitar a la constitución de los EE.UU., en seguida surgió el antagonismo y el conflicto civil. Los intereses de las clases internas, las identidades de los partidos y las formaciones culturales entraron en un conflicto que la estructura del representacionismo no solamente no podía reconciliar, sino que lo alimentaba. La guerra civil de los EE.UU. es otro ejemplo de esto. Echándole al culpa a las diferencias regionales, la guerra civil fue en realidad una expresión de la incapacidad de el estado-nación de representar inclusive a las diferencias en los intereses económicos de la élite dentro del capitalismo. Después de la guerra civil, los EE.UU. resolvieron el problema gracias a la evolución de un sistema bi-partidario con un grado creciente de autonomía legislativa y al otorgamiento de individualidad a las empresas. Los cuerpos legislativos se responsabilizaron de los intereses de las empresas como nuevos componentes de la homogeneidad. Las empresas acogieron a los ciudadanos y los humanos como tales se volvieron cada vez más irrelevantes como cifras de votantes.

Si el capitalismo en su origen se hechó a andar por el colonialismo a costa de la mano de obra de indígenas y africanos sin paga en América y a través de empresas monopolistas rentadas por el estado, entonces luego se transformó por el cambio a un representacionismo republicano en su forma actual donde hay competitividad entre las empresas y una forma de trabajo remunerado. El representacionismo de el estado-nación proveyó la legitimidad ideológica para los depredadores capitalistas por medio de la invención de una identidad y un destino nacional. La empresa fue la forma por medio de la que un fuerte estado “republicano” y una economía capitalista se constituían el uno a la otra; y el destino nacional (con su moderna encarnación de la “seguridad nacional”), que depende de la dominación de los otros, fue impuesto en una cultura que inferioriza a los otros para poder legitimizar y “naturalizar” la auto superioridad euro-americana.

En resumen, en la “democracia” hegemónica globalizada proclamada hoy en día por los EE.UU., la democracia ha sido reducida a la campaña electoral retórica y el voto, a un espectáculo político. En ausencia de cualquier sentido de una representación legislativa real, el ejecutivo permanece libre en la práctica de un sistema de “frenos y balances” que proporciona la teoría modernista; en vez de ello, toma su dirección política de los intereses económicos. El papel del poder judicial era otorgar una vida perpetua y de una individualidad a las empresas como agentes políticos autorizados, completando así la extensión directa de sus antecedentes monárquicos de el estado-nación “republicana” con: soberanía institucional, desarrollo económico de las empresas y un electorado homogéneo.

A tal grado que el estado-nación se trata de un estado racista, representacionista y empresarial, con un sentido de destino nacional que depende de su estabilidad para dominar, y que debe dominar a otras sociedades para poder asegurarse a sí misma cada una de estas características. Es a esta confluencia de la estructura interna con la dominación externa que Aníbal Quijano ha denominado el “la colonialidad del poder”. Para las naciones post-coloniales que luchan por su independencia, la adopción de la forma de nación-estado para organizarse, en ausencia de un sentido nacional de poder colonial o un sentido colonial de destino nacional, podría tener consecuencias trágicas.

El papel de el estado-nación en la colonialidad contemporánea

Veamos brevemente cómo la aplicación de el estado-nación moderna se ve a sí misma en la situación post-colonial.

Debido a que el estado-nación requiere de un cierto grado de homogeneidad para sí misma para trascender los conflictos de las clases integrales hacia la estructura del capitalismo, las nociones abstractas de los derechos individuales, las libertades y la democracia representativa dependen de estructuras de racialización. Cuando los países latinoamericanos copien la forma de el estado-nación, van a alcanzar una forma política que está estructurada sobre la base de un colonialismo que no está disponible para ellos. Ocurren tres cosas: primero, tendrán que hacer un análisis introspectivo sustituyendo la creciente racialización por la colonización; segundo, ellos experimentarán una impotencia debida a la inconmensurabilidad entre el representacionalismo y la democracia, que los afecta como un hiato entre la economía y la política; y tercero, de dicha manera ellos se abrirán ante el control económico continuo por parte de las empresas extranjeras.

La colonialidad es un requerimiento para que se de la simbiosis del capitalismo con un fuerte gobierno civil. A falta de ello, al hacer la introspectiva, la nación post-colonial deberá realzar o inventar una racialización de su propio pueblo como una forma interna de colonialismo. Esto incluso está sucediendo en Sudáfrica en la época posterior al apartheid. Se trata de una reflexión sobre la herencia euro-céntrica de el estado-nación, una denigración sin fin de todo lo indígena, como algo obstructivo de su propia auto universalización modernista como una nación-estado auto legitimadora. Aquellos que aceptan la idea de el estado-nación deben aceptar también a la auto universalización como una forma política, que a su vez fracasa al desracializar o descolonizar. Para Latinoamérica, las identidades arcaicas fueron fracturadas por la conquista y por los límites coloniales impuestos por extranjeros, y su subsiguiente identidad “nacional”, heredada a partir de un proceso que no era el propio, tan sólo los salvaguardó en las identificaciones producidas para ellos por la colonialidad.

Por encima de esto, la nación post-colonial se ve atrapada en las contradicciones económicas de el estado-nación. Para el estado-nación, la soberanía reside en un gobierno civil dedicado a la regulación y gubernatura de la propiedad y la garantía de los derechos de propiedad en sus rasgos distintivos principales. La separación de poderes, en el contexto de la imposibilidad de una representación, crea una separación entre el vínculo del gobierno con los asuntos económicos y su habilidad de expresar las demandas de independencia de su pueblo. El representacionismo separa a la legislatura de su electorado independentista, dejando la legislatura abierta al mejor postor, es decir, las empresas euro-americanas y las instituciones financieras. La priorización de la propiedad proporciona cualquier fundamento legal que el capital extranjero requiera para dominar la retóricamente independiente economía, al tiempo que evita que el liderazgo independentista (el ejecutivo) ofrezca una resistencia significativa. La separación de los poderes en la post-colonia crea una separación entre lo político (los intereses del electorado) y lo económico (los intereses de la propiedad), lo que permite que el capital euro-americano se establezca en el corazón de la vida económica de la post-colonia, y de ese modo, también en la vida política, que gana control sobre la economía bajo el disfraz de una independencia que los apoya y la estructura representacionista de el estado-nación la deja indefensa para defenderse en contra de esto. No puede competir contra la dominación de la economía extranjera porque la institucionalización de su “independencia” como una nación-estado requiere de la priorización de la propiedad y de la regulación de la riqueza y la propiedad como su función primaria. La independencia permanece en cierta manera más formal que real.

En resumen, el estado-nación, como un constituyente del poder de la colonialidad, crea una complicidad estructural con la colonialidad de la que las sociedades post-coloniales buscan escapar. Es decir, es el sistema representacionista el que evita que el pueblo se beneficie de ideas o culturas políticas alternas implícitas en el desarrollo de los movimientos de liberación nacional (tales como el acabar con una categoría de la propiedad de la tierra, una representación proporcional, una democracia directa o una democratización de la producción). En vez de esto, se encuentran refugiados en una estructura que impone a un poder capitalista patriarcal y racializado dirigido por blancos.

Se debería señalar que una continua crítica de los movimientos de liberación nacional ha sido que el nacionalismo es más reaccionario que una ideología revolucionaria. Sin embargo, estas críticas pueden estar mal entendidas. Sería más realista decir que el “nacionalismo” alrededor del cual se han organizado con éxito muchas revoluciones, tan sólo se vuelve una fuerza reaccionaria cuando lleva a la formación de una nación-estado. La falla sería más estructural que política, en el entendido de que se use el concepto de nacionalismo para unir a la gente bajo una causa común. En este plano es que el caso de Cuba tiene tanta importancia.

El estado cubano

En Cuba, la estructura política se divide en tres niveles de gobierno, pero no como una separación de poderes en el sentido modernista. De hecho, sus elementos son incomparables con la división en ramas de el estado-nación. En Cuba, los tres niveles son: 1) un sistema multi-nivel de asambleas elegidas en que sus sistemas de reuniones (consultas) o reuniones del electorado han reemplazado el papel de los partidos políticos, 2) las organizaciones de las masas y 3) los ministerios.

Los ministerios son órganos de centralización cuyo propósito es el de coordinar la obtención y distribución de los bienes, así como de los factores productivos (tales como encargarse de la seguridad). Ellos tienen autoridad sobre los objetos de desarrollo económico e infraestructural (lo que resulta crítico en tiempos de escasez y de intercambio comercial internacional difícil). Las organizaciones de las masas organizan y representan a grupos con intereses comunes (tales como el trabajo, las mujeres, los estudiantes, etc.). Es decir, ellos representan los intereses especiales de sus grupos frente a los ministerios y a las asambleas; facilitan el diálogo (consultas) sobre temas políticos o institucionales a nivel local o nacional, y hacen propuestas para realizar cambios en las políticas. Ellos constituyen la matriz para el diálogo entre las personas a nivel local y entre el electorado y los delegados a todos los niveles de la asamblea; también contribuyen a crear un sentido de responsabilidad de cada nivel hacia los demás. El énfasis en el amplio diálogo popular entre los miembros del pueblo se ha vuelto un aspecto de la cultura y un factor importante en la vida política de Cuba que marca una diferencia fundamental con el sistema de los EE.UU. y de el estado-nación en general; es la base sobre la que el sistema cubano se acerca a una forma de democracia directa.

En Cuba, el proceso consultivo llega a tomar años, realizando miles de reuniones (como fue en el caso de la revisión del código legal a principios de la década de los 70, y que llevó 7 años, incluyendo 33,000 reuniones y discusiones con el pueblo, antes de que se constituyera un nuevo código). La consultación es un proceso dialógico, tanto entre personas como entre los tres elementos de gobierno.

Las asambleas son los principales cuerpos encargados de hacer las políticas. El pueblo elige a los delegados de las asambleas para cada electorado por medio del voto secreto. No hay partidos políticos. Los delegados no realizan campañas en las que hacen promesas acerca del futuro, más bien, son elegidos sobre las bases de su participación en el pasado durante las consultas, en las organizaciones de las masas y, en general, en la vida dialógica del electorado.

Las asambleas locales son responsables de la administración a nivel local. Ellos coordinan la producción en sus distritos, administran el sistema de justicia (cuya descripción nos alejaría demasiado del tema de discusión) y determina judicialmente las disputas políticas. En efecto, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se juntan en las asambleas. En vez de tener una separación de estos poderes, las asambleas representan su democratización. Lo que cuenta para el éxito alcanzado por Cuba al hacer esto es el hecho de que la administración y la legislación de Cuba se preocupan por el pueblo, mientras que, en una sociedad capitalista, estos poderes tienden a preocuparse en principio por la propiedad y los intereses de la misma.

La participación de las organizaciones de masas en la estructura de autoridad es la principal innovación en la estructura política cubana. Las organizaciones de masas incluyen a organizaciones de mujeres, de estudiantes, de trabajadores, de pequeños agricultores, de profesionales, de colonias, etc. (Las verdaderas organizaciones son la Federación de Mujeres Cubanas, varias asociaciones de estudiantes de preparatoria y universidad, la Confederación General del Trabajo en Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y los comités de defensa de la revolución; otras asociaciones se forman conforme los grupos que surgen las van necesitando). Estas organizaciones son independientes del gobierno y tienen sus propias políticas.

El aspecto más sorprendente de este dominio de la política cubana es que estas organizaciones representan dentro de la sociedad cubana a varios movimientos de personas explotadas o desposeídas en el capitalismo (sindicatos, movimientos de mujeres, movimientos de estudiantes, etc.). Cada organización de masas representa una forma tradicional de resistencia al control jerárquico (ya sea patriarcal o por medio de la capacitación académica de la élite, la explotación de clases, los latifundios y la segregación colonialista o la dominación social del colonizado). Mientras que en el capitalismo los movimientos que los oprimidos tienen que organizar para expresar sus necesidades e intereses permanecen marginados, en Cuba es todo lo contrario ya que estos movimientos están en el centro del gobierno. Al representar a una conciencia del pasado, ellos permanecen como la resistencia al resurgimiento del mismo. Constituyen una conciencia de la persistencia de la opresión en el mundo, en tal forma que los ministerios (que se ocupan de la realidad actual) y los delegados de las asambleas (que tienen una responsabilidad orientada al futuro hacia el cambio necesario de políticas conforme se desarrolla Cuba) no tienen (y no deberían tener).

La responsabilidad de las organizaciones de las masas es, en primer lugar, la de representar los intereses de su membresía en los diferentes niveles de las asambleas en las que tienen delegados. De esta forma, ellos encarnan los intereses económicos, políticos, sociales y culturales reales de la sociedad cubana. Así mismo, ellos administran el sistema de la elección de los delegados y organizan las reuniones, consultas y diálogos entre los delegados y el electorado, y entre el electorado y las asambleas de delegados.

La lucha por mantener y construir las organizaciones de las masas ha sido uno de los procesos centrales en la evolución del estado cubano. Durante el periodo de excesiva centralización (en las décadas de los 60 y 70), éstas casi desaparecieron. Fue dicha experiencia la que llevó al liderazgo cubano a darse cuenta de que necesitaban descentralizarse. El continuo proceso de descentralización de la administración y de la toma de decisiones (aunando a los niveles intermediarios de la asamblea, por ejemplo) marca una segunda diferencia con los EE.UU. y el sistema de nación-estado.

Hay una estructura cíclica discernible en las interrelaciones entre los ministerios, las asambleas y las organizaciones de las masas. Los ministerios actúan en una forma jerárquica, una centralización que ahora se encuentra orientada a la economía y en un futuro orientada a la política; las asambleas de delegados actúan al revés, de abajo hacia arriba, con un poder de toma de decisiones judiciales que está orientada a futuro en la política y orientada a la organización en el presente; las organizaciones de las masas median entre las dos anteriores con base en los intereses políticos y socio-culturales que en el presente están orientados a la política y en el pasado (como masas políticas) a la organización.

Lo que aparece como el ejecutivo en el estado-nación está dividido entre los ministerios y las organizaciones de las masas; las funciones legislativas de el estado-nación se dividen entre las asambleas de delegados y las organizaciones de las masas; y el poder judicial se divide entre las asambleas de delegados y los ministerios (los ministerios administran las cortes, el sistema legal y la educación a nivel nacional). En otras palabras, lo que se constituye como un poder institucional en el estado-nación aparece como una mediación entre los diferentes niveles de gobierno en Cuba. Por el contrario, éstos están definidos a través de líneas conceptuales que no son proporcionales con las categorías de el estado-nación. En el lugar del poder hegemónico y distanciado dado en el representacionismo de el estado-nación, Cuba ha puesto una estructura de responsabilidad en el sentido de combinar la reactividad y la ética.

Las categorías de el estado-nación se han considerado como mediadoras, efímeras y diseminadas desde un punto de vista social en el estado cubano; y lo que resulta marginal en el estado-nación (los movimientos de las masas, la organización para el bienestar social y humano y la participación popular directa en los asuntos políticos en la organización de los partidos) ha sido reemplazado por el centro de las operaciones del estado cubano.

En pocas palabras, el estado cubano invierte las categorías gubernamentales de el estado-nación. Las organizaciones de las masas invierten la marginación de los movimientos sociales en la sociedad capitalista, tomando su papel central, realizando una inversión entre el centro y la periferia. Las asambleas invierten el proceso de representación en el estado-nación ya que, en el representacionismo, lo primero que ocurre es que se elige a los representantes y luego viene la discusión política entre los mismos; en Cuba, el debate y la discusión ocurren en primera instancia durante las reuniones constituyentes, las consultas y las juntas de empresas y de vecinos, así como en las organizaciones de las masas, y luego se elige a los delegados que representarán lo que se ha decidido en esas reuniones. Los temas que concursaron en las asambleas se remiten al electorado para sus discusión y su organización por parte del pueblo o de las organizaciones de las masas.

Es debido a la discusión política que se lleva a cabo como una acción futura de los representantes en las legislaturas, que los partidos políticos en el estado-nación son necesarios para representar la proyección de una discusión a futuro. En Cuba los partidos no son necesarios porque el debate y las discusiones ya son colectivas a nivel del electorado. En el estado cubano, las organizaciones de las masas median la relación inversa de las asambleas y el electorado.

Hay un solo partido en Cuba: el Partido Comunista Cubano; pero no se trata de un partido electoral o gobernante porque se encuentra limitado por la ley de que lo conformen más del 10% de todos los delegados elegidos por las asambleas. En lugar de esto, opera como un liderazgo moral para la sociedad como un todo, participando en los procesos consultivos de las reuniones del electorado y actuando como una fuente de organización y de ideas. A pesar de que siempre existe la posibilidad de que el poder del partido sea muy fuerte en dichas consultas, sus operaciones han sido descentralizadas en la práctica y abiertas a la crítica de las asambleas, de tal manera que invierte la ética de la reverencia a los expertos que acompaña a la comercialización de todo lo humano en el estado-nación.

Por último, los ministerios en el grado en que coordinan los suministros y las demandas, así como el desarrollo económico, representan una responsabilidad abierta y concreta hacia la economía y el bienestar social, donde esos lazos administrativos en el estado-nación entre las empresas y la rama ejecutiva del gobierno permanecen ocultos y efímeros. De esta manera, los ministerios convierten al anarquismo de la producción capitalista en una centralización y coordinación del desarrollo económico. Ellos tienen la responsabilidad de dar al electorado iguales oportunidades de empleo y de distribución de los recursos materiales. Por tanto, los ministerios constituyen una división del trabajo a nivel de dirección más que a nivel de los trabajadores. En la estructura corporativa de el estado-nación, la dirección actúa como un cuerpo unificado (una junta directiva) que gobierna una división del trabajo en la producción. En el sistema cubano, los trabajadores actúan como una cooperativa a través de las asambleas de su fábrica o empresa, mientras que los ministerios constituyen una división del trabajo administrativo, invirtiendo así la relación entre la colectividad y la división del trabajo.

Es a través de esta estructura de inversiones múltiples que el estado cubano representa una clara alternativa a el estado-nación. Así es como la revolución cubana y el experimento cubano de una sociedad revolucionaria ha sido capaz de escapar a las trampas que asedian a otras sociedades posteriores al colonialismo, y puede de esta manera mantener su soberanía. Cuba se considera a sí misma una nación y tiene un estado. Pero su nacionalismo ha mantenido su carácter revolucionario justo porque rechazó la forma de el estado-nación, permitiéndole así preservar su soberanía.

Una nota sobre raza y racismo .

Con respecto a la racialización que constituye a el estado-nación, el estado cubano por desgracia ha actuado de manera ambigua y algunas veces contradictoria. Durante los primeros años de la revolución, la discriminación con base en la raza fue, en principio, declarada ilegal y el liderazgo revolucionario luchó contra ello a conciencia. Los clubes sociales, las instalaciones sociales y las instituciones de educación y salud que discriminaran a una persona por su raza fueron cerradas o el gobierno tomó posesión de ellas para manejarlas sobre una base de no discriminación. Todo el empleo, la participación gubernamental, la educación, el cuidado de la salud y la vivienda estaban abiertos a todos, sin discriminación alguna. Sin embargo, a nivel político, en el despertar de estas acciones (que fueron por mucho exitosas), el gobierno cubano dio por hecho de que si ya se había eliminado la discriminación racial y la raza había dejado de ser un factor determinante, ya no era algo que se debía tratar a este nivel. Por tanto, no se aprobó ninguna ley específica contra la discriminación racial y se cerraron o desalentaron algunas de las organizaciones que se crearon con base la raza, como algunas “sociedades” de negros que habían surgido durante el periodo prerrevolucionario. Lo que la ausencia de la discusión sobre el racismo y la supremacía de los blancos asumió fue que si no se hablaba de la raza ésta desaparecería por sí sola; pero esto tan sólo permitió que las estructuras de la racialización en la Cuba prerrevolucionaria, la matriz cultural de la supremacía de los blancos inculcada por el colonialismo, permaneciera intacta. El rechazo del gobierno a incluir a la racialización y a la supremacía de los blancos como temas políticos es una excepción al énfasis de la discusión, el diálogo y la consulta que ha surgido como el centro de la vida política cubana. Se trata de una política que ha comenzado a cambiar y a revertirse desde principios de la década de los 80. Sin embargo, el hecho de que el liderazgo revolucionario pueda cometer esta omisión es evidencia de la profundidad que tiene la mentira de las estructuras de la supremacía de los blancos en sus colonias y en la cultura euro americana. Además, cuando la economía cubana tuvo que virar hacia el turismo para alcanzar un crecimiento económico, el racismo inherente a las estructuras latentes de la racialización re-emergió en las viejas y nuevas formas de la supremacía de los blancos. El gobierno cubano ahora está luchando contra este problema desde muchos frentes, lo que sería muy complicado de analizar en este artículo.

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